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» Comercio y Justicia
Fecha: 08/05/2025 19:53
Por Pilar Viqueira Más del 40% de las fiscalías y del 30% de los cargos judiciales permanecen sin cubrir y se suman los pedidos de celeridad en las designaciones. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) manifestó su preocupación por la cantidad de vacantes en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. A través de un comunicado, advirtió sobre las consecuencias negativas de la situación, como el retraso en la administración de justicia, la sobrecarga de trabajo de los magistrados y fiscales en funciones y la escalada de subrogancias. “De las 305 vacantes existentes para los juzgados nacionales y federales, 184 están en manos del Poder Ejecutivo, que no ha remitido los pliegos correspondientes al Senado para su tratamiento”, señaló. Sumó que es imprescindible que “se coordinen acciones conjuntas de trabajo de todos los sectores del derecho” para implementar un “eficiente traspaso” de la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) En noviembre de 2024, el Gobierno Nacional anunció que enviaría a la Cámara Alta 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores. La comunicó el vocero Manuel Adorni, quien dijo que el Ejecutivo esperaba que el Senado tuviera “sensatez” y “responsabilidad absoluta”. Por su parte, el Secretario de Justicia Sebastián Amerio apuntó al nivel crítico de vacantes. “Uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene fiscal”, precisó, y recalcó que hay tribunales que juzgan delitos ordinarios (como robos, hurtos y abusos) sin titular desde 2018. “La cobertura de vacantes mediante la designación de jueces idóneos es una herramienta fundamental para descongestionar los tribunales y acelerar el proceso de todos los expedientes”, planteó. Antes, en septiembre, por las vacantes, el juez federal Daniel Rafecas volvió a quedar a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, hasta octubre de este año. Ya fue subrogante dos años en el Juzgado Federal 6. El puesto está vació desde que se jubiló Rodolfo Canicoba Corral. Volvió porque venció la suplencia de Ariel Lijo, que comenzó en octubre de 2023. Las subrogancias son por un año, prorrogables a dos. La Cámara Federal porteña determinó que un magistrado puede ocuparse como máximo de dos juzgados y hay tres funcionarios en esa situación. Lijo está a cargo de su juzgado, el 7, y del 12, que quedó sin titular cuando Sergio Torres asumió en la Suprema Corte bonaerense. Hasta principios de octubre pasado tuvo también el Federal 6. En Comodoro Py hay ocho jueces para 12 despachos desde febrero de 2023, cuando se jubiló Luis Rodríguez (9). PGN Por lo pronto, no hay candidatos para la Procuración General de la Nación (PGN), que conduce Eduardo Casal como interino. Cabe recordar que a fines de enero de 2020, con solo tres impugnaciones, Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, se perfilaba como el funcionario que cerraría la era de interinato, que comenzó cuando Alejandra Gils Carbó dimitió. En ese entonces ya había fenecido el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación que, según se estimaba, la Cámara Alta resolvería rápido. La UBA sumó su voto de confianza. El por entonces rector Alberto Barbieri le envió una nota al Ministerio de Justicia: destacó que cursó su carrera y su doctorado en la institución y que tenía “talento especial” y “probada experiencia”. Además, tuvo la venia de otras altas casas de estudio, de grupos académicos, de casi todos los organismos de derechos humanos y de integrantes de varias cortes provinciales. La Fundación Apolo impugnó a Rafecas. Cuestionó su idoneidad moral y apuntó a su falta de independencia; principalmente, por su actuación al analizar la denuncia de Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, que desestimó en tiempo récord. Otra objeción la promovió el abogado Fernando Lardies y la última provino de un actor inesperado: Julio De Vido, procesado por Rafecas en el marco de la causa “Odebrecht”. Casal tomó el mando de la PGN a finales de 2017. Aceleró reformas para facilitar su conducción hasta que arribara el relevo de la cofundadora de Justicia Legítima, algo que no sucedió, ya que la Administración macrista fracasó al promover a Inés Weinberg de Roca. Pases de factura La salida de Gils Carbó aceleró los pases de factura a sus “leales”. El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo, aseguró que la actividad política dentro del Ministerio Público no debía existir y criticó a algunos colegas que llamaron “golpistas” a los agentes que marcharon para homenajear a Nisman, en febrero del 2015. Además, valoró que Gils Carbó no motorizó una política de persecución de la corrupción y sumergió a la PGN en una crisis porque eligió ser “procuradora de un Gobierno”. En mayo de 2021, Rafecas advirtió que se bajaría de la postulación si el kirchnerismo insistía con su plan para cambiar la mayoría para la aprobación del pliego del procurador. “Será para mí un límite ético insuperable que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, advirtió en un mensaje en sus redes. “Ha avanzado un proyecto de ley tendiente a reformar el MPF. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido ni por quienes lo impulsaron en el Senado ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente”, continuó. Rafecas ya había manifestado que no sería procurador si no lo elegían con dos tercios. Pasaron los meses y en octubre de 2021, tras la derrota en las PASO, el Gobierno intentó apurar su designación con la ley vigente; es decir, la que el magistrado consideró adecuada. El resultado de las elecciones generales modificó la agenda y Casal siguió como interino. Durante su gestión, Mauricio Macri intentó clausurar el interinato, pero su candidata no pasó el filtro del Legislativo. Macri se inclinó por la experta en Derecho Internacional que integró el tribunal que juzga el genocidio de los tutsis, en Ruanda. Su sexo, trayectoria y perfil académico inclinaron la balanza a su favor. Le jugó en contra que el ex presidente impulsó para integrar la máxima instancia porteña cuando fue jefe de Gobierno. En agosto de 2018 se presentó ante la Comisión de Acuerdos. Llegó objetada por Abuelas de Plaza de Mayo y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El grupo liderado por Estela de Carlotto, que nunca censuró el pasado de Eugenio Zaffaroni como juez de la dictadura, aseveró que no tenía “un claro compromiso con los derechos humanos”. El CELS edificó parte de su objeción en su “perfil conservador” al respecto. Lorenzetti Hace poco más de dos años, en la previa de la carrera presidencial, en un evento organizado por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio de la CABA, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti afirmó que era importante hacer una “autocrítica” sobre el funcionamiento de la Justicia federal. “Necesitamos que exista una carrera judicial que garantice que las personas tengan experiencia, serenidad, templanza y equilibrio”, sostuvo. Además, pidió celeridad en las designaciones. Juicios En ese marco, estimó que hay que hacer reformas institucionales para agilizar nombramientos y garantizar la imparcialidad y la independencia del Judicial. Afirmó que “una reforma importante y de la que se habla poco” es la de la Justicia como servicio. En ese marco, reclamó modificaciones para que los juicios sean más rápido y equilibrados y segmentarlos de acuerdo al tipo de conflicto.
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