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  • Debate por el veto presidencial sobre un tema sensible. Concejales uruguayenses opinaron sobre el impacto del rechazo a la Ley de Emergencia en Discapacidad

    Concepcion del Uruguay » La Calle

    Fecha: 10/08/2025 05:10

    Por: Matías Dalmazzo Javier Milei vetó esta semana la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Con esta acción, el presidente dejó a miles de personas sin acceso a prestaciones esenciales y así puso en riesgo la continuidad de clínicas y centros de día. Una vez conocida la noticia, hubo manifestaciones en todo el país (Concepción del Uruguay no fue la excepción) para tratar de visibilizar la problemática, que va a profundizar el drama de las familias que deben afrontar tratamientos imposibles de pagar para el común de la gente. Con la intención de tener un panorama concreto sobre este tema y la repercusión local, la redacción de La Calle contactó a cuatro referentes de los diferentes espacios que componen el Concejo Deliberante; aunque cabe resaltar que desde un bloque, conformado por dos ediles, argumentaron estar complicados con otros temas y no poder responder a estas preguntas. A continuación transcribimos la opinión de los tres concejales que accedieron a dar su opinión, sobre un tema sensible y necesario de visibilizar: Gabriela Rodríguez, Marriana Bardisa y María Isabel Sola fueron quienes aceptaron expresarse al respecto. -¿Cree que este veto afectará la calidad de vida y el acceso a recursos para las personas con discapacidad en Concepción del Uruguay? Gabriela Rodríguez, concejal de La Liberta Avanza, fue la primera en enviar su postura. -Primero hay que ser honestos con la gente: un veto no es un ataque, es una herramienta constitucional (art. 83). No todo lo que se pinta como “derecho” es justo, ni todo lo que se niega es abandono. En nombre del estado, nuestros últimos gobernantes han usado la bandera de causas nobles para hacer política con el dolor ajeno, poner parches y seguir gastando sin medir resultados. Exigen aumentos, dicen que son los que se preocupan, pero no te cuentan de dónde va a salir la plata. Y alguien la tiene que pagar: si no es con inflación (suba de precios y pérdida del valor de la moneda), es con deuda o con más impuestos. ¿Y quién lo va a pagar? ¿El campo, al que ya han desvalijado? No hay plata. Y es consecuencia de un uso irresponsable de los recursos públicos. Los Gobiernos anteriores incorporaron casi 4 millones de pensiones sin aportes, rompiendo la base del sistema. Se necesitan 4 aportantes por jubilado, y hoy apenas tenemos 1,8. El sistema está quebrado. Y es por eso que quienes hoy impulsan este tipo de proyectos no están defendiendo a los más vulnerables: los están usando para seguir con la lógica del despilfarro. Por su parte, Mariana Bardisa, concejal de Juntos Por Uruguay, también aceptó opinar al respecto. El veto presidencial tiene dos efectos bien concretos. El primero y más cruel es sobre las personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones quienes tienen que desarrollar estrategias de supervivencia individual en pos de poder tener acceso a determinados derechos reconocidos constitucionalmente. El segundo efecto tiene que ver con la estigmatización qué se hace de todo el colectivo de personas con discapacidad a quien se presenta como responsable de los problemas macroeconomicos de todo el pueblo argentino. La Ley de emergencia en discapacidad, representa tan solo el 0,4% del PBI, es más que claro que no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Hoy las terapias se interrumpen por falta de pago; familias que se endeudan o venden lo que tienen para cubrir tratamientos; niños/as y adultos que se quedan sin traslado a la escuela o a centros terapéuticos; instituciones que cierran y profesionales abandonan por incumplimiento de pagos. Se advierte un deterioro marcado de las condiciones de vida de las personas con discapacidad como producto de la desregulación de sistema y las obras sociales. Esta ley vino a reparar, pretende llevar alivio a una situación crítica que vive el colectivo de personas con discapacidad. Nadie dice que esta realidad sucedió de un día para el otro. Pero sí es verdad que las decisiones políticas del actual gobierno nacional han dificultado el día a día, hasta el punto de llegar a la emergencia actual. Esta ley no es un privilegio, es una Ley que busca brindar herramientas concretas e inmediatas. Permite garantizar el acceso inmediato a terapias, educación y apoyos básicos. Obliga a obras sociales, prepagas y al Estado a pagar en tiempo y forma. Protege a profesionales y prestadores para que no dejen de prestar servicios. Otorga protección social y financiamiento para pensiones no contributivas, programas de salud y servicios de integración integral. Propone Implementar auditorías, controles y mecanismos seguimiento con participación de organizaciones civiles y de la comunidad con discapacidad. En definitiva este veto presidencial pone de manifiesto que tipo de sociedad se pretende construir desde el Poder Ejecutivo