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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 20/04/2025 02:02
Por Roberto Schunk (*) Especial para ANÁLISIS Tras recibir un nuevo desembolso de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y salir parcialmente del cepo cambiario, el Gobierno anunció el martes por la noche una medida clave para la etapa económica que se avecina. Se trata de la reapertura del país a los fondos de inversión extranjeros, permitiendo una práctica conocida en la jerga financiera como carry trade, o “bicicleta financiera”: entrar con dólares, colocarlos en instrumentos en pesos con altas tasas de interés y luego retirarlos nuevamente en moneda extranjera. Esta estrategia —ya conocida por los argentinos— resurge con fuerza, a diferencia de los últimos meses, en los que se había dado de forma limitada y casi exclusivamente local. Esto ya lo vivimos. Fue entre 2016 y 2017, y terminó estallando en 2018. En ese entonces, el “carry trade a lo grande” dejó consecuencias que aún seguimos pagando. Lo analicé en un artículo publicado en Revista Análisis Digital, el 3 de noviembre de 2022, titulado “La timba financiera de Macri y la destrucción del país”. Allí afirmaba: “Los tres grandes períodos de sobreendeudamiento que vivimos nos dejaron deuda externa, pobreza y destruyeron nuestras capacidades productivas, que están principalmente en las pequeñas y medianas empresas. Empresas que saben hacer, porque el conocimiento nace del hacer. Nos arrasaron las construcciones de largo plazo: Las capacidades productivas de nuestros empresarios. El sistema científico y tecnológico. El sistema educativo.” O sea, que cuando estos irresponsables se retiran de la conducción política del Estado no solo te dejan una deuda impagable y cerca del 40% de la población en la pobreza: también nos paralizan. Nos quiebran las piernas y ni siquiera nos dan muletas. No podés caminar. Te destruyeron el aparato productivo”. Y mientras aún sufrimos las secuelas del último ciclo de endeudamiento, estamos presenciando el inicio de un cuarto, cuyo esquema intentaré describir a continuación. ¿Cuál es el plan de Milei y Caputo? El fin de semana pasado pensé que el Gobierno buscaría fijar un dólar intermedio, alrededor de los $1.250. Imaginé que, de esa forma, intentaría incentivar al campo a liquidar su producción, generando así los dólares que necesita para cumplir con una de las exigencias del FMI: la acumulación de reservas. Pero me equivoqué. Los actuales funcionarios, sin duda más inteligentes y audaces que yo, apuntan a algo más ambicioso: construir una “nueva Argentina”. Para lograrlo, necesitan sí o sí ganar las elecciones de octubre. Solo con un respaldo electoral sólido podrán avanzar con los cambios estructurales que, según su visión, el país necesita para “volver a ser una potencia mundial”, como lo fue durante el modelo agroexportador de fines del siglo XIX y principios del XX. Un dato para recordar No pretendo reescribir la historia argentina, pero hay ciertos datos que el presidente Milei no debería pasar por alto. Durante el período liberal de nuestra historia, figuras como Mitre (1862–1868), Sarmiento (1868–1874) y Avellaneda (1874–1880) fueron elegidos presidentes con apenas entre el 1% y el 2% de la población. Estamos hablando de 14.000, 19.000 y 25.000 votos respectivamente. Julio Argentino Roca, protagonista de la denominada “conquista del desierto”, fue electo presidente en dos ocasiones (1880–1886 y 1898–1904) con cifras similares. Lo hizo bajo una consigna emblemática de aquella época: “Paz y administración”. Hoy, sin embargo, la Argentina es otra. El contexto, la sociedad y sus demandas son muy distintos. Las decisiones del poder afectan directamente a millones de personas, en especial a los sectores más vulnerables. Volver a aplicar fórmulas del pasado, sin tener en cuenta la complejidad del presente, puede llevarnos a repetir errores que ya pagamos demasiado caro. Treinta años de inestabilidad, exclusión y analfabetismo: una advertencia histórica Entre 1886 y 1916, solo un presidente, Julio Argentino Roca, logró completar su mandato constitucional de seis años. En ese período, pasaron por el poder diez presidentes, con una duración promedio de apenas tres años por gestión. Esta inestabilidad política es solo una parte del complejo panorama de exclusión y desigualdad de aquel entonces. En resumen, y sin abrumar con datos, basta con señalar que estos presidentes fueron elegidos por apenas entre el 1 y el 2% de la población. Esto refleja con claridad que la inmensa mayoría de los argentinos estaban marginados del sistema político, económico y social. Pero aún falta destacar un dato que permite comprender con mayor profundidad la época que algunos sectores, como el actual gobierno de Javier Milei, pretenden reivindicar. