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» Diario Cordoba
Fecha: 13/04/2025 18:56
Una cosa es proponer una ley y otra muy distinta conseguir que se apruebe. Incluso cuando eres el partido mayoritario en el Gobierno y se supone que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a darte respaldo, en este Congreso nunca hay nada garantizado. Ocurre con los Presupuestos de 2025, que el Ejecutivo ya renuncia a presentar ante la dificultad de encontrar apoyos, pero también con dos de las normas más polémicas que el PSOE ha registrado en los últimos meses. Por un lado, la "proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", conocida como 'ley Begoña' por los efectos que tendría sobre el proceso a la esposa de Pedro Sánchez, al prohibir a los partidos políticos ejercer la acusación popular. Por otro, la delegación de las competencias de migración a Catalunya pactada recientemente con Junts. Los socialistas carecen de votos suficientes para sacar adelante ninguna de estas dos iniciativas. Fuentes de la dirección del PSOE explican que no tiran la toalla, pero que tampoco tienen un calendario definido sobre el momento en el que las someterán a la toma en consideración del Pleno del Congreso para que inicie su periplo parlamentario. Todo dependerá, explican, de cuándo tengan garantizado el respaldo de los grupos, en un ejemplo más de sus dificultades para armar una mayoría con el bloque que hizo posible la investidura del jefe del Ejecutivo, en el que conviven siglas que poco o nada tienen que ver entre sí. Por el momento, desde que registraron el texto, los socialistas han priorizado otras tres normas, conscientes de esta falta de respaldo. Los colaboradores de Sánchez evitan dar por hecho que acabe aprobándose la reforma judicial para limitar la acusación popular, recusar a jueces por sus declaraciones de contenido político y suprimir el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. "No renunciamos a ella. Quizá la llevemos al Pleno dentro de un año", explican. El PNV y EH Bildu han expresado recelos, pero los mayores escollos vienen de Junts. El diputado de Junts, Josep Maria Cruset y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press El partido de Carles Puigdemont anunció a principios de enero que presentaría una enmienda a la totalidad de la proposición del PSOE, para cambiarla de arriba a abajo. "No soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de una verdadera regeneración democrática", dicen los posconvergentes, que quieren que la norma incluya el 'lawfare' o guerra sucia judicial contra rivales políticos. "No vamos a aceptarlo. Con la ley de amnistía resistimos, arriesgando incluso la investidura, así que con esta más aún", responden fuentes de la Moncloa. El reparto de menores La coalición del PSOE y Sumar vivió el pasado jueves una dulce jornada en el Congreso, rompiendo la tónica de las semanas previas. El Ejecutivo logró sacar adelante cuatro importantes iniciativas: el concierto económico vasco, la reforma de ley de asociaciones para impedir la apología del franquismo, las ayudas al coche eléctrico y el reparto entre autonomías de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta. Esta última medida había sido previamente pactada con Junts, como contrapartida a la prometida delegación a Catalunya de las competencias migratorias, que implica el control de las fronteras por parte de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, así como que la Generalitat pase a gestionar las expulsiones de inmigrantes cuando no necesiten expediente. Pero ninguno de estos controvertidos cambios está garantizado. La suma parlamentaria para aprobarlos sigue sin ser una realidad. Las mayores dificultades se encuentran en este caso en Podemos, que asegura estar "muy en contra" del traspaso, porque consideran que valida los planteamientos "xenófobos" de Junts. La líder de los morados, Ione Belarra, avisó hace unas semanas de que se opondrán a una norma que tachó de "infame". El 'no' de los cuatro diputados de Podemos, sumados a los de PP, Vox y UPN, provocaría un empate a 175 votos, con el resto del bloque de la investidura enfrente, y la proposición de ley decaería antes de iniciar su recorrido parlamentario. Además, el PSOE tampoco tiene asegurado el apoyo de Sumar, ya que varias de las formaciones que componen la coalición de Yolanda Díaz se han mostrado críticos con esta cesión a los posconvergentes. Sin fechas definidas Los socialistas, mientras tanto, explican que llevarán a Pleno esta ley "cuando tenga los apoyos para que se pueda tomar en consideración". No hay ninguna fecha definida, ni siquiera tentativa. El PSOE tiene cupo en mayo para incluir algunas de sus proposiciones, pero en principio la elegida será la reforma del reglamento del Congreso, que busca establecer unas normas básicas para los periodistas tras varios episodios de insultos y amenazas protagonizados por activistas de extrema derecha acreditados como prensa. La tardanza a la hora de llevar la ley al Pleno para iniciar la tramitación aleja bastante en el calendario el momento en el que Catalunya pueda ejercer las competencias en migración. La tramitación en el Congreso suele prolongarse, como mínimo, en torno a dos meses y, después, el PP puede retrasar la norma en el Senado otros 60 días. Así, y teniendo en cuenta el parón veraniego, el texto no estaría publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de que termine el año. Habrá que ver cuánto tiempo está dispuesto a esperar Junts antes de volver a presionar al Gobierno, pero los socialistas explican que están haciendo todo lo que pueden y piden al partido de Puigdemont que también se implique en las difíciles negociaciones con el resto de grupos.
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