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Concordia » Hora Digital
Fecha: 29/03/2025 09:04
El fiscal presentará su recurso la próxima semana ante la Corte, acercando a Cristina a una condena firme. El fiscal a cargo de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, está finalizando los preparativos de su recurso de queja que será presentado ante la Corte la próxima semana. En este recurso, se busca sumar el delito de asociación ilícita a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aumentar su pena a 12 años de prisión en la causa conocida como "Vialidad". El representante del Ministerio Público elevará su presentación el próximo lunes ante el Máximo Tribunal del país, mientras se espera que el resto de las defensas hagan lo propio antes de que venza el plazo el martes 1 de abril a las 9:30. Villar argumentará que el rechazo de casación en el recurso extraordinario de la semana pasada fue arbitrario en la sentencia de asociación ilícita, sin fundamentos adecuados. Tras la presentación ante la Corte, los recursos de queja seguirán un proceso que iniciará en la Secretaría Penal y pasará por las vocalías de los ministros para analizar su viabilidad. La Corte decidirá si se le corre vista al Procurador General Eduardo Casal, sin embargo, no hay plazos establecidos para esta decisión. En caso de abrir el recurso de queja y que el Procurador devuelva su vista, la Corte estará en condiciones de resolver, aunque no será en un plazo inmediato. Las defensas, especialmente la de la exvicepresidenta, argumentan que el fallo condenatorio conlleva gravedad institucional, lo que podría extender el análisis del caso. Si la Corte decide no abrir el recurso, la condena de Cristina Kirchner de 6 años e inhabilitación perpetua se mantendrá firme. Cristina Fernández de Kirchner podría convertirse en la segunda vicepresidenta con condena firme por corrupción en Argentina, luego de Amado Boudou. El proceso judicial, similar al del exministro de economía, podría extenderse en el tiempo, sin plazos inmediatos para la resolución. El caso de la causa Vialidad implica diversos delitos y la posible imposición de inhabilitación perpetua para cargos públicos, lo que podría afectar el panorama político electoral.
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