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, en 1869, se realizó el primer Censo Nacional de Población, que arrojó un total de 1.877.490 habitantes. El dato más impactante de ese relevamiento fue que el 77% de la población era analfabeta. El regreso de la bicicleta financiera Siguiendo con el presente, el martes 15 de abril de 2025, el gobierno difundió un comunicado que reabre la posibilidad de un nuevo ciclo de carry trade, una estrategia financiera basada en el ingreso de capitales especulativos que buscan aprovechar tasas de interés altas con un tipo de cambio artificialmente contenido. Hasta el viernes anterior (11 de abril), ya se percibía con claridad el fracaso del esquema económico del gobierno. Las reservas internacionales caían a diario, el dólar oficial estaba bajo una presión creciente, y las cotizaciones paralelas habían alcanzado niveles alarmantes: entre $1.350 y $1.400. Ante esta situación, no quedó más remedio que recurrir a un salvataje urgente del Fondo Monetario Internacional (FMI). De no hacerlo, el presidente Milei enfrentaba el riesgo real de no poder completar su mandato. La bicicleta financiera que lideraba el ministro Caputo, con un dólar fijo en $1.070, solo funcionaba si continuaban ingresando divisas al Banco Central. Sin embargo, en las últimas semanas esto se volvió insostenible. Día tras día, el gobierno perdía capacidad de intervención en el mercado cambiario, lo que derivó en crecientes rumores de una inminente corrida. El mercado de futuros ya descontaba una fuerte devaluación, mientras que los inversores se desprendían de las Letras del Tesoro (LECAPs), que alimentaban esta bicicleta. Estos títulos ofrecían un rendimiento muy superior al ritmo de devaluación del dólar oficial, que desde el 1° de febrero se ajustaba apenas al 1% mensual, frente al 2% que se aplicaba previamente. Más deuda, menos futuro Como consecuencia, el gobierno debió aceptar un plan impuesto por el FMI que implica más deuda y compromisos a futuro, hipotecando una vez más el porvenir de las próximas generaciones. Todo esto en abierta contradicción con lo que prometía Javier Milei durante la campaña presidencial. Para dejar en claro la magnitud del endeudamiento, a continuación, se detallan los desembolsos previstos por parte del FMI y otros organismos internacionales para el año 2025. - La nueva deuda externa y los efectos del fin del "dólar BLEM" Fondos inmediatos El martes 15 de abril de 2025 ingresaron al país 12.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se sumarán: -2.000 millones de dólares adicionales del FMI, previstos para los próximos 60 días. -3.600 millones de dólares aportados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también en el mismo plazo. -2.000 millones de dólares más, que serán negociados mediante operaciones de repos con bancos privados. Subtotal inmediato: 19.600 millones de dólares a ingresar en un lapso de 60 días. Segundo semestre de 2025 -1.000 millones de dólares del FMI. -2.500 millones de dólares provenientes de otros organismos internacionales. Subtotal segundo semestre: 3.500 millones de dólares. Total hasta fin de año: 23.100 millones de dólares. Argentina sigue siendo el principal deudor del FMI, con cerca del 55% del total de préstamos del organismo, y además ha incrementado significativamente su endeudamiento con otras entidades multilaterales —como el Banco Mundial y el BID— y también con la banca privada. Pero hay un dato clave: desde el martes 15, se abrió un nuevo canal de endeudamiento. El gobierno habilitó la entrada de fondos de inversión internacionales —BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, State Street Global, J.P. Morgan, entre otros— para hacer nuevamente carry trade, tal como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2018. En otras palabras, volvemos a jugar en las “ligas mayores” de la especulación financiera. El fin del dólar BLEM y la tensión con el campo Hasta el viernes 11 de abril, los exportadores liquidaban sus ventas bajo el esquema del "dólar BLEM", que les permitía vender el 80% de sus divisas en el mercado oficial (mayorista) y el 20% restante en el segmento financiero (Contado con Liquidación), lo que les daba un tipo de cambio más alto. El nuevo acuerdo con el FMI eliminó ese mecanismo, lo cual redujo considerablemente la rentabilidad de los exportadores. El viernes pasado, quienes liquidaban sus exportaciones recibían un dólar a $1.140. El miércoles siguiente, el tipo de cambio había bajado a $1.122. En solo cuatro días, el margen de ganancia cayó, a pesar de una liberación parcial del cepo cambiario. Para el FMI, debió haber ocurrido lo contrario. Esta decisión del gobierno implica que, de ahora en adelante, los exportadores recibirán menos pesos por cada dólar. Esta señal, que marca una ruptura con las expectativas del propio FMI, podría generar una fuerte tensión con el sector agroexportador. Según estimaciones del Fondo, el tipo de cambio oficial tenía un atraso del 15% al 25%. Se esperaba que la apertura económica apuntara a corregir ese desfasaje. