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» Radio Sudamericana
Fecha: 13/05/2025 00:12
Lunes 12 de Mayo de 2025 - Actualizada a las: 22:32hs. del 12-05-2025 DERECHOS HUMANOS A una década de su creación, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura renueva su liderazgo con Jorge Isetta a la cabeza. En esta nueva etapa, el organismo profundiza su compromiso frente a la violencia institucional, el consumo problemático y la criminalización de la pobreza en Corrientes. "Nos encontamos en las cárceles a personas en situación de calle que son detenidos porque es una realidad que molesta ver", señaló. En el marco de la conmemoración por los 10 años de la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, asumió oficialmente como nuevo presidente del organismo el Dr. Jorge Isetta. El acto, celebrado en el Salón de Actos del Poder Legislativo, incluyó reconocimientos y homenajes a figuras clave de los derechos humanos en la provincia, como el Dr. Juan Ramón “Moncho” Leguizamón, quien fue designado presidente honorario. "Es una gran responsabilidad, una vara muy alta que dejó Moncho, pero también una oportunidad para profundizar el compromiso con los derechos humanos en contextos de encierro", expresó Isetta durante una entrevista en Radio Sudamericana. Un Comité con historia, logros y deudas pendientes El Comité fue creado por ley provincial y está compuesto por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y cinco comisionados de organizaciones de derechos humanos, tanto de Capital como del interior (Goya, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá). Su tarea: garantizar condiciones humanas y dignas para personas privadas de libertad en toda la provincia. A lo largo de estos 10 años, el organismo logró, entre otras cosas, la refacción total de la alcaldía de Goya (antes ubicada en un subsuelo sin baños ni duchas), la intervención en comisarías con condiciones indignas, y la transformación de espacios militares abandonados en unidades penitenciarias en Paso de los Libres. No obstante, Isetta subrayó que aún hay situaciones inaceptables: “Seguimos encontrando mazmorras del siglo XVII en algunas comisarías de Capital. Sin luz, sin ventilación, sin camas. Lugares donde 20 personas están hacinadas sin colchones”, denunció. Infancia y consumo problemático, ejes urgentes Una de las prioridades de la nueva gestión es avanzar en una profunda reforma del sistema de contención para menores en conflicto con la ley penal. Actualmente, el único centro de este tipo en la provincia depende del Servicio Penitenciario, cuando organismos nacionales e internacionales recomiendan que esté bajo el ámbito del Ministerio de Justicia. “El objetivo es despenalizar el abordaje de estos adolescentes, garantizarles educación, salud y tratamiento, no encerrarlos en cárceles adaptadas”, remarcó Isetta. Otro eje crucial es el tratamiento del consumo problemático de sustancias, tema que, aunque excede el mandato original del Comité, ha sido asumido como parte de su agenda por su impacto en contextos de encierro y violencia institucional. El caso de Goya, donde un joven con historial de consumo fue reducido a golpes y falleció tras la intervención policial, marcó un antes y un después. “Estos casos deben ser abordados desde la salud, no desde la represión. Necesitamos un centro provincial de rehabilitación con políticas integrales”, reclamó Isetta. Detención de personas en situación de calle: una deuda humanitaria Uno de los problemas más persistentes denunciados por el Comité es la criminalización de personas en situación de calle, muchas veces detenidas bajo figuras contravencionales como el "merodeo", sin cometer delitos. “El problema no es penal, es social. A esas personas se las detiene porque ‘molestan’, porque huelen mal, porque están en la vereda. Eso no se resuelve con prisión, se resuelve con políticas públicas”, sostuvo Isetta. Actualmente, junto a Desarrollo Social y el Ministerio de Seguridad, el Comité está relevando los casos de detención por contravenciones para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo la reforma del Código Contravencional. Aunque su presupuesto está incluido dentro de la Legislatura y es administrado por las presidencias de ambas cámaras, el Comité no tiene autonomía financiera. Sin embargo, designa su personal y rinde cuentas al Tribunal de Cuentas provincial. “Es necesario avanzar hacia una mayor independencia, como ocurre en Chaco”, pidió Isetta.
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