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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/05/2025 02:40
En el presupuesto educativo estatal, el 75% lo aportan las provincias, y el 25% restante queda en manos de la Nación ¿Quién financia –o financiará– la educación argentina? Por un lado, el Gobierno nacional dio esta semana nuevos pasos en su rumbo hacia la “redefinición” del federalismo educativo. Por otro lado, un informe que acaba de publicar el Observatorio de Argentinos por la Educación advierte sobre la ineficiencia del gasto educativo en algunas provincias cuyos resultados de aprendizaje están por debajo de la inversión realizada. En el presupuesto educativo estatal, 3 de cada 4 pesos los aportan las provincias, y el 25% restante queda en manos de la Nación. No está escrito en ninguna ley, pero así ha funcionado en la práctica la distribución del esfuerzo presupuestario. Por otra parte, lo que sí está escrito en la ley –la meta de destinar a la educación el 6% del PBI– no se ha cumplido en la mayoría de los últimos 15 años, con excepción de 2015. El nuevo informe de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén junto con la economista Ivana Templado, comparó la cantidad de recursos públicos invertidos con los resultados que los estudiantes de cada provincia obtuvieron en las pruebas Aprender 2023 de primaria. A partir de esa comparación, encontró fuertes disparidades entre los niveles de eficiencia del gasto de cada provincia. Según el análisis de las autoras, basado en la comparación relativa entre provincias, CABA, Córdoba y Formosa son las jurisdicciones del país con mejores índices de eficiencia en la inversión educativa, mientras que provincias como Chaco, Catamarca y Tucumán quedan últimas en la tabla. En estas provincias, los niveles de desempeño de los estudiantes en Lengua y Matemática quedan por debajo de lo que cabría esperar en función de la cantidad de recursos invertidos por alumno. El gráfico estima la eficiencia del esfuerzo fiscal educativo por estudiante con respecto al porcentaje de alumnos que alcanzan un desempeño satisfactorio en Lengua y Matemática (Fuente: Argentinos por la Educación) El informe señala que, si bien una mayor inversión educativa tiende a asociarse con mejores resultados de aprendizaje, esa relación no es directa sino que se ve matizada por otros factores, como el contexto socioeconómico, la gestión educativa y las políticas implementadas en cada provincia. “Dados los mismos recursos, se pueden lograr mejores resultados educativos. Si el objetivo son los aprendizajes, mejorar la forma en que se asignan los recursos –docentes, equipamiento, tiempo escolar, costos y cargos– es tan relevante como discutir nuevas fuentes de financiamiento”, consideró Ivana Templado, coautora del informe y economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “En Argentina casi no hay estudios sobre la eficiencia del uso de los recursos en educación. Recordemos que esto implica la posibilidad de hacer más con lo mismo. Por lo tanto, vemos que hay provincias que podrían mejorar su desempeño revisando sus propias normas, estilos y prácticas. Se trata de que cada peso invertido cumpla su objetivo: mejorar la educación”, afirmó Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas. La “redefinición” de la paritaria A la ineficiencia del gasto educativo de algunas provincias se suma el recorte del financiamiento educativo nacional, en paralelo a una “reformulación” del rol de la Nación, que implica una retracción –el abandono de funciones que venía ejerciendo– pero también nuevas atribuciones –como se expresa en la reciente declaración de la educación como servicio esencial–. Reunión de la paritaria nacional en febrero de este año, con participación de los gremios, el Consejo Federal y la Secretaría de Educación Este miércoles, el Gobierno oficializó por medio del decreto 341/2025 la eliminación de la participación nacional en la negociación del salario mínimo docente, equivalente a la paritaria nacional del sector. Ni bien asumió, la actual gestión ya había dejado de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aporte nacional a los salarios de los maestros, que nunca se restableció pese a los reclamos de algunos gobernadores y de los gremios. De ahora en más, las negociaciones para fijar el piso salarial de los docentes serán entre el Consejo Federal de Educación –que nuclea a los ministros de todas las provincias– y los cinco gremios nacionales. La medida –que formaba parte de la primera versión de la Ley Bases– implica una modificación por decreto del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que también involucraba en esa negociación al Ministerio de Educación (ahora Secretaría). Desde el Gobierno nacional vienen planteando que, dado que los docentes son empleados provinciales, les corresponde a las provincias negociar con los sindicatos. Sin embargo, el nuevo decreto oficial aclara que la Secretaría de Educación se reserva el poder de veto: podrá “refrendar el convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”. Ese programa corresponde a los casos en que la Nación transfiere recursos a las provincias que no llegan a cubrir con fondos propios lo acordado en la paritaria