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» El Ciudadano
Fecha: 21/04/2025 01:13
El borrador del pliego de licitación del manejo de las hidroeléctricas que mandó la secretaría de Energía de la Nación a los gobiernos de Neuquén y Río Negro no sólo mantiene los aspectos más cuestionados por las provincias sino que además las deja sin participación accionaria. Hay, eso sí, un reconocimiento al canon que los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck impusieron a las hidroeléctricas pero que aún no cobran. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) seguirá con las mismas funciones que hasta ahora, igual que el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep). Las provincias pretenden tener, como ocurrió cuando se privatizaron por primera vez, la posibilidad de quedarse con acciones de las concesionarias (los senadores de Unión por la Patria pidieron la mitad incluso). Pero desde la secretaría de Energía que conduce María Tettamanti fueron muy claros: no habrá más que privados en las concesiones. Diario Río Negro quiso saber cómo hará Nación para cumplir con la orden judicial (que tiene más de dos décadas de dictada) que obliga a invertir en alguna obra sobre el río Neuquén que pueda contener una crecida máxima probable que las presas que ahora existen no podrían absorber. “El Orsep deberá llamar a la realización de estudios para ver cuál es la obra óptima y dónde ubicarla”, respondió el vocero consultado. “El costo será solventado por los nuevas concesionarios”. Represas: La licitación Lo que se hará este mes es licitar la operación y el mantenimiento de ocho de las nueve presas que construyó el Estado nacional desde finales de la década del 60 hasta entrados los 90 en el norte de la Patagonia. Están concentradas en cuatro sociedades anónimas que creó el gobierno de Javier Milei: El Chocón (que incluye su derivador, Arroyito), Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados (que es un complejo de varias obras de ingeniería). A una quinta empresa, Pichi Picún Leufú, aún le quedan años de concesión. En la secretaría de Energía sostienen que la discusión de nuevos parámetros del manejo del agua está zanjada, pero en la AIC sostienen lo contrario y esperan una pronta definición. Ese será uno de los anexos que tendrán los pliegos; los otros se refieren a la protección ambiental, a la seguridad de las presas y los trabajos obligatorios. -¿No habrá asociación con los Estados de Neuquén y Río Negro? -Se les está dando participación para que opinen en cuanto a las condiciones de la licitación -respondieron desde Nación. Represas: Qué dicen los pliegos En los pliegos hay puntos que son clave para el futuro de las presas y de los ríos: • “La concesionaria deberá realizar, a su cargo, el relevamiento y la auscultación permanente de las presas y demás instalaciones, y el control de las condiciones de seguridad estructural y funcional del complejo hidroeléctrico, por medio de instrumental adecuado y de técnicos propios o contratados, de reconocida experiencia e idoneidad en dicha tarea. El Orsep, con suficiente fundamento técnico, podrá disponer que la Concesionaria, a cargo y costo de ésta, reemplace instrumental utilizado por ella, o coloque instrumental adicional”. • “La concesionaria no tendrá derecho a compensación alguna por parte del concedente, ni de las provincias integrantes de la AIC, con motivo de los usos o aprovechamientos de cualquier índole ya existentes o que en el futuro se autoricen por parte del concedente o las provincias aludidas en la cuenca aguas arriba o abajo del complejo hidroeléctrico”. • “Cuando un participante (o sus integrantes) suministre energía al mercado eléctrico mayorista (MEM), deberá acreditar que la generación que controla más la que aspira a controlar a través de su participación en este concurso es inferior al 20 % de la oferta eléctrica total del mercado argentino, la que se define a los efectos del concurso en 42.100 MW de potencia instalada”. • Las empresas o personas físicas que pretendan participar de la licitación deben acreditar la propiedad de activos por no menos de 300 millones de dólares y un patrimonio superior a los 150 millones de dólares. • Las actuales concesionarias “adoptarán las medidas necesarias para disolver el vínculo laboral, haber abonado las indemnizaciones respectivas, o incluso haber cancelado el vínculo jurídico que mantengan con aquel personal bajo relación de dependencia o contratado, sean estos de carácter permanente o temporario”. • Los empleados podrán continuar con el mismo empleo en las nuevas empresas y para ello deberán respetarse la antigüedad de cada uno. • “Las partes pactan la jurisdicción de los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires, con renuncia de cualquier otro fuero o jurisdicción”. • Nada indica que la AIC o el Orsep vayan a recibir la potestad de aplicar multas a los concesionarios, algo que estuvo claro cuando se hicieron las privatizaciones de las presas hace 30 años pero que quedó en la nada con el correr de los años y las resoluciones políticas de los conflictos. Represas: La tarifa “La concesionaria tendrá derecho a una remuneración por la potencia disponible mensual y por la energía generada asociada a dicha potencia, bajo el siguiente esquema: durante los primeros dos años contados a partir de la toma de posesión, por el 95% de la potencia disponible mensual y la energía generada asociada”, se lee en el borrador de los pliegos de licitación. Tendrá ese 95% una tarifa fija que en los documentos que trascendieron no está definida (el espacio está en blanco) con el fin, al parecer, de que esa energía abastezca el mercado residencial, con un valor a trasladar a las tarifas de los consumos hogareños más bajos que los que se les cargan a las facturas de la industria y el comercio. El 5% restante cada hidroeléctrica podrá comercializarlo en el mercado a término, con valores de libre negociación entre las partes. Hay en los pliegos una tabla que va modificando las proporciones, con un punto de equilibrio en 2035 (la mitad con valor regulado, la otra mitad con contratos). En cuanto a la seguridad de las presas, un tema que es trascendente para las poblaciones que viven aguas abajo, se mantienen las obligaciones de auscultación permanente y la contratación de un “consultor independiente” designado por el Orsep para que “realice los estudios y elabore los informes y evaluaciones periódicas en materia de seguridad”. Esos informes y evaluaciones “deberán especificar todos los vicios, defectos, deterioros y riesgos potenciales para la seguridad del complejo hidroeléctrico y las medidas, obras y trabajos correctivos, de mantenimiento y de prevención que, de acuerdo a las reglas del arte en cada momento, se recomienden para subsanarlos”, señalan los pliegos de la licitación. Fuente: Diario Río Negro – Martín Belvis
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