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» El litoral Corrientes
Fecha: 10/05/2025 08:40
La familia Peña, a través de sus abogados realizó una presentación ante el Juzgado Federal de Goya, para solicitar la adopción de medidas destinadas a facilitar y promover el acogimiento voluntario de los imputados al régimen de la Ley 27.304 (Ley del Arrepentido). La titular de la cartera Cristina Pozzer Penzo dio lugar al requerimiento y dispuso que cada uno de los 18 imputados acceda al requerimiento, teniendo en cuenta el avance que tiene el expediente que se encausa hacia un juicio oral. La familia atraviesa momentos de dolor e incertidumbre por la desaparición de Loan Danilo Peña (hoy de 6 años) ocurrida hace casi once meses. Fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, el 13 de junio de 2024. A pesar del paso del tiempo, la causa judicial no ha logrado respuestas concretas sobre su paradero. Hasta el momento hay siete personas imputadas: María Victoria Caillava y su esposo, el exmilitar Carlos Pérez, acusados por presunta trata de personas. También fueron imputados Antonio Benítez (tío del niño), Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi por abandono de persona. El excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, enfrenta cargos por encubrimiento, y la tía de Loan, Laudelina Peña, fue acusada de falso testimonio y sustracción de menores. La investigación sostiene la hipótesis de una acción coordinada para sustraer al menor, aprovechando vínculos familiares y la vulnerabilidad del entorno rural. En el marco de una causa paralela, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ordenó la detención de nueve personas más, incluidos abogados y un policía, por interferir en la investigación. Entre los detenidos se encuentra Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, quien afirmaba trabajar para agencias de inteligencia extranjeras. Bajo el título de Donde está Loan, se avanzó con el escrito que promulga introducir la figura del arrepentido. Argumentan que “La desaparición de un menor de edad, posible víctima de alguna organización superior a la detenida de tráfico, trata, manipulación de órganos, o cualquier otra habitualidad delictiva, constituye una violación gravísima de derechos humanos, cuyo esclarecimiento exige el uso de todas las herramientas legales disponibles”. Exponen que “la Ley 27.304 permite otorgar beneficios procesales y penales a los imputados que colaboren eficazmente con la investigación, aportando información precisa, comprobable y de utilidad relevante”
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