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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 04/04/2025 03:18
En el primer bimestre del año los juicios laborales crecieron 2,1% (Freepik) La industria del juicio por riesgos laborales continúa en ascenso y en 2025 se espera que el número de demandas supere las 132.000 en Argentina. Así lo advierten las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que alertan sobre el impacto económico y financiero que esto representa para la actividad. Según datos del sector, la judicialización de accidentes laborales y enfermedades profesionales ha crecido de manera sostenida en los últimos años, generando un escenario de incertidumbre para las compañías aseguradoras y los empleadores. Este año en particular, los números son bastante contundentes. En el primer bimestre del año se iniciaron 13.602 juicios, lo que implica un incremento del 2,1% respecto al acumulado del 2024 para ese mismo período. “En función de los ingresos del comienzo de año y a partir de la tendencia observada en el segundo semestre del 2024, en el año 2025 ingresarían 132.300 juicios”, indicaron fuentes del sector. Si se analiza lo ocurrido en las principales jurisdicciones, se encuentra que la provincia de Buenos Aires presentó aumentos leves en comparación con el 2024 y acumula el 42% de los juicios totales del país. En CABA las notificaciones fueron menores a las del mismo mes del año pasado, pero los ingresos por Cámara evidenciaron un aumento que podría verse reflejado en el mes de marzo. Santa Fe, por su parte, continúa con su tendencia creciente del año pasado y acumula el 14% de los juicios a nivel nacional. Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), comentó que “el sistema está en riesgo, producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”. “El crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país y por eso es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (que las propias legislaturas aprobaron) y que se fijen mecanismos de actualización razonables", opinó. “Está proyección de juicios para 2025, sin precedentes, es un llamado de atención para que los actores responsables tomen decisiones inmediatas para garantizar que el sistema, que ya salvó más de 19.000 vidas y brinda anualmente 14 millones de prestaciones asistenciales integrales, pueda seguir funcionando. Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”, apuntó. La contradicción del sistema Según datos relevados por las ART, los fallecimientos en Argentina bajaron un 80% entre el inicio del sistema en 1996 y el año pasado. De punta a punta pasaron de 233 fallecimientos por millón de trabajadores a 53,6. Cómo contrapartida, a pesar de esa caída significativa en la siniestralidad, hubo un crecimiento sistemático de la litigiosidad. Se da la paradoja de que hay menos accidentes, pero más juicios. En detalle, la Argentina pasó de 23,7 juicios cada 10.000 trabajadores en 2007 a 123,7 el año pasado. Se trata de la tercera marca más alta de la serie histórica luego de los picos de 134,1 de 2017 y 132,3 de 2016. (Fuente) En la comparación internacional los datos también son contundentes. Los dos sistemas de seguros de riesgo del trabajo comparables al argentino muestran números similares de siniestralidad, pero muy distintos en la judicialización. Mientras que en Argentina se da una siniestralidad de 32,6 cada millón de trabajadores, con una judicialización de 114,2 por cada mil trabajadores, en España y Chile la siniestralidad es similar (30,6 y 25,5) pero la judicialización es muy inferior: 8,5 por cada mil en España y 5,8 en Chile. La solución a la vista Según señalaron fuentes del sector, la solución a las contradicciones del sistema está a la vista. “Las provincias deben aplicar lo que fija la ley e implementar los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para cerrar la brecha entre las Comisiones Médicas y el procedimiento judicial", aseguraron. “El circuito es el siguiente. La persona que sufrió el accidente es atendida y recuperada plenamente, va a la comisión médica, donde le dan ‘cero incapacidad’. Luego, por consejo de los abogados, van y hacen un juicio, que normalmente ganan. Así consiguen la indemnización y siguen trabajando en la misma empresa, haciendo las mismas funciones y sin ningún problema importante de salud”, indicaron. “El problema es que los médicos que realizan las pericias cobran en función de la indemnización que recibe el trabajador afectado. Por eso se ven incentivados a informar daños mayores a los reales”, denunciaron. ¿Por qué serían una solución los CMF? Porque la ley 27.348 establece en su artículo 2 que los CMF deben estar integrados por médicos especialistas seleccionados por concurso, que utilicen adecuadamente el Baremo para valorar los daños, con honorarios desanclados del resultado del proceso y con intervención en todos los casos. En otras palabras, deben cobrar un monto fijo siempre, independiente de la pericia de salud. (Fuente) Por ahora son pocas las provincias que han implementado los Cuerpos Médicos Forenses. Entre ellas se encuentran Mendoza, Salta y Río Negro. En el resto de las provincias, aseguraron fuentes del sector, “el tope de judicialización es la capacidad instalada de los abogados para iniciar dichos juicios”. Desde la UART compartieron un ejemplo de los resultados que se pueden obtener, comparando provincias cercanas con tamaños similares. En Jujuy, donde no hay CMF, el índice de incidencia es de 44,4 casos cada 10.000 trabajadores y el índice de judicialización es es 114,4 (se realizaron 835 juicios en el primer bimestre). En Salta, donde sí hay CMF, la siniestralidad es mayor (índice de 50,2), pero el índice de judicialización es mínima y se realizaron apenas 79 juicios en los primeros dos meses del año.
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