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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 25/11/2025 08:04
La Casa Rosada ultima detalles para mandar al Senado los pliegos de jueces, fiscales y defensores federales en todo el país, incluida Entre Ríos. Mientras tanto, afina la negociación con la oposición para destrabar los debates que no pudo saldar en dos años de gestión y que se traduce en un tercio de los cargos vacantes. La situación de las vacantes en la Justicia Federal es problemática desde hace años, aunque se aceleró en el último tiempo. El disparador fue la renuncia de magistrados que están obligados cuando cumplen 75 años, y otros que deciden acogerse a la jubilación ante la posibilidad de que se modifique el régimen previsional. El resultado es una demora en la tramitación de causas y un desorden en el funcionamiento del sistema judicial. En el universo de sillas vacías, Entre Ríos tiene once vacantes, que representan el 33 por ciento del total de cargos. En la provincia aparece una característica específica porque la distribución geográfica complejiza la cobertura con subrogantes que, a veces, cumplen funciones en distintas localidades, en algunos casos distanciadas por cientos de kilómetros una de la otra. Los nombres al Senado Es de esperar que en el listado de pliegos que envíe el Ejecutivo al Senado aparezcan tres nombres para la cobertura de vacantes en la provincia. Específicamente serían un juez en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, cuya terna se elevó en 2020; el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria, que se remitió en 2022; y el fiscal federal de Gualeguaychú, cajoneado desde 2024. Quedan en la jurisdicción otros cuatro concursos en trámite; tres cargos cuyos concursos no han sido convocados, uno de ellos, de especial sensibilidad política; y el curioso caso de dos fiscales que nunca pisaron la provincia y ejercen en otra jurisdicción, pero retienen sus cargos. Una fiscalía apetecible en Paraná A partir del 10 de diciembre, con la nueva composición del Senado, La Libertad Avanza tendrá una bancada de 18 miembros, pero seguirá necesitando negociar con la oposición para poder completar los casilleros vacíos en el Poder Judicial. En la agenda parlamentaria hay tres cargos a cubrir en Entre Ríos, aunque ninguno reviste de una sensibilidad especial para la política. Sí la tiene, en cambio, la Fiscalía Federal de Paraná, vacante desde 2018. Se trata de un lugar clave para la política porque tiene competencia en la organización y el control de las elecciones nacionales en la provincia, especialmente en los turnos presidenciales. El cargo se encuentra vacante desde la jubilación de Mario Silva y en la actualidad está ocupado por Leandro Ardoy en forma interina. Lo curioso es que el procurador general (también interino) Eduardo Casal no haya convocado al concurso, cuando sí lo hizo con otros cargos liberados con posterioridad. Las perlitas en Entre Ríos Es de esperar que en la lista de pliegos que se envíen al Senado en la próxima tanda aparezcan tres para cargos en Entre Ríos. Cada caso tiene sus particularidades y conviene detenerse en algunas. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay fue habilitado en 2017 y juraron como jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias, que habían sido designados en 2015. Pero en el ínterin, Iglesias pidió su traslado y fue autorizado a asumir en la provincia de Chaco. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema limitó los traslados a dedo, obligando al magistrado a retornar a su lugar de origen. Lo insólito fue que para ese momento el Consejo de la Magistratura ya había convocado a un nuevo concurso y había tres postulantes esperando por esa vacante. Planteada la disyuntiva, la solución será el incumplimiento de un fallo judicial, que se consumará el día que el Poder Ejecutivo remita el pliego del postulante, surgido de una terna que integran Elena Beatriz Dilario, Claudio Daniel Galdi y Patricio Hugo Pagani. Tampoco la fiscal general asumió en su cargo. Sandra Estela Fabiana León juró e inmediatamente fue trasladada a los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y es quien interviene en el juicio de los cuadernos de las supuestas coimas en la obra pública. En su lugar fue designada Milagros Squivo, quien venía desempeñándose como fiscal de primera instancia y le dejó su cargo a Josefina Minatta, que pasó a trabajar al mismo tiempo en Concordia y Concepción del Uruguay. León, mientras tanto, retiene el cargo y no se puede concursar. El insólito caso de un fiscal Otra novedad podría llegar a la Defensoría Pública ante el Juzgado Federal de Victoria. La terna está integrada por Paula Inés Lo Gioia, Ana María Blanco y José Alberto Boxler, que ocupa el cargo interinamente. Allí se produjeron situaciones insólitas. El Juzgado Federal se habilitó en 2022, 18 años después de haber sido creado. Pero en ese tiempo hubo un puñado de funcionarios que concursaron y no asumieron, algunos que ejercieron a distancia, unos cuantos subrogantes y un fiscal que nunca pisó la ciudad. El último caso es el de Ignacio Mahiques, el hijo mejor de Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, y un halcón del punitivismo PRO. Ignacio fue propuesto por Cristina Fernández de Kirchner en 2015, juró e inmediatamente fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires por la procuradora Alejandra Gils Carbó. A los pocos meses, ya con la expresidenta fuera del poder, pasó a colaborar con el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación que terminó en la condena de CFK por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz. El tercer cargo cuya cobertura es inminente es el de fiscal federal de Gualeguaychú, actualmente en manos de Pedro Rebollo, que encabeza la terna remitida al Poder Ejecutivo junto con Leandro Gabriel D’Ascenzo y Juan Agustín Argibay Molina. Concursos en marcha En el mapa judicial entrerriano hay, además, tres concursos en trámite. Uno de ellos es para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral Federal de Paraná. En este caso aparece como figura estelar entre los aspirantes la destituida y ahora restituida procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Los otros dos concursos son para cubrir la defensoría oficial ante el Juzgado Federal de Concordia y la Defensoría Pública de la Víctima, un cargo que se estrenaría en la jurisdicción. El Defensor Público de la Víctima es una figura creada mediante la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada a mediados de 2017 para garantizar, entre otras cuestiones, la asistencia a quienes resulten damnificados por delitos graves. La ley prevé la creación de centros de protección y de asistencia a las víctimas de delitos como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, los que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados; y les asegura también la representación jurídica. Fuente: Juan Cruz Varela para Letra P
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