15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:30
15/05/2025 17:25
15/05/2025 17:25
15/05/2025 17:24
» Sin Mordaza
Fecha: 15/05/2025 12:51
La audiencia imputativa contra 13 policías y 4 civiles por presunta participación en una maniobra de sobrefacturación y facturaciones fantasma en cargas de combustible continuó este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y la definición sobre las medidas cautelares se postergó para este jueves a las 8. Así lo informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación, explicó que las maniobras se realizaron mediante dos métodos principales: la sobrefacturación y las cargas ficticias de combustible, es decir, sin entrega real de nafta. El esquema, que habría causado un perjuicio mensual estimado en al menos 45 millones de pesos durante los últimos diez meses, se sostenía en el uso indebido de las tarjetas Visa Flota, que debían estar asignadas a cada móvil policial o chofer. En lugar de eso, los agentes imputados concentraban las tarjetas y manipulaban los consumos. Por ejemplo, se detectó que 85 patrulleros que estaban fuera de servicio en julio de 2024, figuraban igualmente realizando cargas de combustible. También se verificaron discrepancias entre el kilometraje recorrido y el volumen de nafta registrado, como en el caso de un Fiat Cronos del Comando Radioeléctrico, que consumió 730 litros cuando debió haber usado 560. Otro caso llamativo involucra dos camionetas Ford Ranger, oficialmente fuera de circulación y sin GPS en octubre de 2024. Tras colocarles un dispositivo de geolocalización, se constató que no salieron del depósito por más de 20 días, aunque durante ese tiempo registraron múltiples cargas de combustible, una de las cuales ascendió a 252.500 pesos, sin haber consumido un solo litro. El fiscal también presentó intervenciones telefónicas y fotos de los imputados retirando dinero en efectivo de las oficinas de la firma Gas Auto Tiferno S.A., propietaria de una estación de servicio donde se concretaban las operaciones. Según Caterina, esta empresa fue “una pieza clave en el desvío de recursos públicos”. Este jueves, tras los planteos de las defensas, el juez Gustavo Pérez Urrechu decidirá si dicta prisión preventiva para los 17 imputados, mientras continúa la investigación que sacude a la estructura policial santafesina.
Ver noticia original