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Parana » Ahora
Fecha: 08/08/2025 00:40
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, volvió a ocupar el centro del escenario judicial con una audiencia cargada de acusaciones de complot. Sin embargo, finalmente hubo un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el defensor Guillermo Reggiardo para avanzar en la obtención de información clave desde la República Oriental del Uruguay. Tal como reveló Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el juez de garantías Gustavo Ruhl protagonizó un fuerte cruce con el abogado Reggiardo, a quien acusó de haber adoptado una conducta “meramente dilatoria y obstructiva del accionar de la justicia”. Según el magistrado, los reiterados planteos de la defensa desde el inicio de la investigación —que se remonta a 2016— han impedido que el proceso avance con la celeridad que exige el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. “Estamos en esta fecha por las presentaciones y los planteos que usted ha efectuado permanentemente”, expresó Ruhl, recordando que los tribunales competentes —incluyendo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Casación y el Tribunal de Juicio y Apelaciones— ya se han expedido sobre los planteos realizados por la defensa. Reggiardo respondió con firmeza, negando haber actuado con mala fe y acusando al juez de prejuzgar. “Nosotros no dilatamos; estábamos apurados en que se entregue la información. Lo que no queríamos era parrilla, que es lo que quiere cierto sector de la política”, sostuvo el abogado, quien además cuestionó la legitimidad de ciertas resoluciones judiciales y la imparcialidad de algunos actores del proceso. La audiencia para tratar las recusaciones y el séptimo pedido de sobreseimiento fue tediosa, a tal punto que durante las dos horas que se extendió solo hubo interrupciones y cruces entre el juez y el abogado. A tal punto que Ruhl decidió sancionar al abogado, que luego desistió del pedido de sobreseimiento y dijo desconocer la audiencia. Más allá del cruce verbal y del anuncio de Jury que hizo Reggiardo contra Ruhl, la audiencia culminó con un acuerdo de los fiscales Gonzalo Badano y Álvaro Piérola, y la defensa de Rossi y Díaz para avanzar en la obtención de información financiera desde Uruguay. El objetivo es reconstruir la trazabilidad de activos vinculados a los imputados, especialmente en relación con la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresa Jenkins & Keane Limited. Los fiscales explicaron que, si bien ya se recibió información parcial desde Cancillería vía el Foro Internacional, aún falta documentación sobre la titularidad de títulos y valores que podrían estar a nombre de Díaz o Rossi. En particular, se busca determinar si la senadora continúa siendo titular o cotitular de cuentas comitentes vinculadas a operaciones financieras detectadas en el banco Scotiabank, y posteriormente transferidas a la empresa Jenkins & Keane Limited, con sede central en el Reino Unido y creada en Inglaterra en el 2000. Reggiardo aportó detalles relevantes sobre la cuenta en cuestión, señalando que fue abierta en 2002 y que nunca se le agregó dinero. Afirmó que durante los períodos en que Díaz fue diputada provincial (2007–2011), la cuenta ya estaba activa y se renovaba automáticamente. En 2016, explicó, la cuenta pasó a manos de un bróker debido a modificaciones en la forma de operar de los bancos uruguayos, lo que derivó en que Jenkins & Keane Limited se convirtiera en el nuevo operador de la cartera de títulos. Los fiscales solicitaron que se emita un nuevo exhorto diplomático para que la Bolsa de Valores de Uruguay y la firma Jenkins & Keane Limited informen sobre la cuenta comitente, incluyendo fechas, movimientos y saldos, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los activos detectados. Esta información, según explicaron, es clave para determinar si los bienes siguen siendo de titularidad de los imputados y en qué condiciones se encuentran actualmente. La defensa no se opuso al planteo y expresó su voluntad de colaborar, siempre que se respete la libertad probatoria. Reggiardo incluso manifestó que no tiene objeciones a que se investigue el destino de los fondos, aunque advirtió que no se convierta en una “ventilación patrimonial innecesaria”. La causa Rossi-Díaz avanza así hacia una nueva etapa, con foco en la cooperación internacional y la trazabilidad financiera. El acuerdo alcanzado entre las partes podría destrabar una investigación que lleva casi una década.
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