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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 20/04/2025 03:34
(ADN).- En el sutil terreno donde se cruzan decisiones administrativas y relaciones personales, el acuerdo entre la Municipalidad de Bariloche y la empresa Navtour SA para saldar un litigio de vieja data reabre preguntas que incomodan. El intendente Walter Cortés decidió desistir del juicio y acordar un pago de 900.000 dólares con la firma mendocina, sin impugnar el monto reclamado ni recurrir la sentencia parcial que motivó el trato. Detrás de la resolución administrativa y de la cifra millonaria, se despliega una secuencia de nombres que invita a pensar en algo más que una negociación convencional. El conflicto se originó en 2018, cuando la Dirección de Inspección General —dependiente del municipio— dio de baja la habilitación comercial de Navtour SA, una empresa que operaba desde 2005 en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo, expendiendo combustibles. Según consta en la crónica oficial, la medida se tomó por abandono del predio. La firma no tardó en responder: exigió la continuidad del trámite de habilitación y presentó una demanda por daños y perjuicios que alcanzó los 2,6 millones de dólares. La representación legal de Navtour fue asumida, en un primer momento, por Martín “Mike” Domínguez, actual vocero del propio intendente Cortés y asesor legal del Sindicato de Comercio, que lidera el mismo jefe comunal. La causa, a lo largo del tiempo, quedó en manos del estudio jurídico A y C, del cual es parte Domínguez, y fue tomada luego por su socio, Damián Vila. Vila —hoy integrante del Tribunal de Contralor municipal— actuó como apoderado de la firma hasta asumir su cargo institucional. Su lugar lo ocupó Luciano Stella, también vinculado al círculo del asesor del intendente. Así, la causa avanzó dentro de un reducido espectro de relaciones jurídicas y políticas, sin demasiado ruido público, pero con impacto potencial para las arcas municipales. Un dato no menor es que, durante el litigio entre las partes, en octubre de 2022, una de las instancias llevó a la empresa a ofrecer tres declaraciones testimoniales: las de Mike Domínguez, Damián Vila y Verónica Oviedo Piñeyro. Todos integrantes del mencionado estudio jurídico. En noviembre de 2023, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería dio la razón parcialmente a Navtour: entendió que el municipio había actuado de forma “arbitraria” y comprometido la seguridad jurídica, por lo que ordenó reanudar el procedimiento iniciado casi dos décadas atrás. Lo que podría haber sido un caso para resolver en la instancia judicial siguiente, derivó en un acuerdo extrajudicial. Y es que, sin respuesta judicial desde la comuna durante varios meses, el siguiente paso llevó a las partes a acercar posiciones en una mediación en octubre de 2024. En una resolución del pasado 8 de abril, el Ejecutivo local aseguró que evitó el juicio con Navtour y que, frente al millonario reclamo, había resuelto el pago de 900.000 dólares, una suma significativamente menor al reclamo original, pero aún considerable para un municipio en situación fiscal compleja. El expediente fue validado por la Comisión de Transacciones, un espacio que cuenta con representación de los máximos referentes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el propio Tribunal de Contralor. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversia. La ausencia de apelación y la celeridad con la que se convalidó el pago —a pesar de los vínculos evidentes entre los representantes legales de la empresa y el entorno del intendente— dejó abiertos múltiples interrogantes. ¿Por qué no se continuó el litigio si el municipio tenía fundamentos para discutir la indemnización? ¿Cuál fue el análisis de costo-beneficio que guio la decisión? ¿Y cómo se resguarda el principio de imparcialidad institucional cuando actores del conflicto terminan integrando los organismos de control? En una ciudad donde las decisiones judiciales sobre habilitaciones, inversiones y patrimonio urbano son cada vez más observadas, el caso Navtour no sólo interpela al gobierno local. También plantea el debate sobre la transparencia, la delgada línea entre lo legal y lo ético, y la responsabilidad política en el manejo de los fondos públicos. Mientras tanto, en los papeles todo parece resuelto. Pero fuera de ellos, la política se juega en otro plano.
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