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» SL24
Fecha: 08/08/2025 13:50
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Con una movilización encabezada por profesionales del derecho y un petitorio demoledor, los abogados y abogadas del Distrito Judicial Nº 12 de San Lorenzo visibilizaron este jueves una crisis sin precedentes en el sistema judicial del Cordón Industrial. La postal más indignante llegó de la mano de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: descendieron desde la capital provincial, recorrieron los tribunales… y se sacaron una foto sonriente en las escalinatas, como si todo estuviera en orden. Mientras tanto, en la ciudad con la mayor concentración de industrias del país, no hay jueces laborales designados y cientos de expedientes se apilan sin resolución. La protesta, convocada bajo la consigna “Queremos Justicia, no sonrisas institucionales”, evidenció una situación de colapso operativo, administrativo y político. Un distrito judicial al borde del abismo El petitorio, firmado por los profesionales del foro local, detalla con precisión quirúrgica la situación de parálisis institucional que atraviesa el Distrito Judicial Nº 12. La lista de problemas es extensa y alarmante: El Juzgado Laboral está vacante desde hace más de un año y medio. El concurso ya se realizó, pero el Ejecutivo provincial mantiene la terna guardada en un cajón. El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación está acéfalo desde septiembre de 2024. Mientras tanto, el Dr. Alejandro Andino —titular de la Primera Nominación— oficia como único juez de tres juzgados. El Juzgado de Circuito está sin titular desde hace seis años. Nunca se llamó a concurso. Localidades como Andino, Aldao, Gaboto, Maciel, Ricardone y Timbúes carecen de jueces comunitarios de pequeñas causas. El Juzgado de Familia funciona con recursos humanos mínimos, con expedientes acumulados, trámites paralizados y tareas impropias que ralentizan su accionar. La figura de la Asesora de Menores ha sido vaciada, desplazada por una reforma que trasladó esa función al Ministerio Público de la Acusación. La Defensoría General y los fiscales extrapenales carecen de personal y preparación para asumir estas funciones, lo que agrava la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Del acceso a la justicia al colapso sistémico Según denuncian los abogados y abogadas, la Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas —que fue durante años un emblema de cercanía y eficiencia— hoy está en vías de extinción. El vaciamiento institucional no solo afecta a los litigios complejos, sino que también deja desprotegidos a los sectores más vulnerables. El desborde alcanza a todos los fueros, pero los civiles, laborales y de familia son los más afectados. Las causas se acumulan, las sentencias no llegan y el Estado brilla por su ausencia. “Parece que todos los recursos están destinados al sistema penal, que además también es ineficiente”, expresa el petitorio. Mirá también Intento de robo en Citadini: dos aprehendidos armados y bicicletas secuestradas En paralelo, el colapso edilicio profundiza el deterioro: salas de audiencias sin comodidades mínimas, tecnología obsoleta, falta de insumos, condiciones indignas para el ejercicio de la función judicial. 12 reclamos concretos… y urgentes El petitorio no se limita a la denuncia: establece un listado de 12 demandas claras, precisas y viables. Algunas de las más destacadas: Designación inmediata de un Juez Laboral. Cobertura urgente de vacantes en juzgados civiles, de familia, laborales y comunitarios. Llamados a concurso para cubrir cargos vacantes. Creación de nuevos juzgados en un distrito con altísima carga de trabajo. Asignación de recursos humanos especializados para el fuero de Familia. Derogación de la ley de mediación obligatoria que encarece y ralentiza el acceso a la justicia. Infraestructura digna, equipamiento y tecnología para los juzgados del distrito. Cese de aumentos retroactivos de la Unidad Jus, que generan incertidumbre y perjudican a los justiciables y profesionales. Una postal que duele: “Queremos Justicia, no sonrisas institucionales” El tono del reclamo es tan institucional como político. La falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo provincial, sumada al silencio de la Corte Suprema, alimenta la indignación. “En una República, el adecuado servicio de justicia debe garantizarse como obligación insoslayable del Estado”, dice el texto. Y continúa: “No aceptamos la indiferencia de las autoridades, que no cumplen con sus deberes como servidores públicos”. La visita de los ministros de la Corte a San Lorenzo fue tomada como una provocación. “A días de la marcha, llegaron, recorrieron los tribunales… y se sacaron una foto sonrientes”, lamentaron los manifestantes. ¿Quién se hace cargo del colapso? San Lorenzo no es una ciudad más. Es el epicentro del complejo agroexportador más importante de la Argentina. La falta de justicia efectiva en esta zona no solo vulnera derechos individuales, sino que condiciona el desarrollo institucional de todo el país. “Detrás de cada expediente hay una madre esperando una cuota alimentaria, una familia sin declaratoria de herederos, un obrero sin indemnización”, señalaron desde el foro. La justicia —como garantía de derechos y como estructura republicana— está siendo demolida por la inacción. El mensaje fue claro: si el Estado no reacciona, el colapso será irreversible.
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