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Parana » Vorterix
Fecha: 13/02/2025 13:52
El Ministerio de Salud de la Nación inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el envío de las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. La medida busca asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales. Según estimaciones oficiales, la revisión de estas pensiones permitirá un ahorro aproximado de $900.000 millones durante 2024. El proceso es llevado adelante en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI. Evaluaciones médicas obligatorias En esta primera fase, los beneficiarios notificados deberán presentarse a una evaluación médica realizada por profesionales de PAMI. Durante la cita, deberán presentar la documentación requerida y someterse a controles médicos. ANDIS analizará los antecedentes y emitirá los dictámenes que definirán la continuidad del beneficio. La asistencia a estas evaluaciones es obligatoria. Quienes no puedan concurrir deben justificar su ausencia con 24 horas de anticipación a través del correo [email protected] o del chatbot TINA en WhatsApp (+54 11 3910-1010), enviando la documentación respaldatoria y copia del DNI. La falta de asistencia sin justificación puede derivar en la suspensión del beneficio. Irregularidades detectadas El proceso de auditoría comenzó en 2024 tras identificarse diversas irregularidades en la asignación de estas pensiones. Según datos oficiales, en una revisión previa realizada en 2023 sobre 22.417 pensiones, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se detectaron casos de personas fallecidas y presos que seguían percibiendo el beneficio, así como 14 prófugos de la justicia que cobraban la pensión. Para llevar adelante esta revisión, el Gobierno firmó acuerdos específicos con ANDIS y PAMI, facilitando la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos para la baja de beneficios irregulares. La auditoría se implementará de manera progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se estima que el proceso concluirá en la primera mitad de 2025. Primeros resultados Antes del inicio de esta auditoría masiva, el Gobierno realizó una investigación preliminar entre el 2 y el 20 de enero. De 1.108 personas citadas, 357 (31,6%) no se presentaron. Entre los 759 beneficiarios que sí asistieron, se determinó que 126 (16,6%) no cumplían con los requisitos necesarios para recibir la pensión. Además, 16 casos (2,1%) quedaron pendientes de una verificación médica adicional. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de controles periódicos para garantizar que los fondos públicos sean destinados exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
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