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Parana » Bicameral
Fecha: 21/04/2025 20:04
Un proyecto de declaración presentado formalmente este lunes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone expresar su “beneplácito” por la decisión del Poder Ejecutivo de instruir al Fiscal de Estado “para que solicite a ambas Cámaras de la Legislatura provincial la declaración de nulidad de cerca de 800 contratos irregulares realizados durante gestiones anteriores, en el marco de una política de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. El proyecto al que tuvo acceso Bicameral no salió de la pluma del bloque oficialista, que celebró la medida mediante un comunicado, sino de los diputados Roque Fleitas y Débora Todoni (La Libertad Avanza), que proponen una declaración por parte de la Cámara. Cabe recordar que la semana pasada el gobernador Rogelio Frigerio solicitó a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores la nulidad de 770 contratos ilegales que generaron un perjuicio millonario al Estado provincial entre 2008 y 2018. La medida es parte de un proceso administrativo que va en paralelo al judicial. “La política no puede quedarse con los brazos cruzados y mirar al costado”, dijo el mandatario sobre la causa de los contratos truchos. “Corresponde valorar positivamente que el Poder Ejecutivo impulse activamente este tipo de acciones, tendientes a esclarecer y corregir prácticas administrativas viciadas, que han significado un gasto innecesario para el Estado provincial, en detrimento de la inversión en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad”, sostienen los diputados libertarios. Se trata de un tema que generó una megacausa que se tramita en la Justicia, en la cual no están imputados ninguno de los expresidentes de las dos Cámaras durante el período investigado. La narrativa de la lucha contra la corrupción, sin embargo, es un tema que genera coincidencias entre el oficialismo provincial y los libertarios, en un año de elecciones donde se habla de una posible alianza. Según indicaron, “no es ocioso destacar que la proliferación de contratos irregulares no solo constituye una irregularidad administrativa grave, sino también una forma de corrupción estructural que vulnera la confianza pública, alimenta la impunidad y desvía recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo”. “En ese sentido, apoyar institucionalmente la medida tomada por el Ejecutivo Provincial es también una manera de ratificar nuestro compromiso con una política honesta”, agregaron.
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