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» Diario Cordoba
Fecha: 22/04/2025 11:15
El Gobierno ha pisado el acelerador durante el primer trimestre del año para alcanzar el 2% del PIB de gasto en defensa comprometido con la OTAN y la UE en el marco del plan de rearme. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 'Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa' que mañana se remitirá a Bruselas. Con este plan se alcanzará este mismo año 2025 el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto militar, según ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en La Moncloa. En total, se movilizarán 10.471 millones de euros. "Un compromiso importante, pero también proporcional", que se hará sin subir impuestos, sin incurrir en déficit ni hacer recortes en el Estado de bienestar, según ha garantizado el jefe del Ejecutivo. "No tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa", ha reiterado Sánchez reconociendo las diferencias con sus socios parlamentarios y de coalición. De hecho, Sumar ha presentado una objeción formal al plan en el Consejo de Ministros. Concretamente, al punto referente "a la fabricación y compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión". El jefe del Ejecutivo ha reconocido "discrepancias", pero rebajando las diferencias a "matices" y valorando que existe consenso en lo "fundamental" del plan. Este eje supone casi una quinta parte de los 10.471 millones de euros de inversión, que saldrán íntegramente del presupuesto nacional. El resto de ejes del plan tiene que ver con "mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para equipararlas con las de los países más avanzados de la UE" y aumentar sus efectivos (35% de las inversiones); "desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad (31%); "reforzar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios" (17%) y "mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz de España en el exterior, bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas". La financiación provendrá en buena medida de los remanentes de los presupuestos de 2024, del fondo de recuperación de la UE, de los ahorros por la reducción en el pago de intereses de la deuda y de ciertas partidas incluidas en las cuentas prorrogadas de 2023 que ya no se necesitan por el cometido al que fueron asignadas y que serían transferidas. El plan no pasará por el Congreso, al no haber nuevos presupuestos, ni recurrirse a vías de financiación que supongan ampliaciones de crédito complementarias. Se trata de "decisiones del ámbito ejecutivo", según ha defendido Sánchez para sortear un eventual bloqueo de sus socios. "Este plan no requiere de aprobación de las Cortes", ha zanjado tras ampararse en las competencias ejecutivas otorgadas por la Constitución. A través de transferencias de crédito y el recurso al Fondo de Contingencia ya se habían aprobado diferentes partidas en el Consejo de Ministros. En su última reunión se aprobó además un préstamo de Industria de 1.000 millones para que el departamento liderado por Margarita Robles saque adelante el programa espacial PAZ 2, con el que seguir proporcionando a las Fuerzas Armadas y la Seguridad del Estado imágenes tomadas desde la órbita terrestre. La Armada atraerá una buena parte de las inversiones nuevas en el plan del Ejecutivo y en la movilización del plan se incluyen también créditos. El despliegue del denominado ‘Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa’ se anunció para "antes de verano", pero se optó por acelerarlo para cumplir los compromisos ante la reunión este miércoles del comité de planificación de la OTAN. Un plan desde el que canalizar el aumento del gasto militar y concentrar el grueso de la “inversión adicional” exigida para cumplir con la Comisión Europea. Se trataría de un salto de seis décimas del PIB, tras revisarse hasta el 1,4% lo invertido en 2024 (de los 1,28% previstos). La intención es mirarse en el espejo de los fondos europeos para impulsar un salto tecnológico e industrial a través de colaboración público-privada. El foco se pone en la innovación. La filosofía del plan, según lo definió el jefe del Ejecutivo, es que sirva “para crear empleo y también empresas para continuar con la reindustrialización emprendida hace siete años en todas las provincias de nuestro país, como hicimos durante la respuesta a la pandemia de la covid 19, sirviéndonos de esos recursos económicos para estimular nuestra economía y modernizarla en clave verde y digital”. La mirada está puesta en convertir la necesidad de aumentar el gasto en defensa en una “oportunidad” para el impulso tecnológico e industrial. Igualmente, se apunta a la máxima de “generar empleo”. Todo ello, con el objetivo de que España centre sus inversiones en material de doble uso e I+D. Por todo ello, Sánchez ha volteado las críticas de algunos socios parlamentarios para presentar este plan como una oportunidad de crecimiento económico. Según las estimaciones de Moncloa, a lo largo de su ejecución, el plan tendría un impacto estimado de entre el "0,4 y el 0,7" del PIB. Asimismo, se defiende que ayudará a modernizar y dinamizar el tejido empresarial de todas las comunidades autónomas. Sánchez ha trasladado que se crearán cerca de 100.000 empleos, de los que unos 36.000 serían directos. Para ello, los cálculos de los que ha dado cuenta Sánchez son que el 87% de estas inversiones se quedarían en España, mientras que solo el 5% iría a parar fuera de la UE para la adquisición de piezas o componentes que a día de hoy no se producen en el mercado común. El papel de la Armada Más allá de los programas de inversión ya previstos por Defensa, nuevas partidas de gasto extraordinario se prevén en la Armada, cuyos planes para adquirir capacidad expedicionaria y de combate representan más de un tercio de los proyectos de innovación de los ejércitos. Con nuevos capítulos de gasto en Defensa, la Armada podrá afrontar el programa de modernización de las cinco fragatas F-100 –Álvaro de Bazán, Juan de Borbón, Blas de Lezo, Méndez Núñez y Cristóbal Colón- y los seis cazaminas -Duero, Tambre, Turia, Sella, Segura y Tajo- que actualmente forman parte de la Flota. La puesta a punto de los cazaminas, que llevan 20 años de media en servicio, está prevista por el Ejecutivo, pero no iniciada aún, desde 2023, con un plan de inversión de 135 millones hasta 2027 que ahora podría verse incrementado para incorporar nuevas tecnologías a los barcos., especialmente en la detección antisubmarina. Pero es la revisión y puesta a punto de media vida de las fragatas el principal capítulo de gasto: 3.000 millones de euros, según fuentes no oficiales de la Armada, para dotar a de nuevos sistemas de guerra electrónica y de navegación, mando y control para otros 25 años de vida operativa. La modernización de la actual vanguardia de la Armada supone año y medio de trabajo en astilleros por cada buque, simultaneándose en Ferrol con la construcción de las fragatas F110, las más modernas con que contará Defensa, y que actualmente representan una primera fase de inversión de otros 4.449 millones de euros. Para la construcción de las F100, las referidas fuentes esperan el anuncio, este martes o más adelante, de un incremento en el techo de gasto del programa. Lo mismo se espera para la serie de submarinos S80, especialmente si el Gobierno decide finalmente aumentar la flota inicialmente planteada hasta seis de esas unidades. Con el aumento de inversión, en la Armada vuelven a salir planes para la construcción de petroleras de puerto y más patrulleros de los inicialmente previstos, además de los ya anunciados dos nuevos buques de acción marítima y otro buque de aprovisionamiento en combate, por 550 y 211 millones respectivamente, además del incremento de la flota de buques hidrográficos costeros con 162 millones. No tiene Defensa aún decidido otra inversión de primera línea, por peso y necesidad estratégica: el ala fija embarcada, o sea, el plan para sustituir a los cazas Harrier en el portaeronaves Juan Carlos I, aviones que llevan 40 años de uso y se aproximan al final de su vida operativa. El caza norteamericano F35 de Lokheed Martin, la única opción, sigue sin ser señalado en el ministerio que dirige Margarita Robles.
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