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» Tiempo Argentino
Fecha: 04/05/2026 16:01
Esto se puede caer en cualquier momento, le dijo un agente de la agencia gubernamental de control a una vecina que vivía hace más de 40 años en un edifico del barrio de La Boca. Tras los dichos, decenas de Policías de la Ciudad arribaron al lugar y comenzaron a desalojar a más de 30 familias que habitaban el edificio. Esta misma historia se repitió en la gran mayoría de los desalojos sin orden judicial que llevó adelante el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desde que asumió su mandato en diciembre de 2023. Muchos se preguntan ¿desalojan el edificio para resolver el problema estructural o lo hacen para volcar el inmueble al mercado inmobiliario? Por esta razón, la Legislatura porteña puso el foco en esta problemática y presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre la gestión de inmuebles con «emergencia edilicia» desde 2024 hasta la actualidad. La iniciativa presentada por la diputada porteña Claudia Neira de Fuerza por buenos Aires (FxBS) e ingresada bajo el expediente 1314-D-2026, indaga sobre la existencia de registros actualizados de inmuebles, los criterios técnicos de clasificación de riesgo, la cantidad de inspecciones realizadas, las intervenciones con o sin uso de fuerza pública, y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, desalojos o apuntalamientos. De aprobarse el proyecto en el recinto, el Gobierno porteño debe responder éstas y otras cuestiones relacionadas con el tema en un plazo máximo de 30 días. El documento, además, pregunta s sobre la ejecución de obras posteriores a la detección del riesgo, los plazos entre diagnóstico e intervención, y los casos en los que no se habrían realizado obras estructurales pese a la vigencia de la emergencia edilicia. Si un edificio es declarado en emergencia pero no se interviene estructuralmente, ¿con qué criterio se toman medidas coercitivas sobre sus ocupantes?, es uno de los cuestionamientos clave que integra el proyecto presentado. En los fundamentos de la resolución se destaca la necesidad de contar con información sistematizada que permita evaluar la coherencia entre los diagnósticos técnicos de riesgo edilicio y las medidas efectivamente adoptadas por el Estado. También respecto a si la gestión del riesgo edilicio involucra decisiones que pueden implicar restricciones de uso o desalojos, por lo que dichas medidas deben estar debidamente fundamentadas, ser proporcionales al riesgo detectado y orientadas a su resolución estructural. Represión y asistencia habitacional Uno de los puntos principales del proyecto presentado pone el foco en la actuación de las fuerzas de seguridad porteñas y en el acompañamiento social de las familias afectadas. La iniciativa pide detallar la cantidad de personas afectadas por desocupaciones, los dispositivos de asistencia habitacional implementados, el seguimiento posterior de los hogares desalojados y la información sobre la restitución de inmuebles. También solicita datos sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones o secuestros de elementos, y la articulación entre organismos técnicos, de control y áreas sociales durante las intervenciones.
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