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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 18/04/2025 06:05
La dura pelea desatada entre los jueces y los abogados en torno a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales escaló a límites insospechados. La decisión de algunos magistrados de los fueros civil y laboral de regular honorarios por debajo del mínimo que establece la ley motivó la airada reacción del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que a través de su Observatorio de Honorarios envió notas a todos y cada uno de los jueces y camaristas, alertándolos de que estaban incumpliendo una norma. Anoticiados de esa petición, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que encabeza Alejandro Cánepa, envió una carta a la presidenta del Colegio de la Abogacía, María Marta Simón, y le enrostró que esas comunicaciones lindaban con los aprietes y rozaban la figura penal de “coacciones”. En el incidente terció la conducción provincial del Colegio de la Abogacía que le enrostró a la Magistratura el “ataque institucional, digital y moral” que recibió la presidenta de la institución, María Marta Simón. Y les recordó que la entidad había salido en defensa “del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley”. “Las observaciones realizadas por este Colegio respecto a la aplicación de la Ley 11.141 responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente y jamás pueden interpretarse como un `apriete` o coacción”, añade. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (@colegiodelaabogacia) Y le reprocha a la entidad que nuclea a los funcionarios judiciales que su posicionamiento incluye “dos hechos de suma gravedad institucional y personal: en rimer lugar, la recepción de una nota institucional de tono intimidante, dirigida tanto a la Presidencia como al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y de extrema seriedad, tales como haber `apretado` a jueces, haber incurrido en coacción agravada y ejercer supuesta violencia simbólica, además de anticipar una eventual remisión al Tribunal de Disciplina”. Y además, “la inmediata y coordinada difusión de dicha nota en diversos medios digitales con línea editorial afin, donde se replicó el contenido acompañado de la imagen personal de la presidencia del CAER; junto a titulares agraviantes como `escándalo institucional`, `habría incurrido en faltas éticas graves` o `aprieta jueces`. Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no sólo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo. Lejos de ser una simple diferencia de criterios, lo ocurrido representa un intento de censura y disciplinamiento que vulnera el libre ejercicio de funciones gremiales, atenta contra la libertad de expresión institucional y afecta de manera directa el derecho al honor y al trabajo de una profesional que vive de su ejercicio cotidiano”. Luego, agregan: “Advertimos que, de persistir este tipo de ataques personales e institucionales, se adoptarán de inmediato todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para resguardar la integridad, el rol y el respeto debido a las autoridades electas por la abogacía entrerriana”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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