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue una combinación explosiva: bajaron los ingresos en pesos por dólar exportado, pero subieron los costos en pesos para producir e importar. El resultado fue inmediato: la rentabilidad cayó. Los productores de soja o maíz, en plena cosecha gruesa, hoy reciben menos pesos por cada dólar que la semana pasada. Esto puede llevar a que muchos elijan no vender, no liquidar o guardar la cosecha hasta que mejore el tipo de cambio. Un conflicto con el agro en puerta Con este escenario, se abre un frente de conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. El propio Milei insiste en que el tipo de cambio seguirá bajando y que no se intervendrá en el mercado hasta que el dólar toque el piso de la banda cambiaria, fijado en $1.000. Solo entonces el Banco Central intervendría, comprando dólares para evitar que caiga aún más. Mientras tanto, el mensaje del gobierno al campo es claro: “Te bajamos las retenciones, ahora vendé tu producción porque mañana vas a recibir menos pesos por cada dólar”. Pero este argumento pierde fuerza ante un panorama donde los costos internos aumentaron más que las ganancias. Con la eliminación del dólar BLEM, los exportadores perdieron competitividad, y los importadores —ante una suba del dólar oficial de $1.070 el viernes a $1.120 el miércoles— remarcaron precios anticipadamente, en previsión de una mayor devaluación. El lunes siguiente, el dólar abrió a $1.200, y porque la banda va hasta los $1.400, muchos aprovecharon y remarcaron más. La salida del cepo, en vez de mejorar la rentabilidad, empeoró la relación costo/beneficio. Mientras los precios suben, los exportadores cobran menos. Esto deja al gobierno en una posición difícil: alentar exportaciones con incentivos que ya no existen, mientras promete no intervenir hasta que el dólar llegue a su piso mínimo. ¿Y ahora, qué? La gran pregunta es: ¿cuándo volverá el Banco Central a comprar reservas? Por ahora, Milei sostiene que no lo hará hasta que el dólar llegue a los $1.000. Pero esa espera genera incertidumbre en el sector agroexportador, tensiona aún más los precios y podría traducirse en una menor liquidación de divisas. El conflicto con el agro ya está planteado. Y el futuro económico inmediato, una vez más, parece depender de los vaivenes de un modelo que prioriza la bicicleta financiera por encima de la producción real. El plan Caputo: señales, intervenciones y rentabilidad financiera La señal que da el presidente Javier Milei al sector agroexportador es clara: "vendé ahora o podés fundirte". Esa es la amenaza implícita. Luego, aparece la zanahoria que ofrece el ministro Luis Caputo: una tasa de interés en pesos muy alta, similar a lo que ocurrió el año pasado. ¿Quién ganó en ese esquema anterior? Aquellos que liquidaron sus dólares primero, los vendieron al mercado oficial a cambio de pesos, y no apostaron por otra devaluación. En vez de esperar una mejora en el tipo de cambio, muchos vendieron su cosecha, obtuvieron dólares, los entregaron al Banco Central y usaron los pesos obtenidos para invertir en LECAPs o bonos CER. Así hicieron carry trade, una estrategia financiera que les permitió ampliar sus márgenes de ganancia. Pero esa rentabilidad no provino de la producción agrícola, sino de una ganancia puramente financiera. Y esa, justamente, es la especialidad del ministro Caputo: garantizar rendimientos en pesos por encima de la evolución del dólar. Esa fue la clave del plan hasta el viernes pasado. Y todo indica que sigue siéndolo, pese a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro vuelve a repetir una maniobra ya conocida: una especie de estafa similar a la de 2018, pero esta vez con mayor envergadura, afectando no solo al FMI, sino al conjunto del pueblo argentino, que será el que termine asumiendo el peso de la deuda. Todo esto, además, para financiar la campaña del gobierno. Esta semana, el dólar bajó, a pesar de que el Banco Central no