Nacional, una sociedad con privilegios para pocos y ajustes para muchos. El gobierno se equivoca si cree que las personas con discapacidad y sus familias vamos a dejar de expresarnos, el gobierno se equivoca si piensa que ese colectivo va a bajar sus banderas en defensa de los derechos a la salud integral, educación inclusiva, autonomía y vida independiente e inclusión social y laboral. El gobierno eligió pelearse con los débiles y congraciarse con los poderosos y esa decisión tiene un solo resultado la postergacion de los sueños de un pueblo y un gobierno que desperdicia su oportunidad de hacer grande a la Argentina. La tercera voz que se animó a dar una opinión fue María Isabel Sola, concejal del monobloque Entre Ríos Entre Todos. – La calidad de vida y el acceso a recursos para las personas con discapacidad, en nuestra localidad, ya se está viendo afectada y, a partir del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mediante el decreto 534/2025 esto se profundiza aún más. Si tenemos en cuenta que el 10% de la población mundial son personas con discapacidad y, trasladamos este porcentaje a nuestra comunidad, estamos frente a números con ciertas variables, que son conocidas, como la estigmatización, a la que no todos quieren enfrentarse, generalmente son los familiares los que deciden por falta de conocimiento y o apoyo adecuado no solicitar el certificado o, porque se enfrentan a un sistema frívolo, entre otros factores, esto nos deja con que sólo el 60% de personas con discapacidad posean el Certificado Único de Discapacidad, siendo el número del universo de los mismos significativamente superior. Para intentar generar una especie de cercanía entre la población uruguayense que sabe lo que es estar acompañando permanentemente a familiares con discapacidades, las tres ediles también fueron consultadas sobre lo siguiente: – ¿Qué mensaje le daría a las familias y personas con discapacidad de nuestra ciudad que se sienten perjudicadas por esta decisión? Sobre esto, Gabriela Rodríguez dijo: -Los entiendo, los escucho y los valoro profundamente. Y estoy convencida de que la verdadera inclusión no se logra con deshonestidad intelectual, sino con oportunidades reales, accesos verdaderos, respeto a la autonomía y un Estado ordenado, no elefantiásico. Por su parte, Mariana Bardisa sostuvo: – Yo no puedo darles un mensaje, puedo ponerme a su lado y acompañarlos desde el más profundo respeto y admiración. Solo espero que la Comunidad pueda ver el mensaje diario de las personas con discapacidad y sus familias, que día a día, tienen la certeza de que no será fácil, de que no es sencillo, pero al final del día cada pequeño avance, cada mejora en la calidad de vida, les alimenta el espíritu para levantarse la mañana siguiente para continuar con la lucha de hacer valer sus derechos, levantarse para vencer las barreras sociales que están ahí aunque muchos no las veamos. Es importante comprender que no debemos tener una mirada ni de víctimas pasivas ni objetos de caridad: las personas con discapacidad se manifiestan por una Ley de Emergencia que garantice derechos básicos, que está siendo vulnerados sistemáticamente. A las personas con discapacidad y sus familias, que hoy viven con sentimientos de angustia y agotamiento frente a tanto maltrato, solo quiero decirles que transformemos ese dolor en acciones para cambiar esta realidad. Visibilicemos, que nos escuchen, unamos fuerzas para construir entre todos una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Por último, María Isabel Sola argumentó: -Es difícil dar un mensaje alentador a las familias que velan y cuidan por la persona con discapacidad que forma parte de su entorno cotidiano. ¿Por qué es difícil? porque no estamos en ese lugar, porque aunque digamos que sí, no conocemos realmente cómo es su lucha, porque difícilmente algunos o muchos nos hemos sentado a conversar con ellos a escucharlos, menos a aportarles algo, porque «como sociedad estamos rotos» y hace tiempo que esto pasa, miramos para el costado y creemos que a nosotros no nos va a pasar, y resulta que no estamos exentos. Atentos!! Todos podemos llegar a estar en el lugar de ellos en algún momento, con la discapacidad se nace pero, también la discapacidad llega a nuestras vidas a partir de un ACV, de algún accidente de tránsito, de enfermedades degenerativas, etcétera. Sí les puedo transmitir que todavía quedamos muchos que amamos al prójimo, que tenemos conciencia e intentamos con nuestro mejor esfuerzo ser cada día más humanos, poniéndonos en el lugar del otro, siendo solidarios y teniendo vocación de servicio. También decirles que con nosotros pueden contar, que no elegimos caer en el discurso disruptivo de la grieta, elegimos ser no digo mejores, sino distintos, marcar el norte en lo que está bien. Claramente está bien cuidar y dar respuestas al colectivo de personas con discapacidad y de sus familias, como también de todos los actores involucrados en el proceso, es nuestra obligación como representantes y especialmente como seres humanos.

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