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» El Ciudadano
Fecha: 30/08/2025 17:02
El Juzgado Federal de Dolores le ordeno al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que entregue en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el FMI. Fue a partir de la presentación de dos entidades ante la renuencia oficial a un pedido de información pública La acción de amparo fue presentada por Francisco Verbic en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y por el CELS. Ambas entidades denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275). Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero, tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga. Pero, luego, desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático. Sin medias tintas contra el ocultamiento El juez emitió una resolución categórica: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto. “La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado citando a la Corte Suprema de Justicia. Según la máxima instancia judicial, el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial. El fallo subraya que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostiene la sentencia. De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal. Sobre todo, para decisiones públicas de alto impacto económico. En particular, la del DNU que oficializó un endeudamiento externo de magnitud histórica.
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