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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/04/2025 03:41
El sueño de la casa propia se ha convertido en una pesadilla para decenas de familias que confiaron en Márquez y Asociados, una empresa que prometió la construcción de viviendas pero que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos, dejando a sus clientes en la incertidumbre y el desamparo. Según la información recabada, los afectados abonaron la totalidad del precio exigido para que se iniciaran las obras. Sin embargo, lejos de comenzar los trabajos en el plazo acordado, la empresa les impuso nuevas condiciones y plazos arbitrarios a través de contratos adicionales que nunca habían sido informados al momento de la firma inicial. Este mecanismo les permitió postergar indefinidamente el inicio de las obras, violando flagrantemente la Ley de Defensa del Consumidor. Un contrato trampa que paraliza la construcción El contrato original establecía que la obra comenzaría 12 meses después del pago completo y la firma de un “anexo”. No obstante, cuando los clientes creían que la construcción estaba por iniciar, se encontraban con la sorpresa de que debían firmar un nuevo documento: el “acta de inicio de obra”. Lo más grave es que la firma de este documento dependía exclusivamente de la empresa ya que para hacerlo debía previamente citar al cliente. Ello significa que mientras la empresa no cite al cliente para firmar el acta de inicio de obra, se encuentra habilitada para eludir el inicio del cómputo de los plazos para iniciar la obra. Además, los clientes se vieron atrapados en una cadena interminable de “etapas” y requisitos burocráticos, que parecían diseñados exclusivamente para dilatar los plazos y evitar cumplir con las obligaciones contractuales. Falta de respuestas y soluciones abusivas Los intentos de los clientes por obtener explicaciones fueron frustrantes. Nunca podían hablar con el mismo interlocutor y las respuestas eran evasivas o contradictorias. La situación llegó a tal extremo que muchos se vieron obligados a recurrir a la justicia. En la instancia de mediación prejudicial obligatoria, la empresa ofreció a los clientes reprogramar el inicio de las obras para el período comprendido entre los años 2027 a 2029. Como alternativa, les propusieron rescindir el contrato, pero con una condición indignante: retener el 40% del dinero abonado. Esta cláusula, además de abusiva, es completamente inválida, ya que la rescisión del contrato fue provocada por el incumplimiento de la propia empresa. Demanda judicial y una lucha por justicia El abogado Agustín Fernández Reuter patrocina a un amplio grupo de perjudicados y en ese carácter, ha interpuesto demandas por resolución contractual exigiendo la devolución total del dinero pagado, actualizado según el valor actual del metro cuadrado de construcción en la Provincia de Córdoba. Además, que la empresa indemnice a los afectados por los daños y perjuicios ocasionados y enfrente una multa de $10.000.000 en concepto de Daños Punitivos. El Poder Judicial de Córdoba ya ha dictado sentencias en casos similares, reconociendo los abusos y ordenando la restitución del dinero actualizado conforme el valor del metro cuadrado actual de la construcción, condenando a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados y aplicando sanciones millonarias en concepto de Daño Punitivo. El incumplimiento de contratos y la imposición de cláusulas abusivas han sido señaladas y sancionadas con severidad por los tribunales de Córdoba. El rol de la justicia y la responsabilidad de las empresas El caso de Márquez y Asociados es un reflejo preocupante de prácticas abusivas en el sector de la construcción. El incumplimiento de contratos y la imposición de cláusulas abusivas han sido señaladas y sancionadas por los tribunales, lo que demuestra el compromiso por parte del Poder Judicial de Córdoba en la defensa de los derechos de los consumidores. Mientras la batalla legal sigue su curso, cientos de familias confían en la justicia y en la posibilidad de recuperar el dinero que invirtieron con la esperanza de un hogar.
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