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» Comercio y Justicia
Fecha: 25/07/2025 09:43
Los abogados Francisco Lavisse y Jorge Cardozo llevaron ante el organismo internacional una denuncia en la que cuestionan que los fiscales ordenen prisiones preventivas prolongadas, forzando juicios abreviados y confesiones bajo coacción. Esperan que la Comisión Interamericana exija cambios estructurales y el respeto al principio de inocencia Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia clave para evaluar el uso de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba. La instancia internacional fue convocada tras una denuncia presentada por los abogados penalistas Francisco Lavisse y Jorge Cardozo, quienes cuestionan el uso sistemático y abusivo de esta herramienta procesal por parte del sistema judicial local. “La prisión preventiva en Córdoba se ha convertido en una condena anticipada”, denunció Lavisse en diálogo con Comercio y Justicia. Y agregó: “Alguien está detenido sin ser juzgado, y se puede llegar a estar preso hasta tres años. Eso ya es demasiado”. Denuncia ante la CIDH La presentación, dirigida contra el Estado argentino, pone el foco en prácticas que, según los denunciantes, vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el acceso a una defensa efectiva. “No podemos denunciar directamente a la provincia de Córdoba, por eso el reclamo se canaliza contra la República Argentina como responsable internacional”, explicó Lavisse. El núcleo del planteo gira en torno al abuso de la prisión preventiva como método de presión. “El objetivo es conseguir juicios abreviados: el imputado no aguanta más la detención y termina reconociendo delitos que muchas veces no cometió. Es coacción pura”, advirtió. Y remató: “Ya no se sabe quién es culpable y quién simplemente firmó un acuerdo porque no aguanta más. Hoy, todos son culpables; ya no hay espacio para discutir la inocencia”. Asociación ilícita Según Lavisse, uno de los recursos más utilizados por los fiscales es la calificación de “asociación ilícita” como estrategia para justificar detenciones prolongadas. “La jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso Estancanelli, sostiene que debe haber una verdadera alarma social para aplicar esa figura. Pero en Córdoba ya no se preocupan por eso”, aseguró. “La asociación ilícita se ha generalizado, y se aplica a todo tipo de delitos, no solo a los económicos”, detalló. Otro de los mecanismos cuestionados es la práctica de fraccionar un mismo hecho en varias causas para imponer múltiples prisiones preventivas. “Se juzgan en momentos distintos hechos que deberían analizarse en conjunto. Así, una persona puede estar presa tres años por un delito, y luego otros tres por el siguiente. Córdoba igual que Cuba La denuncia también destaca una particularidad institucional. “Córdoba y Cuba son los únicos lugares de América Latina donde la prisión preventiva la dicta un fiscal”, subrayó Lavisse. Y recordó que, si bien una ley de 2017 dispuso que ese rol debía pasar a los jueces de Control, el Tribunal Superior de Justicia lo bloqueó mediante una acordada. “Silenciaron una ley alegando que no estaban preparados. El problema es que el fiscal es juez y parte. Eso es inaceptable en un Estado de derecho”, remarcó. “No se trata de cambiar las leyes, sino de cumplirlas”. Para Lavisse, la situación no requiere reformas legislativas sino respeto por las normas vigentes. “No hace falta modificar leyes, lo que hace falta es cumplirlas. Que se aplique el rigor cuando corresponde, y el principio de inocencia cuando no. Hoy somos todos culpables hasta que demostremos lo contrario, lo cual es una locura a nivel mundial”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó la desigualdad de condiciones entre acusadores y defensores: “Esto no es un partido de tenis, es un frontón. Todas las pelotas que tiramos vuelven con un ‘no’. La Justicia debería garantizar igualdad de armas, y hoy eso no existe”. Datos alarmantes y hacinamiento carcelario La denuncia se apoya también en informes del Comité contra la Tortura, que participará en la audiencia como observador. Según datos relevados por ese organismo, el uso de la prisión preventiva en Córdoba superó el 60% entre 2018 y 2020, muy por encima de la media nacional, que ronda el 44,6%. “La coacción para que una persona se declare culpable también es una forma de tortura”, denunció Lavisse. Y añadió: “El Comité ya visitó Córdoba dos veces y advirtió, además, sobre el hacinamiento: hay celdas para una persona donde viven cuatro, y pabellones desbordados”. Expectativas frente a la CIDH Con respecto a la audiencia, Lavisse reconoció que el espacio será breve, pero contundente. Cada parte dispondrá de 20 minutos para exponer, con intervenciones del Comité contra la Tortura y del Estado nacional. “Tengo la expectativa de que la Justicia tome conciencia de que no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Se están violando derechos humanos, garantías constitucionales y principios elementales del derecho penal”, concluyó.
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