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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/07/2025 19:02
Una actuación administrativa de Gendarmería Nacional, que se desarrolló en un lapso de 24 horas, determinó que el disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte durante la marcha de jubilados del 12 de marzo, fue un “hecho fortuito”, resultado de una “mala visibilidad”. La conclusión indica que la responsabilidad no recae en el cabo Héctor Guerrero, quien disparó el arma lanzagases, sino en la propia víctima, a quien se señala como “en la línea de tiro”. Guerrero continúa en funciones dentro de Gendarmería, aunque no está claro cuál es su actual rol. El sumario concluyó que ni él ni sus superiores merecen “reproche alguno desde el punto de vista disciplinario”. En la causa, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, aún no se lo ha llamado a indagatoria. La querella de la familia, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), solicita que se lo cite por tentativa de homicidio agravado, abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los detalles sobre las actuaciones internas de la fuerza se conocieron tras un allanamiento dispuesto por el juzgado el 19 de junio. Este procedimiento incluyó el secuestro del arma utilizada para dispararle a Grillo en la cabeza, diez cartuchos similares y la información administrativa creada después de los hechos. Se llevará a cabo una reconstrucción con la misma pistola lanzagases, aunque aún no se ha fijado una fecha. Este peritaje estará a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y la querella contará con su propio perito. Un informe de Página/12 revela que el análisis realizado por el colectivo Mapa de la Policía, a partir de una amplia recopilación de imágenes de medios de comunicación y aportes de particulares, demuestra que Guerrero disparó de manera horizontal a las 17:18 horas, una acción antirreglamentaria que puede resultar letal. En el caso de Pablo Grillo, el disparo del cartucho de gas lacrimógeno impactó en su cabeza y a alta velocidad. Algunas imágenes captadas por drones de televisión, como las de TN y A24, han sido fundamentales para visualizar los acontecimientos. Todo sugiere que Servini busca un peritaje adicional oficial. La primera reconstrucción del Mapa de la Policía fue divulgada un día después de la marcha del 12 de marzo. Para establecer su narrativa, la ministra Bullrich primero afirmó que Grillo era un militante kirchnerista en prisión, cuando ya estaba en el hospital Ramos Mejía, y luego que Guerrero disparó correctamente, a un ángulo de 45 grados, según lo indicado por “los manuales”. Además, habló de un supuesto rebote del proyectil. Todo el sumario administrativo parece orientado a respaldar esta teoría que sostiene que se actuó de acuerdo a las reglas. No es una investigación destinada a esclarecer lo sucedido ni a establecer responsabilidades reales, sino un trámite formal “diseñado para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, según un informe de las querellas que intervienen. Cinco días después de la represión, el Comandante de la Región, Marcelo Porra Melconian, dispuso la realización de actuaciones internas para “corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinares del personal del Destacamento Móvil 6”, al que pertenecía Guerrero. Este último estaba vestido con un uniforme de color caqui, que le diferenciaba del resto. Porra Melconian pidió que se analizara todo “en el marco de las órdenes de servicio 659 y 660/25”. Según Página/12, la 659, emitida por la Policía Federal, era cínicamente conocida como “Porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”, una famosa frase de Diego Maradona. Ese día, existía una implicancia particular, ya que había convocatorias de hinchas de fútbol que prometían una protesta masiva. El informe final fue elaborado en apenas un día y presentado el 19 de marzo, a cargo del Comandante Mayor Adrián Barresi. ¿En qué se basó? En las declaraciones del personal de Gendarmería y del mismo Guerrero. Es decir, eran gendarmes declarando frente a otros gendarmes, sin buscar la verdad, solo justificando un hecho. El testimonio interno del cabo que hirió a Pablo resulta sorprendente: afirmó haberse enterado “luego de varios días por los medios de comunicación (…) que había sido herido un ciudadano en la manifestación, como producto del cartucho de gas, circunstancia que no alcanzo a entender, ya que todos mis disparos fueron hacia el suelo, conforme a la instrucción recibida”. Según su descripción, utilizó un arma lanzagases de 38 mm bajo las órdenes del alférez Gonzalo Gabriel Goulat. Relató que, al estar “casi rodeados por los manifestantes” y recibir “una lluvia de piedras hacia nosotros”, se les indicó que colocaran máscaras, mientras el camión hidrante intervenía y se ordenaba el despeje de los manifestantes