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» tn24
Fecha: 24/08/2025 22:47
El Ejecutivo instruyó una revisión integral de contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtración de grabaciones donde se mencionan presuntos pagos ilegales a proveedores de medicamentos. La investigación busca esclarecer responsabilidades y contener la crisis política. A cinco días de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional ordenó una auditoría integral de todos los contratos del organismo. La medida busca esclarecer la veracidad de las grabaciones y determinar responsabilidades en caso de irregularidades. Spagnuolo fue removido de su cargo tras la difusión de los audios, que habrían sido grabados de manera clandestina y editados con precisión. Los registros, con al menos un año de antigüedad, exponen presuntos pagos irregulares entre proveedores de medicamentos y la agencia encargada de asistir a personas con discapacidad. El interventor del organismo, Alejandro Vilches, comenzó a revisar documentación, archivos y bases de datos con un equipo de máxima confianza. En paralelo, el Gobierno descartó por el momento presentar una denuncia penal, priorizando la auditoría para contener la onda expansiva del escándalo. Entre los señalados en la investigación se encuentra Emmanuel Kovalivker, empresario involucrado en los presuntos pagos irregulares, a quien se le secuestraron 266 mil dólares durante allanamientos recientes. Su hermano Jonathan también está bajo investigación, y se incautaron cajas fuertes y documentación en su domicilio. Fuentes oficiales aseguraron que ni el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Karina Milei estaban al tanto de posibles irregularidades y señalaron que la auditoría tendrá carácter urgente para determinar la veracidad de los audios y la responsabilidad de los implicados. La revisión de los contratos y licitaciones de ANDIS se centrará también en la gestión anterior de Spagnuolo, quien durante su administración logró depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 y estuvo implicado en episodios de maltrato a personas con discapacidad. El caso generó además especulaciones sobre la oportunidad política de la filtración, ya que los audios surgieron antes del debate de la ley de discapacidad y desencadenaron allanamientos inmediatos por parte del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, con secuestro de dinero, teléfonos y documentación. El Gobierno confía en que la auditoría aportará claridad sobre los hechos y permitirá determinar responsabilidades de manera transparente, mientras continúa el seguimiento del caso por la justicia federal.
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