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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 17/07/2025 14:34
El reciente caso de la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa activa en redes sociales mientras cumple prisión domiciliaria, reabrió el debate sobre los límites del derecho a expresarse públicamente para personas condenadas o procesadas que cumplen su pena fuera del establecimiento carcelario. Desde Despertar Entrerriano consultamos a legisladores que opinión tienen sobre el tema. La diputada nacional Nancy Ballejos confirmó que desde su bloque acompañaron el proyecto impulsado por Fernando Iglesias, que busca restringir el uso de tecnologías de comunicación a las personas bajo arresto domiciliario. La iniciativa propone que “el régimen de visitas deberá respetar las mismas limitaciones que rigen para los privados de libertad alojados en establecimientos penitenciarios”, prohibiendo “las visitas masivas, los eventos políticos o sociales, los encuentros no autorizados judicialmente y la participación del convicto en cualquier tipo de eventos externos mediante cualquier tipo de instrumento tecnológico, ya sea analógico o digital”. Desde otra perspectiva, el diputado provincial Marcelo López consideró que el uso de redes sociales no debería prohibirse de manera absoluta, destacando que “siempre y cuando las mismas no sean usadas de manera perjudicial o contrarias al sentido de la readaptación del reo, no tendría inconvenientes”. Sumando que “Las redes sociales pueden ser usadas hasta con sentido educativo. Sí creo que debiera existir una supervisión respecto al uso que se les da a las mismas”, declaró López. Por su parte, la diputada provincial Gabriela Lena resumió su postura en una frase contundente, manifestando que “todas las personas somos iguales ante la ley.”, refiriéndose a que se debería tratar a todos por igual, descartando su poder político. Legisladores del espacio de Unión por la Patria, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, también salieron a opinar públicamente, no solo sobre las visitas, sino también sobre el uso de redes sociales como herramienta de comunicación política. El senador Eduardo “Wado” de Pedro rechazó las restricciones, sosteniendo que buscan “aislarla” pese a que “está más vigente que nunca”, y defendió su derecho a seguir hablando públicamente, incluso a través de plataformas digitales. En la misma línea, el diputado Germán Martínez denunció que “no hay ningún elemento jurídico que pueda llevar a que la Justicia le niegue la prisión domiciliaria o la posibilidad de comunicarse públicamente”, y planteó que estos límites responden más a “odio antikirchnerista” que a criterios legales. Mientras tanto, el caso de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo observado por la opinión pública y la política, y plantea una pregunta que trasciende los nombres propios: ¿hasta dónde debe llegar el límite del derecho a comunicar cuando se trata de una persona condenada? Fuente: Despertar Entrerriano
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