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Parana » Radio La Voz
Fecha: 21/04/2025 23:04
El abogado defensor en la causa contratos de la Legislatura, José Velázquez, en comunicación con RADIO LA VOZ, realizó un análisis de la misma y remarcó que no se trató de contratos truchos. “La semana pasada terminamos acordando con el Ministerio Público Fiscal la salida alternativa de una cantidad de personas que, para la tesis de Fiscalía, tenían una participación poco intensa, muy leve, accesoria, y para la defensa que si hubiésemos ido a juicio salían absueltos claramente. Hubo un punto de acuerdo a través de una suspensión de juicio a prueba”, señaló. “Acá son solamente contratos, eso de truchos está de más. Hasta la fecha no hay ninguna sentencia que diga que son contratos truchos, ni tampoco se puede alegar contratos falsos porque todas las erogaciones que salieron de la Legislatura eran contratos que cumplían con todos los requisitos legales”, enfatizó Velázquez. A partir de lo que dijo el Gobernador, “vamos a decir todos estos contratados que el Ministerio Público Fiscal lleva como testigos no puede ser confiables e idóneos, porque fueron partícipes del hecho, ellos mismos han reconocido que han prestado su nombre, que luego fueron a inscribirse en AFIP, se dieron el alta; en este contexto, también va a recaer sobre ellos una acción de lesividad para supuestamente el reintegro de las sumas de dinero. En esa línea, estas personas no pueden ser testigos”. Por ende, “deben quedar excluidos porque son partícipes del hecho. Lo que ha hecho el Gobernador fue interesante, desenmascarar algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo y que estas personas no son víctimas, prestaron su nombre”. Velázquez analizó: “¿Cómo vas a descubrir la realidad de los hechos si llevás testigos totalmente coaccionados, condicionados. Lo que necesitás es un primer eje de testigos que sean confiables, que no tengan ningún interés en la causa”. “La discusión acá es de alto voltaje político, después podemos discutir qué se hacía con esos fondos y por qué, el costo de la democracia, esa es otra discusión, pero no en el ámbito penal; por eso creemos que es interesante lo que ha hecho el Gobernador, por ahí le dio un giro electoralista, pero la realidad es que la propia Legislatura tiene que investigar qué pasaba con esos contratos. Estamos convencidos que ese ámbito administrativo va a ser un lugar interesantísimo para ejercer nuestro derecho a defensa”. Aclaró que: “Es interesante que la decisión salga del cuerpo, porque cuando inicien las acciones de lesividad, luego de una investigación administrativa, tiene que tomar una resolución, establecer las pautas y ordenar la investigación, inclusive nos tiene que correr vista a nosotros para aportar y ejercer el derecho de defensa”. A su criterio, no hay un hecho de corrupción, “ni siquiera se han puesto de acuerdo con el número, salió el Fiscal de Estado a decir otra cosa. En su momento habían embargado a todos los sindicados por 2 mil millones de pesos más mil millones de costas, terminó en un embargo de 200 mil pesos porque no pudieron justificarlo”. Velázquez consideró: “Es muy fácil decir, porque hay cierta sensibilidad social respecto a lo que tenga que ver con corrupción, pero al momento de probarla tiemblan las piernas. Para nosotros esta instancia administrativa de verificar si se cumplieron o no los requisitos va a ser buenísimo porque ahí nosotros vamos a poder explicar un montón de cosas que no nos dejaron explicar en esta instancia”. “Esta es la primera vez en que el Estado, a través de la Fiscalía de Estado, se constituye en actor civil en una causa penal. Habitualmente lo que hace el Estado es, una vez que haya sentencia firme o definitiva, inicia las acciones de responsabilidad civil, la devolución de la suma de dinero. Con muchos imputados hemos resuelto la cuestión penal, pero la civil subsiste, y se va a discutir eventualmente en un juicio”. “Se pueden llegar a plantear, eventualmente, algunas cuestiones previas, porque no podés estar por un lado llevando acciones civiles en el ámbito administrativo y judicial, hay que tomar una decisión para evitar un escándalo jurídico. Puede haber una sentencia de absolución o de culpabilidad y en el ámbito administrativo totalmente distinto”, remarcó. A partir de los dichos del Gobernador, agregó Velázquez, “no podés ir a plantear en este hecho testigos que cuando se sienten en el banquillo tengan la carga de la acción penal y por el otro lado va a estar defendiéndose por una lesividad del Estado, ¿qué confiabilidad tenés de que este testigo diga la verdad?”. El martes “empezarían las exclusiones, conforme el cronograma que planteó la dotora Barbagelata”.
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