vendió reservas. En teoría, tras la salida del cepo cambiario, el precio del dólar debería determinarse por oferta y demanda. Pero sabemos que eso solo ocurre en mercados ideales: con información perfecta y competencia entre miles de actores. En la práctica, eso no ocurre. En el caso del dólar minorista, el que fija el precio es el Banco Nación Argentina (BNA). El lunes por la mañana, el BNA publicó su cotización: $1.200, y ese precio se defendió en las pantallas del mercado. Luego, el valor comenzó a caer. Pero el miércoles ocurrió algo inesperado: el dólar mayorista cayó un 6,5% y el minorista casi un 6%, una baja histórica. Nunca se había registrado una caída tan pronunciada en un solo día. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede intervenir el gobierno en el mercado cambiario sin usar dólares? El gobierno ha intervenido de muchas formas desde que asumió. Fijó el tipo de cambio oficial y utilizó cerca de 20.000 millones de dólares provenientes de exportaciones (a través del "dólar BLEM") para contener tanto el dólar MEP como el contado con liquidación. Pero lo del miércoles tiene un componente adicional. Ese día, Caputo, a través del Banco Central, emitió una reglamentación no incluida en el acuerdo con el FMI, donde se establece una diferenciación clave: mientras que las personas humanas (es decir, los ciudadanos comunes) pueden comprar dólares libremente a través del home banking si tienen una cuenta bancaria, las personas jurídicas (las empresas) no tienen ese mismo acceso. Para ellas, el cepo sigue vigente, por lo que solo pueden hacerse de dólares a través del mercado financiero, es decir, mediante dólar MEP o contado con liquidación. En resumen, lo que parecía una liberalización total del mercado cambiario, no lo fue. Y el gobierno lo sabe. Caputo mueve las piezas con una precisión quirúrgica para mantener las señales de confianza hacia el mercado, sin resignar control sobre la dinámica del dólar. Una semana clave para el peso: ¿corrida cambiaria o jugada financiera? En los últimos días, se produjo un movimiento inusual en el mercado cambiario argentino. El dólar bajó y muchos se preguntaron por qué. El lunes y martes, la baja fue consecuencia de una intervención directa del Gobierno, que fija el valor del dólar a través del Banco Nación. Sin embargo, el miércoles ocurrió algo distinto: el mercado se movió solo. Las entidades financieras —que suelen operar con información anticipada— y los grandes inversores se adelantaron a una medida clave del Banco Central (BCRA). El martes por la noche, el BCRA emitió un comunicado habilitando a los no residentes (es decir, inversores extranjeros) a traer dólares, venderlos en el mercado oficial y utilizar los pesos obtenidos para comprar bonos de deuda argentina. Esto generó lo que en el mundo financiero se conoce como "bicicleta financiera". Ante esta posibilidad, los bancos comerciales locales se anticiparon: compraron bonos en grandes cantidades antes de que ingresaran los dólares del exterior, vendieron dólares y se posicionaron en títulos públicos argentinos, que ofrecen tasas de interés muy atractivas luego de meses de turbulencia. Recordemos que en los últimos meses —desde febrero hasta hoy— hubo una fuerte salida de inversores de las LECAPs (Letras del Tesoro en pesos), lo que provocó una caída en su precio y, en consecuencia, una suba en su rendimiento. Muchos vendieron estas letras y compraron dólares, apostando a que el Gobierno no podría sostener el esquema cambiario. Pero esta semana sucedió algo inusual: una corrida, sí, pero a favor del peso. Muchos inversores buscaron instrumentos en pesos y, para acceder a ellos, debieron vender sus dólares. Fue un giro en el comportamiento del mercado. Ahora bien, ¿qué pasará si los fondos del exterior no llegan? Una posibilidad es que esta expectativa motive al sector agroexportador a acelerar la liquidación de divisas, generando una especie de "corrida virtuosa" impulsada por actores locales. Otra posibilidad es que sí lleguen esos fondos, como ocurrió en 2016, 2017 y principios de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta ahora, el cepo cambiario era una barrera para estos capitales. Los fondos más grandes, incluso, tienen prohibido por estatuto invertir en países con restricciones para retirar sus dólares. Por eso, la medida del BCRA apunta a dos objetivos: por un lado, flexibilizar el cepo para atraer inversiones; por otro, enviar una señal a las calificadoras de riesgo con la intención de mejorar la nota de la deuda argentina y así facilitar una eventual reclasificación del país como "mercado emergente", ya