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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/04/2025 05:25
Hay dos proyectos en el Senado para modificar la Auditoría General de la Nación (AGN) que acortan los ocho años de vigencia de los seleccionados por el Congreso. El principal órgano de control externo sobre los gastos estatales sigue en irregularidad en cuanto a su conformación desde que, en 2024, finalizó el mandato de los designados por Diputados. Este año cesó también el de los tres nombrados por el Senado. Así, solo queda el titular de la entidad, Juan Manuel Olmos, electo por el kirchnerismo, por ser el principal espacio opositor, tal como establece la ley. Luego de la reactivación de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, la oposición buscó tratar cuestiones relacionadas con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y el Gobierno logró sacar adelante las auditorías sobre universidades nacionales, cuyo resultado se espera para agosto. Las iniciativas en el Legislativo sobre la AGN las presentaron José Mayans, del Frente de Todos, y Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas Ambas prevén la disminución del mandato de los integrantes de la AGN, que pasaría de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Difieren en la remuneración de los auditores: el texto de Mayans dice que será equivalente a la de legisladores, y el de Romero determina que no perciban un monto mayor a la dieta de los senadores. Otra diferencia es en cuanto a la conformación de la AGN. Mayans propicia la ampliación de siete a nueve miembros, mientras que Romero mantuvo la integración vigente. En los fundamentos de su proyecto, Mayans consideró que urge un cambio en “un organismo de tal importancia” en el control del sector público “que se ajuste en mayor medida a las nuevas realidades institucionales y las composiciones parlamentarias actuales” mediante “un número suficiente la participación de otras fuerzas políticas”. Por su parte, en consideración de tiempos que ya corren, Romero planteó que al nombrarse los primeros auditores generales con el período de duración de sus mandatos por cuatro años, por sorteo, se determinará quiénes serán los tres que permanecerán en sus cargos durante dos años, correspondiéndole cuatro a los tres restantes. Marzo En marzo, el Colegio de Auditores Generales de la Nación sesionó. Trató más de 30 informes y le delegó facultades a Olmos para garantizar la continuidad del control, teniendo en cuenta que el 5 de abril finalizaban los mandatos de los representantes de la Cámara Alta Javier Fernández, Alejandro Nieva y Graciela De la Rosa. Si bien Olmos puede aprobar informes, tiene injerencia sobre la gestión administrativa general del organismo y en el inicio y continuidad de los proyectos de auditoría aprobados en el Programa de Acción Anual 2025. La Ley de Administración Financiera establece que el titular de la AGN debe cumplir las órdenes del Colegio de Auditores para que el organismo continúe trabajando con todas sus gerencias y personal. Por lo pronto, los senadores Fernández y Nieva y los diputados Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada siguen en funciones y cobrando en calidad de “asesores” remunerados, como miembros del Consejo Consultivo, una figura creada por una resolución que votaron en octubre de 2023, durante la presidencia del radical Jesús Rodríguez, que establece que podrán integrarlo los ex auditores que así lo deseen. La medida busca preservar el funcionamiento operativo, pese a que los informes técnicos producidos por las auditorías no pueden ser aprobados sin un quórum formal del Colegio de Auditores. A la fecha, por más que las auditorías sigan su curso, los informes están paralizados hasta tanto no se conforme el nuevo Colegio de Auditores. La situación es inédita y ni en el Senado ni en Diputados hay acuerdo alguno en marcha entre los bloques para resolver las nuevas designaciones. Desde hace un año la AGN funciona de una manera irregular. A lo largo de 2024 funcionó con cuatro de sus siete auditores, luego de que vencieron los mandatos los tres representantes de Diputados: Mihura Estrada, Forlón y Rodríguez. De ellos, solo el radical decidió no formar parte del consejo consultivo. Hace 15 días vencieron los mandatos de los restantes tres auditores: Nieva, Fernández y De la Rosa. El organismo cuenta con un presupuesto de más de $60.000 millones. Su plantel de personal es de alrededor de 1.800 empleados y los sueldos de los auditores son de los más altos de la administración pública nacional.
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