13/04/2025 10:00
13/04/2025 10:00
13/04/2025 10:00
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
13/04/2025 09:41
» Diario Cordoba
Fecha: 12/04/2025 06:35
Gobierno y PP mantienen viva la mesa de negociación para la convalidación del decreto con el plan de respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump, pero el apoyo del principal partido de la oposición parece alejarse. Las “cesiones” a Junts, al garantizarse una distribución de las ayudas territorial, son el principal punto de fricción. En las últimas horas, se ha sumado a la negativa del Ejecutivo a incluir algunas de las propuestas prioritarias para los populares. Este es el caso de la prórroga al cierre de las nucleares, que en Génova consideran necesaria para abaratar el precio de la energía y contribuir así a que las empresas afronten con más garantías el impacto. El Gobierno rechaza de plano el intento del PP de incluir en el pacto ‘antiaranceles’ la revisión de las fechas de clausura de los reactores españoles. En Moncloa trasladan tajantes que la ampliación de la vida de las centrales se trata de “una línea roja”, y contradicen el argumento de que el cierre de las nucleares vaya a elevar el precio de la energía. “Tenemos una posición muy clara en ese debate”, zanjan para justificar su negativa. Al mismo tiempo, arremeten contra las dudas del PP para apoyar el decreto y lo acusan de “cálculos políticos electorales”. Por las presiones de Vox, indican, y las dificultades que les atribuyen “para explicar a su electorado que votan con ERC y Junts”. Pedro Sánchez, desde Pekín, conminaba este viernes a todos los partidos a dejar atrás las estrategias partidistas para reclamar que “en este momento nos conviene anteponer los intereses generales, altura de Estado y mirada larga” para responder a la situación creada por el “giro copernicano en política comercial y sus implicaciones” que ha dado Donald Trump. Los socialistas afean al PP que si sus votos fuesen imprescindibles para convalidar el primer decreto que movilizará millones de euros podrían optar por tumbarlo, poniendo como ejemplo el decreto para la revalorización de las pensiones. Con todo, su lectura es que se necesita un apoyo político mayoritario, así como de las empresas y los agentes sociales, para mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados y reflejar que “vamos a una” tanto el Gobierno como la oposición. La extensión de la vida útil de las centrales nucleares fue una reivindicación que también llevó bajo el brazo alguno de los consejeros autonómicos del PP - algunas con una posición muy pactista pese a ser de las más beligerantes en otros momentos con los socialistas- que se reunieron el pasado jueves con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar el plan en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización. Eso sí, la enmarcaron como una medida estructural, dentro de un paquete más a medio plazo que las ayudas directas incorporadas en el primer decreto para suavizar el impacto económico de la guerra comercial. Por ello desde el Gobierno confían en que su negativa a aceptar esta medida no condicione el voto final del PP cuando se someta a convalidación el decreto para hacer frente al impacto de los aranceles. La ofensiva nuclear del PP El Partido Popular se ha puesto en cabeza de la ofensiva política para meter presión al Gobierno y retrasar el apagón nuclear. Los populares, espoleados por la defensa de la nuclear ahora sí expresa y pública de las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy, han empezado a mover ficha en el Congreso en un intento de imponer por ley la ampliación de la vida de las centrales nucleares. El PP presentó la semana pasada una proposición de ley en el Congreso con la que pretende forzar que todos los reactores funcionen al menos 10 años más que las fechas de cierre actualmente previstas (con clausuras programadas entre 2027 y 2035) también si el actual Gobierno o incluso las propias compañías eléctricas propietarias no quieren. El partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo pretende aprobar una nueva normativa que impida al actual Gobierno denegar una solicitud de renovación de las licencias si las presentan las compañías eléctricas. Si las empresas propietarias de las centrales solicitan ampliar las autorizaciones de funcionamiento estaría obligado a conceder la renovación si los informes si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe favorable a la continuidad de las operaciones, a pesar de que el organismo no tiene competencias sobre la seguridad de suministro eléctrico. Por otro lado, el PP refuerza explícitamente en su proposición de ley una competencia con la que ya cuenta el Gobierno y que viene recogida en la Ley del Sector Eléctrico. El texto registrado por el Grupo Popular en el Congreso recoge explícitamente que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá imponer que las centrales nucleares sigan funcionando incluso si las eléctricas no quieren y pretenden cerrarlas, siempre que haya informes del CSN, de Red Eléctrica (REE) y de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) avalando la continuidad de las operaciones por “grave riesgo” para la seguridad del suministro eléctrico. Los populares de momento no tienen los apoyos parlamentarios garantizados para sacar adelante la nueva ley para cambiar la regulación actual y obligar a que las centrales sigan funcionando. Desde el Grupo Popular se apunta que es a partir de ahora cuando mantendrá contactos con el resto de partidos para intentar sumar su respaldo. El PP consiguió hace unas semanas aprobar una proposición no de ley (sin efectos jurídicos, sólo es una petición al Gobierno) instando a aplazar el cierre de las centrales nucleares. Un texto que fue aprobado por el voto favorable de PP, Vox y UPN y que salió adelante por la abstención de Junts y ERC.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por