que actualmente somos considerados un "mercado de frontera". Esa misma estrategia se aplicó durante el gobierno anterior, cuando Argentina recuperó brevemente la categoría de país emergente. Claro que también vivimos las consecuencias de perder esa clasificación. En resumen, el mercado dio una señal: si se abren las puertas, el dinero puede entrar. Pero aún está por verse si será un movimiento sostenido o solo un respiro momentáneo. Capitales especulativos, dólar e intereses electorales: ¿a quién beneficia la bicicleta financiera? El gobierno, con su nueva medida, busca habilitar el ingreso de capitales extranjeros que cambien dólares por pesos en el Banco Central (BCRA), lo que aumentaría la oferta de divisas en el mercado oficial. Este fenómeno, en un mercado chico como el argentino, genera un exceso de oferta de dólares, algo que ya se vivió en 2016 y 2017, y que suele traducirse en una baja del tipo de cambio. Lo que ocurrió el miércoles pasado podría repetirse en las próximas semanas si efectivamente comienzan a ingresar dólares del exterior. En ese caso, la famosa "bicicleta financiera" volvería con fuerza, pero ya no solo con capitales locales, sino también con jugadores internacionales. Claro que el contexto global no ayuda demasiado: la guerra comercial, la volatilidad de los mercados, el debilitamiento del dólar a nivel internacional y las tensiones geopolíticas configuran un panorama incierto. Además, Argentina sigue cargando con un riesgo país elevado, lo que aleja a muchos inversores institucionales. A eso se suman nuestras frágiles relaciones internacionales y la reputación cuestionada de algunos funcionarios (caso Libra), factores que también pesan al momento de atraer capitales. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, la nueva normativa del BCRA sugiere que el Gobierno contaría con compromisos informales de algunos fondos para ingresar al país, aunque, como bien sabemos por la experiencia reciente, en Argentina puede pasar cualquier cosa. Desde lo político, esta medida representa una gran oportunidad para el oficialismo, ya que le permitiría llegar más tranquilo a las elecciones, aunque no necesariamente implique beneficios para la población en general. Porque, como tantas veces, los que nos quedamos con la deuda somos los argentinos de a pie. Para evitar una salida abrupta de esos capitales antes de las elecciones de octubre, el Gobierno introdujo una regla macro prudencial: establece un plazo mínimo de permanencia de seis meses para las inversiones. La intención es clara: contener una eventual corrida. No obstante, quienes deseen salir antes todavía tienen opciones, como el mercado de "Contado con Liquidación", por lo que los riesgos para estos grandes inversores siguen siendo bajos. Todo parece indicar que las decisiones económicas están pensadas con un único objetivo: ganar las elecciones. Lo que suceda después, es otro cantar. Así lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional (FMI): su acuerdo con Argentina está diseñado para sostener la situación hasta las elecciones, ya que todas las reformas estructurales —previsional, impositiva, laboral, entre otras— están programadas recién para noviembre de 2025, es decir, un mes después de los comicios. El objetivo oficial hoy es generar una fuerte oferta de dólares para contener su precio, pero esto entra en tensión con las metas del acuerdo con el FMI, que exige una acumulación de reservas como garantía de repago futuro. El compromiso para el primer semestre de 2025 es alcanzar una acumulación de reservas cercana a los 5.000 millones de dólares. Una meta difícil de cumplir si se considera que el propio presidente ha declarado que el BCRA no intervendrá en el mercado hasta que el dólar no alcance los $1.000. A ese valor, los exportadores de soja y maíz estarían vendiendo con pérdidas significativas, salvo que el mandatario esté utilizando esa declaración como una estrategia para forzar liquidaciones antes de fines de junio —cuando se espera una suba de retenciones— o que el Gobierno esté apostando a que el agro liquide lo mínimo indispensable para subsistir. Y lo “mínimo” en este contexto puede significar varios miles de millones de dólares. Es aquí donde aparece la otra gran jugada: cumplir con las metas de reservas no solo con ingresos por exportaciones, sino también con dólares provenientes de deuda y del “carry trade” de los inversores no residentes. Y entonces, surge una pregunta clave: ¿Cómo pretende el Gobierno ganar las elecciones si su única estrategia económica parece ser alimentar la timba financiera, aumentando las tasas en pesos