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» Diario Cordoba
Fecha: 17/07/2025 17:22
El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, detalla en el auto de imputación al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro el papel de cada uno de los imputados en la causa en la que investiga el despacho que éste fundó, Equipo Económico, y que mediaba entre empresas gasísticas y los altos cargos de Hacienda para conseguir amañar leyes y favorecer así sus intereses a cambio de un beneficio económico. El instructor le sitúa como socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 pero añade que ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación. Presuntamente, añade, el exministro hizo uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho Equipo Económico. La investigación ha permitido constatar que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen “a demanda” de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello. Así, los nombramientos efectuados por Montoro "permitieron que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho". Secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, fue nombrado a propuesta de Montoro en diciembre de 2022. Consta en las actuaciones su relación con Equipo Económico y con otras empresas vinculadas a este despacho, y según el juez ostenta uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas como evidencian los correos intervenidos en la causa, en los que se le menciona reiteradamente. Destaca uno de ellos, que Ferré remite, con fecha 16 de octubre de 2013, al Director General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQuE), en la que le expone las razones por las que no cabe atender a sus pretensiones. Estas razones desaparecieron unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de Equipo Económico, durante la tramitación y aprobación por la vía de urgencia de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Poco antes de iniciarse la tramitación de dicha Ley, se reúne con las gasistas, según detalla la investigación. Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, también fue nombrada a propuesta de Montoro en diciembre de 2011. Fue consejera y administradora de Equipo Económico, e indiciariamente habría participado en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas. Además, la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas/Función Pública, es el órgano encargado del impulso y la coordinación normativa. Fue el subsecretario de Hacienda y Función Pública nombrado por Montoro en noviembre de 2016. Desde el inicio de la legislatura, Martínez había ejercido puestos de máxima confianza del Ministro de Hacienda, inicialmente como su director de Gabinete y posteriormente como subsecretario, en sustitución de Pilar Platero. Indiciariamente, según la investigación, habría participado en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas. El director general de Tributos entre 2012 y 2016 habría activamente en los hechos investigados, según el juez, ostentando uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los “mails” intervenidos en la causa. Ostentó la condición de director General de Tributos en la fecha de aprobación de la reforma de la Ley y Reglamento de los impuestos especiales siendo el interlocutor con Ernst & Young (EY) en el periodo de tiempo en que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) intentaba la modificación de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, tal y como consta en las comunicaciones analizadas por el juez, "constando numerosos mensajes dirigidos a su persona". Igualmente, se le sitúa en reuniones con altos cargos la la Dirección General y la Agencia Tributaria en aras a lograr que la redacción del citado Real Decreto que modificó el Reglamento del Impuesto de Actividades Económicas no exigiera la aportación de registros que permitieran controlar si las gasísticas cumplían o no el requisito legal que obligaba a que los costes de la electricidad superaran el 50% del coste de producción. Director general de Tributos entre 2016 y 2018, fue nombrado en sustitución de Martín Abril y también ocupó según el juez uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los “mails” intervenidos en la causa. Ostentó el cargo de director general de Tributos en la fecha de aprobación de la reforma de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que modificó los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en favor de las gasísticas. Bajo su mandato y una vez que entró en escena Equipo Económico, el subdirector General de Tributos Locales consideró viable el cambio, en contra de lo expresado en anteriores ocasiones. Además, en septiembre de 2018 pasó a ser socio de EY, la consultora que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor. Esta contratación generó cierta polémica y tuvo una cierta repercusión mediática. El subdirector General de Tributos Locales nombrado en mayo de 2011 ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas, y también ostentó el cargo de subdirector general de Tributos Locales cuando se modificó el Impuesto de Actividades Económicas. Su firma consta en a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos cuya modificación poco tiempo después provocó la contratación de Equipo Económico. Los correos intervenidos, revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del impuesto, pero tras intervenir el despacho se producen nuevos encuentros y entonces las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida. Otro bloque de correos electrónicos revela no solo que Del Amo recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos, lo que permitiría concluir tanto que dicha redacción del texto fue consensuada como que sería impuesta por los pagadores del despacho, en abuso grave del ejercicio de su función pública. José María Buenaventura, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, se reunió en 2014, se reúne con las gasistas en la sede del Ministerio de Hacienda. En esta reunión solicitan la ayuda de las empresas para la redacción del artículo que habría de incluirse en el proyecto de ley que se iba a tramitar en breve y que e iba a beneficiarlas. Además, consta que ha percibido retribuciones de Equipo Económico y de empresas vinculadas. Por su parte, Santiago Menéndez fue asesor del gabinete del ministro entre el 2013 y 2015, y según la investigación intervino en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre Montoro y representantes de la AFGIM. "Tal circunstancia revelaría un conocimiento directo no solo de los motivos e intenciones de la convocatoria de tal reunión sino también de su estéril contenido, de sus participantes, de su resultado, así como del grado de intervención del Ministro en el asunto de referencia, de lo cual razonablemente pudiera haberse dejado constancia en su buzón de correo electrónico", señala el auto sobre él. Santiago Menéndez, por su parte, fue director general de la AEAT y entre 2010 y 2011 recibe dinero de Equipoo económico. El magistrado también imputa a los socios y administradores de derecho de Equipo Económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Mariano Gallud y Francisco Piedras Camacho. "A cambio de precio, habría utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda, a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para sus clientes", señala el juez. También Covadonga Gómez Garrida, trabajadora en el departamento de administración de Equipo Económico, que entre 2009 y 2017 recibió ingresos de las empresas del resto de socios y figura como apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho, por lo que "ha percibido retribuciones dinerarias de todas" ellas. El magistrado en su resolución también imputa, como personas jurídicas, a las empresas Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Carburos Metálicos y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), así como a sus representantes legales. Según el magistrado "habrían aceptado abonar a Equipo Económico/ Global Afteli el precio solicitado por la organización investigada para obtener las reformas en el IEE e IAE que perseguían movidos por un interés económico". El magistrado también imputa a sus principales responsables de cada una de ellas. Por Air Liquide cita como investigado a Patrick Emmanuel Marcel Jozon, director General de Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012; Teresa Rasero Guerrero, presidenta del Consejo de Air Liquide España desde mayo de 2016 y con anterioridad secretaria general desde 2012, y Jorge Pedrazuela Prieto, director de Contabilidad e Impuestos de la compañía. De Praxair los responsables imputados son: Eduardo Gil Elojoste, presidente de Nippon Gases Europe desde 2018 y antes presidente de Praxair Europa desde 2016, previamente había sido director general de esta compañía para España y Portugal desde 2008; Carlos Romero Moreno, director de Personal y Servicios Legales para España y Portugal y secretario general de la AFGIM, y Jacobina Escámez Esteve, responsable fiscal de la compañía para España y Portugal. También considera el magistrado investigado a Rubén Folgado Girón, director técnico de Messer Ibérica desde febrero de 2003, así como a Karl Andrea Hauck, director general. De Carburos Metálicos los imputados son: Francesco Maione, director general de Carburos Metálicos; Ahmed Harabou, vicepresidente y director General de las actividades de Gases Industriales de Air Products para el Sur de Europa y el Magreb, y José Luis Méndez López, director de Operaciones para el Sur de Europa. Por Abelló Linde: José Luis Cañedo Gullón, su director general adjunto desde 2009 hasta junio de 2015, y Juan Baltasar Palanca Llopis, codirector general, e Isidro Abello Riera, presidente desde 2009 hasta 2019. Suscríbete para seguir leyendo
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