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Fecha: 27/12/2025 06:06
El financiamiento universitario volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenara al Gobierno nacional cumplir con la ley vigente, votada este año por ambas cámaras del Congreso. El fallo suspendió el decreto impulsado por el presidente Javier Milei que había dejado sin efecto la norma y dispuso que el Ejecutivo aplique de manera inmediata los aumentos salariales para docentes y no docentes, así como también la actualización de las becas estudiantiles, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario público en todo el país. El juez Martín Cormick, a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), considera que el decreto presidencial causa un daño grave y afectaba derechos constitucionales y destacó que existe un deber claro por parte del Estado de cumplir con la ley sancionada por el Congreso, incluso después del veto presidencial. El juez también minimizó el impacto fiscal de la medida. Indicó que, en esta etapa inicial del proceso, el ahorro que implicaría no aplicar la ley resulta poco significativo en relación con el presupuesto global de la Administración Pública Nacional. vale la pena mencionar que la ley de financiamiento universitario apunta a garantizar la continuidad del sistema universitario público y establece, entre otros puntos: Actualización automática de los presupuestos universitarios según la inflación; Recomposición salarial para docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable; Convocatoria obligatoria a paritarias nacionales con actualizaciones mensuales; y Fortalecimiento de programas de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad. En diálogo con TiempoSur Fernando Cortés, secretario general de ATUNPA, hizo mención, en primer término, a que tanto el frente sindical, como en particular la FATUM, se hizo un análisis del presupuesto que está previsto tratar sin la aplicación de la ley de financiamiento universitaria que fue sancionada este año y que tiene plena vigencia, donde calculamos que hay un 42% menos de financiamiento para las universidades nacionales, donde no prevé la actualización de los salarios tanto docentes como no docentes, y también ajusta mucho lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, y señaló: Eso es totalmente desfavorable para la clase trabajadora y, obviamente, y la comunidad universitaria, pero también para la universidad en general, ya que recorta gastos también de ciencia y tecnología, de extensión y de vinculación. A modo de análisis, Cortés detalló que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había hecho un proyecto de financiamiento para el año 2026 de 7,3 billones y este presupuesto prevé nada más que 4,8 billones, lo que nos ubica en un porcentaje muy por debajo de lo que necesita las universidades nacionales. Puntualmente, respecto al reclamo NO docente comentó que el principal reclamo tiene que ver con la actualización salarial, al explicar que desde 2023 a la fecha estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 92%, y más de un 42% por debajo del IPC. Los no docentes de las categorías del tramo inferior están por debajo de la línea de la pobreza. Consultado sobre las expectativas luego del fallo judicial, Cortés remarcó: Como laburantes somos optimistas de que todas las instancias que fuimos llevando adelante se cumplan, pero también entendemos que el Gobierno Nacional ha utilizado distintas estrategias para no cumplir con lo que dice la ley, con lo que dice también el Congreso de la Nación. Entendemos que si el presupuesto es aprobado sin en el Capítulo 11 (incluye financiamiento universitario) va a haber una reasignación de partidas, por lo cual hay que ver cómo está planteado. Las expectativas, tras el fallo judicial, tras la eliminación del capítulo 11 del presupuesto, también nos dio como una expectativa, pero hay que esperar que pasa en el Senado de la Nación y ver cómo se aprueba el presupuesto.
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