para atraer capitales especulativos, pero ahogando al mismo tiempo a la economía real? El ancla del dólar, los salarios y el dilema electoral La única manera en que el esquema actual del Gobierno puede funcionar es que el dólar no suba, o, mejor dicho, que suba a un nivel cercano a los $1.000, pero acompañado por una gran oferta de divisas provenientes del agro o de inversores no residentes, y por una baja demanda de dólares. Esto se busca lograr mediante una tasa de interés elevada, que incentive a quedarse en pesos, y mediante una fuerte recesión que reduzca la cantidad de dinero circulante, limitando así la capacidad de presionar sobre el mercado cambiario. El mensaje que repite el Gobierno es claro: sin pesos en la economía, no hay presión sobre el dólar. Sin embargo, en un contexto recesivo, tampoco existen estímulos para el crecimiento de la producción real. Más bien, todo lo contrario. Uno de los principales temores del oficialismo, de cara a las elecciones, es que un cambio de régimen cambiario dispare los precios. Para evitarlo, se han convocado a los grandes empresarios —en un estilo que recuerda al de Guillermo Moreno— con el objetivo de contener cualquier traslado del tipo de cambio a los precios. En este marco, el presidente Javier Milei les advierte a los empresarios que, si aumentan los precios, no van a poder vender. Desde el Ministerio de Economía se sostiene que el dólar va a bajar y que no debe haber aumentos si no hay una devaluación real. Aunque el dólar subió entre el viernes y el lunes pasado, luego comenzó a retroceder. En la Argentina, sin embargo, ya hemos visto inflación sin devaluación, incluso antes de que se levantara el cepo. Por eso, el Gobierno hace todo lo posible para bajar el precio del dólar: aumenta la tasa de interés, enfría la economía y apuesta a llegar a las elecciones con una inflación en torno al 1% mensual. Además del dólar, la otra ancla que utiliza el Gobierno para contener la inflación son los salarios. Y aquí es donde se revela el verdadero costo del plan. Confieso que el martes pasado hice una mala lectura: pensé que el Gobierno había perdido el ancla del dólar debido a que el FMI había establecido una banda entre $1.000 y $1.400. Si bien consideraba difícil que el tipo de cambio llegara a $1.400, imaginé que el Ejecutivo armaría una “mini banda” entre $1.200 y $1.300, con el objetivo de ofrecer previsibilidad, limitar el traslado a precios y fomentar la liquidación del agro, ya que esos valores resultarían razonables. Esto, a su vez, permitiría cierta estabilización, con una inflación más alta de lo esperado, pero sostenida por el ingreso de dólares, la contención de importaciones y una tasa atractiva para el carry trade. Sin embargo, ahora parece que el dólar volverá a ser la principal ancla para contener los precios. Habrá que estar atentos a la reacción del FMI, aunque vale aclarar que los 12.000 millones de dólares del acuerdo ya están en el BCRA, al igual que los 2.000 millones provenientes del Banco Mundial. Volviendo a los salarios: el Gobierno controló durante un tiempo los dos precios más importantes de la economía —el dólar y los sueldos—, logrando una desaceleración inflacionaria. Pero cuando el mercado percibió que el esquema no se sostenía, los precios comenzaron a subir nuevamente en febrero y marzo. Los salarios, en cambio, siguieron aumentando apenas un 1% mensual, por debajo de la inflación. Y esa parece ser la estrategia a seguir: mantener los sueldos como ancla inflacionaria. No es casual que en ninguno de los discursos oficiales se hable de los ingresos reales de la población. Porque cada vez es más evidente que el modelo de Milei no está pensado para los trabajadores, sino para quienes hacen negocios financieros. Los salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo. La inflación de marzo fue del 3,7% y se estima que la de abril supere el 4%. Eso implica una caída significativa de los ingresos reales, pero el Gobierno considera que es un costo necesario para evitar que la inflación se dispare. Esa es la señal que el oficialismo quiere dar, y es lo que veremos en las próximas semanas. Queda por ver hasta cuándo los trabajadores aceptarán mansamente esa pérdida. Enfriamiento económico, dólar bajo y elecciones: el puente de deuda del Gobierno En los próximos meses, la economía continuará enfriándose: se prevé una mayor caída en la actividad económica y una nueva retracción del consumo. De hecho, ya llevamos 14 meses consecutivos de caída en el consumo masivo. Esta recesión no es una consecuencia indeseada del plan económico: es el objetivo. El Gobierno busca