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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/08/2025 11:31
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, no se siente a gusto durante las entrevistas. Evita exponerse con frecuencia. Sin embargo, la crisis provocada por las muertes por fentanilo contaminado lo obligó a hacerlo. Desde su entorno aseguraron a PERFIL que sintió la necesidad de dar un paso al frente. Lugones no es un apellido cualquiera dentro del gabinete. Es padre de Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y socio de este en la consultora de comunicación Move Group. Por lo tanto, los movimientos del ministro de Salud no pasan desapercibidos, especialmente en una crisis de intoxicación medicamentosa sin precedentes. El viernes por la tarde, decidió emprender un raid mediático para explicar lo sucedido con el fármaco que ha provocado, hasta el momento, 96 muertes. Su objetivo era ofrecer respuestas y presentar un panorama ante las críticas de la oposición. La situación política se complicó rápidamente, y ahora la mayor parte del arco opositor requiere que sus explicaciones se brinden en el recinto de la Cámara de Diputados, insisten en que aporte información oficial. Para mitigar daños, rompió su silencio, pero su intervención evidenció las fragilidades en sus declaraciones, que contrastaron con la línea discursiva anterior de la Casa Rosada. El Gobierno, a través de la oficina del Presidente, enfocó su atención en criticar la actuación del juez a cargo del expediente que investiga las muertes, Ernesto Kreplak, por no haber ordenado la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, responsable de la producción del fentanilo. El Gobierno ha amenazado con recusarlo, alegando que su hermano, Nicolás, es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Poco antes de que la crisis se agudizara, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había desmarcado de este intento de recusación. Este viernes, Lugones también se distanció del fervor por atacar a Kreplak, limitándose a afirmar que respeta las demandas de los familiares de las víctimas, quienes se han organizado para solicitar al Gobierno, a través de los medios, que no obstaculice la investigación del magistrado. Además, enfatizó que su cartera está haciendo todo lo posible para colaborar con la Justicia. En otras palabras, no busca enfrentarse en este momento con Kreplak. “El Ministerio es querellante. Estamos ayudando. Anmat presentó la denuncia penal, que recayó en el juez federal de La Plata. El juzgado de La Plata solicitó al Malbrán que actúe como perito de parte para colaborar en la determinación de las pruebas genéticas,” afirmó. La narrativa presentada por Lugones desde el viernes se enfrenta a cifras que lo incomodan. Los datos oficiales indican un congelamiento presupuestario en Anmat, que incluye salarios que han perdido 20 puntos frente a la inflación proyectada de 2025. Lugones admitió recortes en funciones, pero no en personal; actualmente, el organismo cuenta con 216 inspectores. “Si querías importar termos o hasta curitas, debías pasar por Anmat; un sinsentido. Los medicamentos sí: es necesario estar inscripto para poder traerlos,” alertó el ministro, dejando en claro que todo lo que llega a manos del consumidor será auditado por su cartera. Otro tema que genera controversia entre el oficialismo son los presuntos informes sobre el estado de la situación que se enviaron a funcionarios. En Balcarce 50, a lo largo de la semana, se indicó que circularon documentos sobre las acciones de la gestión libertaria en relación con esta problemática. El viernes, un alto funcionario en la Casa Rosada declaró a PERFIL que cada uno de los ministros estaba al tanto del asunto gracias a textos elaborados por el Ministerio de Salud.
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