nacional. “Con este decreto, el presidente Milei devuelve la negociación al lugar que corresponde: las provincias y el Consejo Federal de Educación”, consideró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al comunicar la reforma. Sin embargo, el Gobierno nacional se mantiene como árbitro final del acuerdo entre el Consejo Federal y los gremios, especialmente si ese acuerdo implicara una mejora salarial. La educación como servicio esencial “El federalismo no se proclama, se implementa”, afirmó Sturzenegger. Otro decreto nacional firmado este miércoles, el 340/2025, define la educación como “servicio esencial” y, por lo tanto, obliga a garantizar un servicio mínimo del 75% en caso de paro docente. La medida nacional, que en la práctica afecta a empleados provinciales, había formado parte del capítulo laboral del DNU 70/2023 –que fue suspendido por la Justicia– y también había formado parte de las primeras versiones de la Ley Bases. No abarca al sistema universitario (que depende de la Nación), sino a los jardines maternales, jardines de infantes, primarias y secundarias. La declaración de la educación como "servicio esencial" establece que, ante un paro, deberá garantizarse un servicio mínimo del 75%. Fue decretada por la Nación pero deberán implementarla las provincias (Imagen Ilustrativa Infobae) Los gremios docentes nacionales rechazaron ambos decretos. Sobre la paritaria nacional docente, CTERA expresó: “Desde su sanción, el artículo 10 (de la Ley de Financiamiento Educativo) garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todos los docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad”. Para CTERA, la medida oficial “se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de los trabajadores de la educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la educación”. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron esas acusaciones. “Las modificaciones dispuestas en este decreto (el 341) no solo no afectan el normal desenvolvimiento del sistema educativo, sino que continúan garantizando el derecho a una educación de calidad, como establece la Constitución Nacional”, señalaron en un comunicado. “Esta medida cumple con el mandato constitucional por el que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo de su jurisdicción”, justificaron desde la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello. “Si algo le faltaba hacer al Gobierno en contra de la educación era firmar un decreto que lo excluye de la paritaria nacional docente y, además, le otorga un poder de veto sobre lo que eventualmente se acuerde. Reconoce que deben pagar, pero se niegan a sentarse a negociar buscando volver abstractas las negociaciones”, denunciaron los sindicatos de la CGT (UDA, Sadop, CEA y Amet) en un comunicado conjunto. Los sindicatos de la CGT consideraron que la decisión “confirma la voluntad política del Gobierno de cerrar la educación como un tema de atención del Estado nacional”. También cuestionaron la declaración de la educación como servicio esencial, al señalar que restringe el derecho a huelga: “El Gobierno afecta la libertad sindical y cercena derechos colectivos”, afirmaron. La situación de las universidades Aunque no se ven directamente afectados por estas nuevas medidas, los profesores universitarios también se están movilizando esta semana en contra de los recortes en el presupuesto educativo nacional, que impactan en la caída de los salarios y los gastos de funcionamiento, la parálisis de las obras de infraestructura, la reducción de las becas estudiantiles y el desmantelamiento del sistema científico. Este jueves los gremios universitarios convocan a una "jornada nacional de lucha" por los recortes en el presupuesto. El viernes habrá paro (Mario Sar) Como parte de la “semana de visibilización” de la situación en las universidades públicas, las principales federaciones docentes están realizando paros y otras medidas de protesta en las universidades nacionales de todo el país. Este jueves 22 se realizará una “jornada nacional de lucha” en la que participarán todos gremios universitarios, además de CTERA. “Pese a que el Gobierno nacional hace oídos sordos, en las dos marchas nacionales universitarias quedó claro que la ciudadanía está a favor de más universidades nacionales públicas, no aranceladas y de calidad”, afirmó José Gabriele, secretario adjunto de FAGDUT, el gremio de los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que convocó a paro el viernes. Este viernes 23 también habrá paro en la Universidad de Buenos Aires, convocado por los sindicatos docentes (ADUBA) y no docentes (APUBA) junto con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Además, este jueves habrá una concentración en Plaza Houssay a las 12.30 hs. La convocatoria al paro fue respaldada por una resolución del Consejo Superior de la UBA, “dados los impactos negativos que para la Universidad tiene la política presupuestaria en materia de financiamiento de la educación superior que viene llevándose adelante por parte del Gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2023”. La resolución del Consejo Superior reitera “la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.
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