que haya recesión porque responde al programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, se espera contener la inflación y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre las reservas del Banco Central por importaciones. Si el dólar se mantiene barato, las importaciones aumentan, y la única forma de frenarlas, en este contexto, es con una fuerte contracción de la actividad económica. De todas formas, los empresarios seguirán adelantando importaciones y cancelando deudas externas. Pero si la economía no repunta, esas compras caerán simplemente porque no habrá demanda interna: no tendrán a quién venderle. El objetivo central del Gobierno es llevar el dólar a $1.000 y mantenerlo en ese nivel. Esa cifra funciona como una señal política y simbólica: demostrar que “el equilibrio no se toca”, que la “macro está ordenada” y que este Gobierno es más eficiente que los anteriores. El mensaje es claro: si hay estabilidad, la gente puede planificar su futuro. Y eso, según la estrategia oficial, debería traducirse en votos para los candidatos de Milei en octubre. En ese marco, el préstamo del FMI cumple un fin electoral. Sirve para financiar un dólar bajo, junto con los ingresos del "carry trade" y la liquidación del agro, aunque esto último se logra a costa de empujar a los productores —especialmente los pequeños y medianos— hacia una situación económica muy difícil. La promesa es que, bajo este esquema, la inflación será cada vez más baja, y que para agosto o septiembre podría ubicarse en torno al 1% mensual. Esa es, sin dudas, la principal bandera de campaña del oficialismo. ¿Pero cuál es el costo de este plan? La caída del salario real se profundizará. Los ingresos que podrían recuperarse a través de las paritarias seguirán rezagados, y peor aún será el panorama para los trabajadores informales, los jubilados y pensionados, que continuarán perdiendo poder adquisitivo. Esto prolongará la caída del consumo masivo. Al mismo tiempo, mantener un dólar bajo beneficiará a los sectores medios y altos de la población, que podrán seguir comprando dólares baratos, viajar al exterior o adquirir bienes suntuarios, todo favorecido por un tipo de cambio más accesible que en etapas anteriores. Una vez que se gane la elección —si eso ocurre—, el Gobierno podrá mostrar al mundo que "los peronistas no vuelven más", y que en Argentina hay estabilidad para realizar inversiones financieras y de otro tipo. Con ese mensaje, buscará reducir el riesgo país y regresar a los mercados internacionales de deuda. Lo que estamos viendo hoy es un puente de deuda hasta las elecciones: deuda con el FMI, más valorización financiera a través del carry trade. Si el plan tiene éxito, la siguiente etapa será tomar nueva deuda, ya no con el Fondo, sino con fondos de inversión internacionales. ¿Para qué? Para pagar la deuda vieja, incluyendo la que tomó Luis Caputo entre 2016 y 2018, y también para afrontar los compromisos con el FMI. En resumen, todo el esquema está basado en tomar más deuda, generar rentabilidad financiera en el camino, y seducir a los inversores para que financien al Gobierno. El objetivo es claro: estabilizar el presente, ganar las elecciones y volver a endeudarse en el futuro. Dólar barato, tensiones con el campo y recursos naturales: ¿a quién responde el plan económico? Pero, convengamos que el Gobierno también está generando tensiones políticas importantes, incluso con sectores que fueron sus principales aliados, como el campo. A los productores rurales —que en su mayoría respaldaron a Javier Milei— se les promete ahora un dólar oficial a $1.000. Esto implica una fuerte baja en sus márgenes de ganancia y, en muchos casos, los obliga a vender a pérdida. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se enfrenta a las grandes empresas argentinas, generando un conflicto de proporciones políticas que no puede subestimarse. La principal crítica es clara: el Gobierno habilita el acceso al mercado oficial de cambios para inversores extranjeros, pero mantiene el cepo para las empresas nacionales. Es decir, un fondo de inversión estadounidense puede entrar, cambiar dólares al tipo de cambio oficial y operar en pesos; pero una empresa como Techint, un supermercado o incluso un pequeño comercio local, no puede hacerlo. Así, mientras actores como George Soros pueden comprar y vender dólares en el mercado oficial, las empresas argentinas quedan marginadas. Esta decisión representa una verdadera cachetada para el empresariado nacional, especialmente para las grandes firmas que, cada vez con más frecuencia, se preguntan hasta cuándo seguirán tolerando este