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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 23/08/2025 11:10
Mientras la investigación judicial por presuntas coimas millonarias en la ANDIS avanza y compromete a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y otros miembros del círculo íntimo del presidente, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantiene un marcado silencio sobre el caso, generando cuestionamientos sobre su postura frente a la corrupción y la ética política. El gobierno de Javier Milei atraviesa un escándalo de corrupción sin precedentes. La investigación judicial por presuntas coimas millonarias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) involucra a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y otros miembros del círculo íntimo del presidente, en contratos para la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Diversos allanamientos y operativos realizados en los últimos días permitieron secuestrar grandes sumas de dinero en efectivo, documentación y otros elementos que apuntan a un esquema de sobornos millonarios. Entre los hallazgos se registraron pagos por más de 10.828 millones de pesos, así como dólares y pesos contados que evidencian la magnitud de la presunta red de corrupción. En medio de la gravedad del caso, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aliado político de Milei, ha optado por el silencio. Su falta de pronunciamiento público contrasta con la atención mediática y judicial que recibe el escándalo, y genera cuestionamientos sobre su postura frente a la ética y la transparencia en la política. La situación resulta aún más llamativa si se considera la postura previa de Frigerio frente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, el gobernador no dudó en pronunciarse y criticarla, afirmando que “dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana”, celebrando la investigación y posibles medidas judiciales en su contra. La diferencia de actitud frente a Milei y su círculo cercano evidencia una doble vara en la manera de evaluar y reaccionar ante casos de presunta corrupción. Analistas políticos advierten que esta inconsistencia podría afectar la percepción de responsabilidad y transparencia del gobierno en la región, especialmente en momentos de discusión sobre derechos de personas con discapacidad y control de los recursos públicos. La investigación continúa en curso, con prohibiciones de salida del país para los implicados y nuevas diligencias que buscan esclarecer la estructura del presunto esquema de coimas, mientras la ciudadanía sigue expectante sobre las acciones de los actores políticos involucrados.
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