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Parana » Ahora
Fecha: 30/04/2025 02:30
El Estudio Integral Asesoría tuvo un rol vital, según el Ministerio Público Fiscal, para que la “empresa delictiva” que funcionó en la legislatura provincial durante una década pudiera sustraer dinero público sin problemas. Sin embargo, solo dos de los seis integrantes de esa oficina van a llegar a juicio. Estos son los contadores Pedro Opromolla y Roberto Ariel Faure, ya que tres de los implicados se fueron con probation y este martes se concretó el sobreseimiento del contador Héctor Falco. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dictó a pedido de fiscalía el sobreseimiento del contador Héctor Gustavo Falco, de 56 años. Así, el asistido por los defensores, Emilio y Germán Fouces, quedó desvinculado de la causa que investiga el saqueo al estado entrerriano a través de contratos legislativos entre 2008 y 2018. Satisfacción Emilio Fouces, en declaraciones a APFDigital, expresó: “Más allá del tiempo transcurrido entre que fue imputado y terminó siendo sobreseído, valoro mucho el hecho de que fue sobreseído y que la resolución de la jueza haya dejado a salvo el buen nombre y honor de Gustavo Falco”. El defensor destacó que “Falco es un profesional, es contador público nacional, por lo tanto la confianza que tiene que despertar en su clientela es un capital importante en su labor y este proceso, que ha tenido tanta trascendencia, lógicamente que mansilla o por lo menos instala la duda. Pero fue sobreseído a instancias de la Fiscalía que dijo que no encontró evidencia suficiente para seguir el proceso contra él, y que la jueza lo haya sobreseído dejando a salvo su buen nombre y honor, es una satisfacción como defensor e incluso como amigo que soy de Falco desde hace muchos años; creo que se hizo justicia”. Los defensores habían instado a la desvinculación total de su asistido por entender que no hubo elementos en la investigación que vincularan a Falco con el delito que se investiga. La Fiscalía aclaró que lo solicitaba porque durante la pesquisa encontró elementos o evidencias. Fouces, respecto de aquella diferencia de criterios, expresó que “es una cuestión muy técnica, las causales de sobreseimiento están tabuladas en el código, en el artículo 397 del código de procedimientos, y tiene seis o siete incisos. Fiscalía fundamentó su pedido de sobreseimiento en el inciso cinco, que habla de que no habría prueba suficiente para continuar, y nosotros dijimos que procedía el sobreseimiento, pero que la causal era el inciso tres, que habla de que no cometió el delito”. En ese sentido agregó: “La Fiscalía dio las razones por las que entiende que el delito habría algunos indicios para investigar, pero que después no se puede seguir adelante con la investigación. Pero en definitiva era una cuestión muy fina y de toque final técnico, pero el resultado es el mismo: fue sobreseído y se dejó a salvo su buen nombre y honor, más allá de cuál haya sido el motivo que escogió la jueza”. Integral Asesoría En el punto 2.2.2 de la extensa remisión de la causa a juicio, los fiscales desarrollan “el aporte de los miembros del estudio contable ‘Integral Asesoría’” y despliegan la hipótesis que sostuvieron durante todo el proceso: “Está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación, lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”. Tal como adelantó AHORA, de los 32 imputados por “saquear” el Estado, sólo 19 quedan en proceso, ya que 12 fueron beneficiados con la probation y uno sobreseído. Igualmente, hay un juicio abreviado a tratar que pertenece al imputado Esteban Scialocomo. Referente También sostuvieron que “en efecto, la íntegra gestión impositiva en materia de contratos ficticios era realizada por los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure (quien luego pasó a trabajar directamente con Alfredo Bilbao, de estrecha relación con Gustavo Hernán Pérez), siendo además el primero de ellos, funcionario público por ser agente de planta permanente del Senado provincial, y claramente el ‘referente’ del Estudio Contable para la organización delictiva”. Así, a siete años del comienzo de una investigación que dejó heridos tanto en el sector de la política como en el de la Justicia, Falco se sumó a los profesionales del estudio que quedaron desvinculados del proceso mediante salidas alternativas al juicio. Los primeros integrantes de Integral Asesoría que resolvieron sus respectivas situaciones procesales fueron el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y el informático Nicolás Beber, a quienes se sumó en una audiencia posterior el contador público Guido Daniel Krapp. Al igual que en el caso de Mansilla y Beber, Fiscalía fundó su cambio de parecer respecto al rol de Krapp en que, si bien revestía aquella condición de contratado de obra en la provincia, el aporte que realizó no fue relevante para la consumación del presunto delito y su rol lo desempeñó en el ámbito privado. La Fiscalía recordó que Krapp había adelantado que en el debate solicitaría una pena de cinco años, que vedaba el acceso al instituto, y seis para Opromolla. –
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