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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 17/12/2025 23:16
Luego de la aprobación, este miércoles por parte del Concejo Deliberante de Paraná, de la ordenanza que establece un sistema de estacionamiento medido en la ciudad, el concejal de Juntos Maximiliano Rodriguez Paulin abre interrogantes sobre la implementación de la norma tal cual fue votada, duda de la incorporación de los tarjeteros y rescata un proyecto de la oposición que se presentó en forma previa a la iniciativa del Ejecutivo. Por Maximiliano Rodriguez Paulin (*) En mayo de 2025, desde la oposición, presentamos un proyecto superador al que finalmente se votó, basado en dos puntos centrales. El primero fue la creación de un fondo específico con todo lo recaudado por el sistema de estacionamiento medido, destinado a financiar en parte el subsidio al transporte público. El objetivo era claro: usar una herramienta de ordenamiento urbano para aliviar el costo del boleto y cuidar el bolsillo de los vecinos. El segundo punto fue que, para que ese fondo funcione y sea verdaderamente útil, era necesario maximizar la recaudación y minimizar los costos. Por eso propusimos un sistema 100% digital, tanto en el cobro como en la fiscalización. Esa tecnología existe, es utilizada en muchas ciudades y permite que la totalidad de lo recaudado tenga un destino claro, sin desvíos ni estructuras costosas. Ese enfoque cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el Presupuesto Municipal 2026, ya sancionado, prevé destinar 8.000 millones de pesos al subsidio del transporte público, recursos que salen de los impuestos que pagan los vecinos de Paraná. El estacionamiento medido podría haber sido un complemento para ese esfuerzo fiscal, pero no se avanzó en ese sentido. En cambio, la ordenanza aprobada deja abiertas múltiples zonas grises. Por un lado, habilita la posibilidad de que los cuidacoches actúen como fiscalizadores, lo que consolida un esquema informal que la ciudad arrastra desde hace más de dos décadas y que los propios vecinos vienen cuestionando. Por otro lado, genera una contradicción con los tarjeteros. Durante el debate se les aseguró que iban a ser parte del sistema, pero el texto aprobado no lo garantiza: su eventual incorporación queda supeditada a las ofertas que presenten las empresas. Si el sistema que se implemente es plenamente digital, sin fiscalización humana, quedan directamente afuera. A esto se suma un aspecto que no fue sincerado: formalizar a unos 180 cuidacoches como fiscalizadores implica costos laborales muy elevados para cualquier empresa que resulte adjudicataria. Esos costos terminan trasladándose a la tarifa, lo que puede derivar en un valor de estacionamiento por hora más alto, impactando directamente en vecinos y comerciantes. Además, la ordenanza habilita un escenario aún más delicado. Si las empresas interesadas no incluyen personal humano para la fiscalización, el Municipio se reserva la potestad de ejercer el control de manera directa, es decir, sin concesión. En ese caso, el Estado municipal podría terminar incorporando a los tarjeteros como empleados municipales o tercerizando el control a través de cooperativas, sin reglas claras ni estimación del impacto fiscal. El resultado final es una ordenanza contraria a la voluntad de muchos vecinos, contradictoria en sus objetivos y con riesgos fiscales evidentes, que pierde una oportunidad histórica de ordenar definitivamente el espacio público y dejar atrás un sistema informal que Paraná debería haber superado hace años. (*) Concejal del bloque Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Paraná.
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