que se encontraban sobre la cinta asfáltica “haciendo uso racional de los medios empleados”. Barresi argumentó que los gendarmes estaban en “inferioridad numérica” y que los manifestantes eran violentos, lo que llevó a la orden de “dispersar” utilizando armas que denote como “no letales” (a pesar de que en realidad pueden serlo, como indican los propios reglamentos de la fuerza), incluyendo granadas de mano y pistolas lanzagases. Aclaró que los gases se arrojaban “en las cercanías de la multitud que se pretende dispersar” y “no para impactar en blancos específicos y mucho menos en personas a través de un impacto directo”. El informe, a la luz de las imágenes y los hechos, reconoce el impacto en la frente de Pablo Grillo, pero sostiene que la granada lanzada tuvo “dos rebotes previos en la cinta asfáltica luego de haber abandonado el cañón del lanzador”. El informe supone que “el impacto en la cabeza del fotógrafo ocurrió como un hecho fortuito”, ya que él se encontraba agachado, a la altura de vuelo post-rebote de la granada y en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes. Así, echa la culpa a Pablo Grillo. Se menciona también que había “saturación de humo” debido a la quema de “contenedores de basura”, lo que sumado al uso de máscaras de gas redujo la visibilidad de los gendarmes: “Resulta creíble que ellos no hayan podido ver la presencia de una persona agachada entre ellos y los manifestantes”, asevera. Las declaraciones de los gendarmes son uniformes: mencionan que las órdenes eran claras y concretas, que no observaron personas que pudieran resultar heridas por el material utilizado, que se respetaron las reglas de empeñamiento, que el humo obstaculizaba la visibilidad y que no hubo “animosidad de superiores, camaradas o subalternos” que fuera impropia. El 18 de marzo, el asesor jurídico José Carlos Lodolo validó la versión oficial, y un día después, Porra Melconian resolvió cerrar el tema. Sin embargo, el 25 de abril, ante el movimiento en la causa y requerimientos a Gendarmería, dispuso reabrir la investigación administrativa, aunque el 29 la volvió a cerrar con las mismas conclusiones anteriores. Reiteró que ningún miembro de la Unidad Móvil 6 es “pasible de reproche disciplinario alguno por su comportamiento y apego a las normas impartidas tanto antes, durante y después de las operaciones, y que el cabo primero Guerrero actuó del mismo modo que sus compañeros, conforme a la normativa vigente, y que en ningún momento tuvo la intención de dañar a nadie al hacer uso del arma no letal”. En contraste con el relato oficial, todas las imágenes aportadas por Gendarmería en el expediente (algunas de las cuales carecen de fragmentos, según informó la querella a la jueza) evidencian que Guerrero disparó en forma horizontal durante la tarde, sugiriendo así un comportamiento sistemático, que probablemente otros agentes también hayan replicado. En una filmación, puede verse a Guerrero disparando desde una posición de rodillas, directo hacia donde se encontraba la movilización, aunque los manifestantes no estaban cerca. Se estima que Grillo se encontraba a unos 50 metros del grupo de gendarmes, y aquellos que participaban de la protesta estaban aun más alejados; es poco probable que desde esa distancia pudiera haberse producido alguna agresión que amenazara a los agentes. Este argumento resulta inverosímil. En otro video, se escucha a un gendarme felicitando a Guerrero tras disparar, exclamando: “Estamos excelente, más que bien” entre gritos de insultos como “no le perdonen”. Las directrices sobre el uso de pistolas lanzagases, también proporcionadas por Gendarmería, son claras: “Nunca se debe dirigir el arma hacia una persona, pues un impacto podría ocasionar lesiones graves e incluso la muerte”. Además, enfatizan que los disparos deben realizarse de manera oblicua hacia el suelo para reducir la fuerza del impacto y asegurar un desplazamiento adecuado del cartucho. Utilizando un cartucho de corto alcance, los riesgos persisten no solo por la potencia del disparo, sino también por el exceso de calor generado durante la combustión de la carga disparada, la velocidad que esta alcanza y las partículas incendiadas que pueden causar quemaduras graves. Agustina Lloret, Coordinadora de Litigio y defensa legal del CELS, explicó a este diario que “esta investigación interna es un como sí; es, hasta el momento, el único espacio donde Guerrero ha sido escuchado, un entorno seguro para él, sin vigilancia, en el marco de una supuesta investigación sin profundidad, donde no hay riesgo alguno para su posición”. Lloret advierte que Guerrero puede narrar su versión, respaldado también por sus compañeros, a pesar de que las pruebas, incluso las entregadas por la propia gendarmería, como manuales y protocolos, demuestran que su disparo estaba prohibido.
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