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Concordia » Hora Digital
Fecha: 01/07/2025 20:21
La Justicia de Nueva York ordenó transferir acciones de YPF a fondos buitre por la nacionalización de 2012. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el 30 de junio de 2025 que el Estado argentino debe transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los demandantes liderados por el fondo Burford Capital. Este fallo se enmarca en un litigio por la nacionalización de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. La sentencia de primera instancia de marzo de 2023 condenó a Argentina a pagar u$s16.099 millones por no realizar una Oferta Pública de Adquisición a todos los accionistas, como estipulaba el estatuto de YPF de 1993. El proceso de nacionalización fue avalado por el Congreso argentino en abril de 2012 con amplia mayoría, en un contexto donde el redescubrimiento de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, incrementó el valor estratégico de YPF. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de Grupo Petersen Energía, IEASA y Eton Park Capital Management, argumenta que el Estado violó el estatuto al no ofrecer las mismas condiciones a todos los accionistas tras la compra del paquete mayoritario a Repsol. La reacción inmediata al fallo fue una caída del 5,64% en las acciones de YPF en Wall Street (de u$s33,24 a u$s31,45) y del 5% en el S&P Merval (de $39.700 a $38.100). El presidente Javier Milei anunció en su cuenta de X que apelarán la decisión en todas las instancias necesarias, afirmando: "Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales". Desde el punto de vista legal, Argentina, representada por la Procuración del Tesoro, podría apelar ante instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de EEUU, o solicitar una suspensión de la ejecución del fallo. Además, cualquier transferencia de acciones de YPF debería contar con aprobación del Congreso argentino, según la normativa vigente, ya que la nacionalización se realizó mediante una ley específica. Por otro lado, un fallo paralelo de la misma jueza ordena entregar acciones de YPF a otros fondos, como Bainbridge, por deudas relacionadas con el default de 2001. Estos fondos, que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, reclaman montos como u$s460 millones (Attestor Master) y u$s100 millones (Bainbridge Fund), buscando embargar activos estatales argentinos. Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos oficiales adicionales del gobierno argentino ni actualizaciones en sitios gubernamentales como el de la Procuración del Tesoro o el Ministerio de Economía sobre los pasos a seguir. La información aquí presentada se basa en reportes periodísticos y datos históricos verificables hasta la fecha del fallo.
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