despropósito. Este escenario también tiene una lectura electoral. El anuncio del Banco Central del martes pasado podría significar la llegada de una nueva “lluvia de dólares” especulativos, tal como ocurrió en otras etapas de la historia económica argentina. Sabemos cómo funcionan: entran capitales para aprovechar tasas altas, hacen "bicicleta financiera" y luego se van, dejando una bomba de tiempo. Recursos naturales: ¿plan de desarrollo o simple saqueo? Lo que más llama la atención es cómo este nuevo enfoque contradice el relato previo del propio Gobierno. ¿Cuál era el plan de Argentina con el uranio, por ejemplo? El oficialismo decía que se impulsaría su extracción para abastecer centrales nucleares argentinas, como parte de una política energética nacional. Fue el llamado “Plan Reidel”, que, con tono provocador, señalaba que el problema de la Argentina "son los argentinos". Pero ahora nos encontramos con que se habilita la exportación de uranio a Estados Unidos, dejando de lado el supuesto desarrollo nuclear local. Y sin uranio, no hay plan nuclear posible. Argentina produce reactores nucleares. Entregar los recursos naturales solamente para generar dólares a corto plazo no es una estrategia de desarrollo, sino una solución de emergencia. El problema es estructural. Podríamos exportar todo el petróleo, millones de toneladas de soja, litio, oro o uranio, pero los dólares nunca terminan en las reservas del Banco Central. Lo que sucede, en cambio, es que esos dólares son absorbidos por fondos de inversión extranjeros y empresas que hacen bicicleta financiera, y luego se van del país. Pero Milei necesita abrir el grifo de los recursos naturales para complacer a los Estados Unidos que necesita minerales estratégicos que Argentina posee, y Argentina —o, mejor dicho, el BCRA— necesita los dólares que EE. UU. puede ofrecer. Se trata de un intercambio desigual, pero útil para sostener el dólar barato, al menos hasta las elecciones. El marco normativo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue pensado precisamente para atraer ese tipo de capitales norteamericanos y de otros países. Pero hasta ahora, no ingresó ni un solo dólar bajo esa normativa, salvo YPF, que es una empresa estatal. El objetivo de abrir el cepo para esos potenciales inversores extranjeros parece ser un elemento fundamental para completar el esquema: en el corto plazo, dólar barato mediante especulación financiera, deuda con el FMI y carry trade; en el mediano, inversiones extranjeras; y en el largo plazo, exportaciones de recursos naturales. El gran problema es que ninguna de esas divisas se destina al desarrollo nacional. Se utilizan para sostener un esquema financiero que beneficia a pocos, mientras se posterga —una vez más— el crecimiento sustentable de la economía argentina. Entre préstamos, recursos naturales y un país que queda al margen La reciente visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina dejó varias señales claras. Por un lado, ratificó que el préstamo del FMI fue un acuerdo con fuerte contenido político. Por otro, su llegada acompañada de empresarios norteamericanos evidencia el interés concreto en garantizar el acceso a los recursos naturales argentinos. El problema es que, en el medio de este esquema, vivimos 47 millones de personas al mismo tiempo en que se consolida esta alianza entre el poder financiero de Estados Unidos y un grupo reducido de empresarios argentinos —como Eurnekián, Epstein, Vila, Manzano, Galperín, entre otros—, muchos de estos actores ya ni siquiera residen en el país, viven en Uruguay, en Miami o en distintas capitales del mundo. Pero quienes quedamos en Argentina, somos los que debemos enfrentar las consecuencias: devaluaciones, deuda, recesión, suba de tasas de interés, caída del poder adquisitivo. Y como si fuera poco, cuando vengan por nuestros recursos naturales, lo que quedará aquí será el pasivo ambiental: contaminación, escasez de agua y la imposibilidad de beneficiarnos siquiera de lo que tenemos. Porque ni siquiera podemos pagar más barato nuestra propia energía, aunque tengamos el petróleo o el gas en nuestro suelo. Este plan de valorización financiera y especulativa tiene un sentido profundo: insertar a la Argentina en un nuevo orden global, que se está reconfigurando con figuras como Donald Trump al frente. En ese escenario, el país parece resignado a cumplir un rol subordinado, proveedor de materias primas y receptor de deuda, con muy poco margen para decidir su propio rumbo. (*): profesor de Economía y exministro de la Producción de Entre Ríos.
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