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Parana » AIM Digital
Fecha: 24/12/2025 06:40
Los nombramientos de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) abrieron un nuevo frente de tensión política en el Congreso. La controversia se desató luego de que la Cámara de Diputados aprobara la designación de tres representantes, en una votación que el PRO considera inconstitucional y que el oficialismo defiende como una atribución exclusiva del Poder Legislativo. El bloque que conduce Cristian Ritondo cuestionó el procedimiento utilizado y avanzó con una impugnación judicial para frenar la jura de los auditores, al tiempo que objetó formalmente las designaciones ante la propia AGN. Desde La Libertad Avanza, en cambio, atribuyen el conflicto a una reacción política del PRO tras haber quedado fuera del reparto de cargos. Un triunfo opacado para el oficialismo La polémica se produjo en una semana clave para el Gobierno, que logró en Diputados la media sanción del Presupuesto 2026, un hecho inédito desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, ese avance legislativo quedó eclipsado por dos episodios que marcaron la sesión: el rechazo de un artículo que pretendía derogar leyes insistidas por el Congreso y la aprobación de los nombramientos para la AGN. En este último punto, la lectura predominante fue la existencia de un acuerdo político entre el oficialismo, el bloque peronista y un sector de legisladores provinciales, que permitió avanzar con las designaciones sin la participación del PRO. El PRO, sin lugar en el organismo de control Las vacantes en la AGN se arrastraban desde hace dos años en el caso de Diputados, a las que se sumaron las correspondientes al Senado. Esa situación mantuvo al organismo prácticamente paralizado, con un solo miembro en funciones. En ese contexto, el PRO esperaba que su candidato, el exministro Jorge Triaca, accediera a una de las bancas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre libertarios y peronistas dejó al partido amarillo fuera del reparto, lo que profundizó el malestar interno y derivó en la impugnación posterior. Desde el oficialismo argumentaron que el entendimiento reflejó un acuerdo político válido dentro de la Cámara, aunque reconocen que no se trató de una representación proporcional estricta de los bloques. El debate constitucional El eje central de la impugnación del PRO es que las designaciones se realizaron fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en presunta violación de la Constitución Nacional. Según ese planteo, el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía el tratamiento de estos nombramientos. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y sectores del oficialismo sostienen una interpretación distinta. Señalan que los nombramientos de la AGN no constituyen una ley, no requieren promulgación del Poder Ejecutivo ni están sujetos al régimen de formación y sanción legislativa, por lo que no necesitan figurar en el temario de extraordinarias. Además, remarcan que estas designaciones se resuelven directamente en el recinto y no requieren dictamen de comisión, tal como establece la práctica parlamentaria. Jura y funcionamiento garantizado Más allá de la controversia política y judicial, este lunes se concretó la jura de los tres auditores designados. Con esa incorporación, la AGN recuperó el quórum necesario para volver a funcionar tras un año de virtual acefalía. Mientras el PRO insiste con sus cuestionamientos y busca frenar las designaciones por vía judicial, el organismo de control se prepara para retomar su actividad. El debate, sin embargo, sigue abierto y expone una vez más cómo las disputas políticas se entrelazan con interpretaciones constitucionales en un Congreso atravesado por la fragmentación y la desconfianza entre aliados circunstanciales.
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