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» Comercio y Justicia
Fecha: 10/04/2025 12:14
“Lo que exhibe el resultado de esta investigación, delimitada por los acusadores, es que se ha reunido numerosa prueba documental, testimonial e informática, suficiente para acreditar -con el grado de certeza y provisoriedad propia de esta etapa del proceso- tanto la materialidad objetiva de los ilícitos investigados, así como también la intervención de las personas imputadas en su comisión”. Bajo esa premisa, el juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y dispuso que Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero (PO), y otras 17 personas, vayan a juicio oral por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Belliboni está procesado por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de fondos públicos. Casanello citó a indagatoria a un grupo de personas que intervinieron en el armado de sociedades que facilitaron las facturas falsas que se usaron en el caso. A su turno, en el dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a debate como jefe de la organización, el fiscal Gerardo Pollicita postuló: “La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”. Junto con Belliboni se sentarán en el banquillo María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Las defensas pidieron la nulidad del envío a juicio porque entendieron que se presentó fuera de término, porque recusaron al fiscal y objetaron la intervención del Ministerio de Capital Humano como querellante. También rechazaron la acusación. “El Estado no vio disminuido su patrimonio ni perjudicado los intereses confiados por medio de los convenios ya que las prestaciones comprometidas fueron realizadas”, alegaron, sin éxito. “Tras analizar las oposiciones formuladas, advierto que los argumentos esbozados por los letrados no han logrado derrumbar la hipótesis delictiva planteada en los respectivos requerimientos de elevación”, dijo el magistrado. La causa se inició a fines de diciembre de 2023, al inicio del gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas si las personas que integraban organizaciones sociales eran obligadas a participar de la marcha del 20 de diciembre para recordar los hechos ocurridos ese día del 2001, en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa. Hubo llamados y se hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el expediente se obtuvo el testimonio, como testigos protegidos, de cinco personas. Además, fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y documentación. La justicia determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 de pesos para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios, pero que “una importante parte” del dinero fue administrado indebidamente. “Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez Casanello. Y agregó: “A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos”. Belliboni está acusado de firmar las facturas y recibos donde se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados y los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío. El juez consideró que el carácter irregular del accionar se completó con la efectiva presentación ante el ex Ministerio de Desarrollo Social de las correspondientes declaraciones juradas acerca de la aplicación de los fondos asignados, donde incluyeron falsamente los montos desviados. Consignó que allí declararon, de manera expresa, haber aplicado los fondos recibidos “para el objeto solicitado y/o tenido en cuenta para su otorgamiento”, cuando, en realidad, muchas de las operaciones no existieron. Otro tramo de la acusación es por la extorsión y amenazas a beneficiarios para ir a marchas o participar de actividades políticas a cambio de mantener u obtener el beneficio. En la causa se secuestraron cuadernos con leyendas como “no come” en los listados de las personas que no iban a las convocatorias. Emilio Pérsico Pollicita pidió el año pasado la indagatoria de Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y titular de Barrios de Pie, dos de cuyos integrantes también fueron enviados a juicio oral. Pérsico debía controlar las rendiciones que hacía el PO. Para la Fiscalía, la maniobra del grupo fue posible gracias a la connivencia de funcionarios dirigidos por él durante los años en que entregaron los fondos “en procesos plagados de irregularidades” y “omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”. Al ser indagado, Belliboni negó las acusaciones y dijo ser víctima de una “campaña antipiquetera y de representación” del gobierno de Javier Milei.
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