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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/07/2025 07:31
El fallo en contra que esta semana recibió el Estado argentino por la expropiación de YPF, emitido por la jueza Loretta Preska en la Justicia de Estados Unidos, suscitó en la mesa de “Comunistas” una reflexión histórica y política sobre el proceso de estatización de la compañía. El diputado Esteban Paulón, miembro del equipo del programa que se transmite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, detalló los antecedentes que dieron origen al juicio, cuyo resultado desfavorable será apelado por el Gobierno de Javier Milei, quien mantiene una disputa mediática con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en torno al tema. Las razones que originaron el litigio “ilustran la importancia de que cada decisión gubernamental se base en políticas públicas estratégicas“, enfatizó Paulón, resaltando que el cambio de gobierno no debería implicar enfoques radicalmente opuestos en cuestiones estructurales, como la energía. El fallo del tribunal favorece al fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen por 16 millones de euros, un consorcio controlado por la familia Eskenazi. En el momento de la expropiación, este grupo empresarial argentino poseía el 25% de la petrolera, pero a diferencia de Repsol, no fue indemnizado. Esta singularidad se debió a la forma en la que la familia Eskenazi adquirió esa participación, que se basaba en el pago mediante las utilidades generadas por la empresa. En su reconstrucción histórica de los antecedentes del fallo, Paulón señaló que Repsol “no vio venir Vaca Muerta”, ya que optó por vender al grupo Eskenazi su participación del 25% en lugar de mantenerla. La formación geológica situada en la cuenca neuquina, en la Patagonia argentina, cuenta con importantes reservas de petróleo y gas no convencional y fue descubierta por la petrolera de origen español, aunque después de su desprendimiento de ese 25%. La Justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del fallo que condena al país a pagar una indemnización millonaria por la reestatización de la petrolera, decidida en 2012. La resolución, firmada por la jueza Loretta Preska, establece que el Estado incumplió el estatuto de la compañía al expropiar sin compensar adecuadamente a todos los accionistas. Por su parte, el abogado y exlegislador Sergio Abrevaya subrayó: “El tema no es Kicillof, sino la familia Eskenazi. El juicio existe porque ellos armaron un negocio multimillonario. Es un disparate jurídico y un problema de soberanía. Una jueza de EE. UU. no puede decidir sin el Congreso argentino”, argumentó. En 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se llevó a cabo la estatización de YPF, con la aprobación del Congreso. Las empresas del grupo Petersen, que controlaban el 25% de la firma, habían ingresado en 2007 mediante un acuerdo respaldado por bancos internacionales y por la propia Repsol, comprometiéndose a pagar los créditos a través de dividendos. Tras la reanudación del control argentino sobre la petrolera, se decidió la suspensión del reparto de utilidades, lo que llevó a la quiebra del grupo y posteriormente al juicio. El presidente Javier Milei anunció que apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Sin embargo, la decisión de Preska abre un nuevo capítulo de tensiones judiciales, políticas y económicas en un contexto donde el país enfrenta múltiples desafíos a nivel local e internacional. BR / FPT
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