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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 01/12/2025 09:43
Asunción Benedit, hermana de Beltrán Benedit, diputado nacional por la LLA representando a ER. La convocatoria del 29 de noviembre en Plaza de Mayo exhibe un escenario macabro: represores condenados, familiares de funcionarios libertarios y activistas negacionistas se articulan para instalar un relato que blanquea el terrorismo de Estado. Tras bambalinas, un entramado que mezcla viejas estructuras de la dictadura con la nueva ultraderecha intenta avanzar sobre consensos democráticos básicos mientras el Gobierno mira hacia otro lado. por AF La movilización prevista frente a la Casa Rosada no es una simple expresión “espontánea” de apoyo a militares presos: es la evidencia de que sectores condenados por delitos aberrantes encuentran hoy una plataforma política para reapariciones impensadas hace apenas unos años. Detrás del acto se ubica Orlando “Hormiga” González, represor de la ESMA beneficiado con prisión domiciliaria, cuya figura vuelve a gravitar en el espacio público gracias al clima de tolerancia que promueve el oficialismo hacia discursos negacionistas. Aunque González intentó despegarse de la organización por internas y temores logísticos, lo cierto es que su participación como coordinador inicial destapó una red de vínculos que incluye a abogados defensores de genocidas, ex militares de la dictadura, activistas ultraconservadores y hasta familiares directos de legisladores de La Libertad Avanza. Un universo que se autopercibe víctima mientras relativiza, justifica o directamente celebra los crímenes más oscuros del Estado argentino. La presencia de Asunción Benedit —referente de los “Pañuelos Negros” y hermana del diputado entrerriano Beltrán Benedit— confirma que el negacionismo ya no se mueve en los márgenes, sino que tiene conexiones fluidas con el poder político. La agrupación que integra, conocida por su reivindicación del Operativo Independencia, opera como bisagra entre los nostálgicos de la represión ilegal y la ultraderecha libertaria que hoy ocupa cargos institucionales. Los organizadores buscaron incluso apoyo material del Congreso y de la Casa Rosada para financiar traslados desde diversas provincias, un dato que expone la permeabilidad del actual gobierno frente a estos sectores. Mientras públicamente intentan despegarse del acto, por debajo circulan guiños, gestos y habilitaciones implícitas. El listado de convocantes revela también la presencia del ex carapintada Juan José Gómez Centurión y de referentes de Justicia y Concordia, el espacio jurídico que históricamente litigó para obtener impunidad para represores. Entre ellos figuran hijos de jerarcas de la dictadura y abogados que durante años se dedicaron a relativizar el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas. El armado del acto pretende instalar la narrativa de que los condenados por delitos de lesa humanidad son “presos políticos” y que los victimarios de ayer son hoy perseguidos por la Justicia. Una construcción discursiva que busca borrar el consenso básico que la democracia argentina sostuvo durante cuatro décadas: que el terrorismo de Estado fue un proyecto criminal que no admite reinterpretaciones complacientes. No es casual que hayan elegido la Plaza de Mayo, espacio de memoria y lucha de las Madres y Abuelas, para montar esta reivindicación. Aunque intenten justificarlo con excusas logísticas, el gesto es abiertamente provocador. Y la presencia de delegaciones militares extranjeras, incluso del hijo del sargento boliviano que ejecutó al Che Guevara, confirma la vocación internacionalista de este revisionismo reaccionario. La convocatoria del 29 de noviembre no es un episodio aislado: es un síntoma. La demostración más evidente de que, bajo el paraguas del gobierno de Javier Milei, sectores que antes se movían en la semiclandestinidad encontraron una oportunidad para volver a la escena pública, disputar sentido y poner a prueba hasta dónde se erosionan los pilares fundamentales de la memoria, la verdad y la justicia. Periodista de investigación. Post Views: 1
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