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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 08/08/2025 09:58
El Gobierno nacional anunció esta semana el inicio del proceso de privatización de la plataforma CineAr, el principal espacio digital de acceso gratuito al cine argentino. La medida, presentada como un paso hacia la "eficiencia del Estado" y la "libertad económica", fue oficializada a través de una publicación en la cuenta del INCAA en la red social X (ex Twitter). El anuncio desató una ola de cuestionamientos desde distintos sectores vinculados a la cultura que acusan a la gestión de Javier Milei de seguir avanzando en el vaciamiento de las políticas públicas en materia audiovisual. Según el comunicado difundido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la privatización permitiría un ahorro de aproximadamente 330 mil dólares anuales, de los cuales 175 mil corresponden a salarios y 155 mil al funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, la noticia generó alarma entre trabajadores del sector, cineastas y usuarios por la falta de transparencia respecto al destino de los contenidos alojados en la plataforma y la identidad del eventual nuevo operador del servicio. CineAr, que hasta marzo estuvo bajo la órbita del Ministerio de Cultura a través del INCAA, es una plataforma de cine argentino gratuita que cuenta con más de dos millones de usuarios registrados. Su catálogo incluye películas, cortos, documentales y series de producción nacional, tanto recientes como de archivo, y fue una herramienta necesaria para la visibilización de las producciones independientes y regionales en todo el país. En marzo, como paso previo a su privatización, la gestión nacional resolvió transferir su administración a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una empresa estatal controlada por la Secretaría de Medios, que depende directamente del vocero presidencial Manuel Adorni. Desde que asumió Carlos Pirovano como titular del INCAA, el gobierno libertario impulsó una intensa transformación en el organismo, con un fuerte sesgo orientado al achicamiento presupuestario y la eliminación de estructuras históricas de apoyo a la industria. En los últimos meses, se disolvió el Comité de Precalificación de proyectos, se derogaron herramientas de financiamiento como la media de continuidad y se modificó la cuota de pantalla obligatoria que protegía al cine nacional en salas comerciales. Si bien las autoridades defienden estas decisiones como parte de una política de recorte del gasto público, desde el ámbito cultural se advierte que el supuesto ahorro es insignificante frente al presupuesto total del Estado, y que lo que está en juego es el acceso libre y federal a contenidos culturales. Voces del sector denuncian además la concentración del control editorial en manos de una estructura política que no brindó garantías sobre la continuidad de la oferta ni sobre el respeto por la diversidad de voces. En las últimas horas, distintas asociaciones de realizadores, actores y productores expresaron su repudio a través de comunicados públicos, en los que se denuncia la falta de diálogo y se exige el cese de lo que consideran un proceso de desmantelamiento de políticas culturales construidas durante décadas. Algunos incluso compararon esta decisión con la eliminación de canales públicos o el cierre de centros culturales, en una estrategia que privilegia el mercado por sobre el derecho ciudadano a la cultura. Por ahora, no se informó qué empresa o grupo asumirá la gestión de CineAr una vez completado el traspaso, ni qué pasará con el archivo de películas disponibles. Tampoco se precisó si la plataforma continuará funcionando bajo la misma lógica de acceso gratuito o si pasará a formar parte de un modelo comercial. Mientras tanto, la discusión sobre el rol del Estado en la producción y difusión cultural vuelve a ocupar el centro del debate público.
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