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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/04/2025 06:50
Por Alfredo Flury El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se declaró en alerta “ante la falta de respuesta del Gobierno provincial, la inexistencia de una propuesta salarial y el cierre de la carga salarial en el sistema Meta 4”, referencia esta última al sistema que liquida los sueldos, en este caso del mes de abril. De esta manera, la Comisión Directiva del SEP dispuso realizar asambleas informativas en todas las reparticiones de la administración pública y hospitales de la provincia. “La falta de convocatoria por parte del Ejecutivo y de una propuesta concreta previa a la carga de los salarios de abril, llevó a que la Comisión Directiva del SEP decidiera tomar estas medidas”, dijo a Comercio y Justicia el titular del gremio, Sergio Castro. En rigor y según pudo conocer este medio, hubo diálogo informal entre las partes pero nunca una oferta concreta. Desde el Ejecutivo por ahora prefirieron el silencio aunque insistieron en que la propuesta no será muy diferente de la realizada a la UEPC y que ya fuera aprobada por los docentes. Esa paritaria ya acordada y que se extenderá hasta enero de 2026 inclusive, contempla subas conforme a la inflación más un “adelanto de pauta” para que el salario real recupere poder de compra. En paralelo, una cláusula de revisión en noviembre, ante la posibilidad de que la inflación supere los aumentos otorgados. Ayer, el gremio docente emitió un documento en el que reclama a la Nación que restituya los envíos de fondos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba para que, de esta forma, el gobernador Martín Llaryora pueda eliminar el diferimiento previsional y el Aporte Solidario, entre otros puntos. Sin embargo, la UEPC por ahora no pedirá revisar la paritaria toda vez que, según ya anticipó Comercio y Justicia, tiene una cláusula que les permite cobrar la inflación en caso que el adelanto de pauta quede por detrás de la suba de precios. El reclamo del SEP Por su parte, el SEP exige la continuidad del blanqueo del salario básico para llevarlo al menos a entre 500 mil o 600 mil pesos. En paralelo, “la actualización de los salarios por inflación y la incorporación de la cláusula gatillo, ante la incertidumbre producida por la reciente devaluación de casi 20% que profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, indica el documento difundido por el gremio. Hay que aclarar que la devaluación en el primer día de salida del cepo llegó a 12,1% pero ya ayer, el dólar oficial cerró en valores similares al día previo a la eliminación de las restricciones cambiarias. Como fuere, hay un dato ineludible y es que los precios de muchos productos se incrementaron, pese a que el dólar volvió a los valores originales de 10 días atrás. Asimismo, el SEP pidió la urgente reglamentación de la ley 10889 que permita el traspaso voluntario de los trabajadores de salud a la ley 7625. También reclaman la reincorporación de la totalidad de las y los trabajadores despedidos, la incorporación de recursos humanos y cobertura de altas por bajas, especialmente en las áreas hospitalarias críticas, con contratos genuinos y no bajo las figuras de monotributos o becas. Finalmente, el gremio exige el fin del diferimiento que se aplica a los haberes de los jubilados y del Aporte Solidario establecido en el artículo 58 de la ley 10694. Por lo demás, con relación a la Apross, el SEP reclamó la suspensión del Fosaet, el fondo, por ahora suspendido, que sube los aportes a la obra social. También solicitaron al Gobierno provincial la normalización de todas las prestaciones, especialmente a aquellos afiliados que presentan patologías crónicas y de alta complejidad. Por último y frente a los acontecimientos ocurridos tras el incendio en la sede central de la Apross, el gremio expresó su solidaridad con las y los trabajadores de la obra social. Por lo pronto, el planteo del gremio, ya anticipado por Comercio y Justicia, supone un nuevo problema para Llaryora, cuya administración supone que la tensión cambiaria, aún con un dólar ahora en baja, provocará una suba de precios, recaudación en baja y dificultades para afrontar los diferentes gastos, entre ellos la presión gremial por mejores salarios, y el ritmo de obra pública. Suoem Por su parte, el gremio que conduce Rubén Daniele sigue negociando con la Municipalidad de Córdoba un acuerdo salarial corto, con la premisa de recuperar poder de compra de los haberes. En ese contexto, fuentes del Ejecutivo consultadas por Comercio y Justicia, aseguraron que la oferta de la administración de Daniel Passerini al Suoem se basará en la evolución de la recaudación, tal como ocurrió el año pasado cuando arreciaba la crisis. Según pudo saber este medio, los ingresos tributarios de la comuna no logran consolidarse en un sendero positivo y el corto plazo plantea un panorama incierto, con chances de una caída real de la recaudación. Así las cosas, es difícil que las partes lleguen a un acuerdo por lo que no extrañaría que en breve el Suoem active un plan de lucha.
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