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» Diario Cordoba
Fecha: 24/11/2025 17:26
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, García Ortiz manifiesta su "profundo respeto" a las resoluciones judiciales, así como su voluntad de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales". Afirma que ello determina su decisión "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" como "acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". Notificación anticipada Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, según reconoce García Ortiz en su misiva, significa que "el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado imponerle la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento". Aunque su "determinación" a renunciar deriva directamente del fallo que le ha sido notificado, el hasta hoy fiscal general afirma tener "el convencimiento de haber servido fielmente a la institución" a la que pertenece "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional". Por ello agrega que "a petición propia" solicita que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato y agradece la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en su nombramiento. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", insiste al final de la misiva. ¿Expulsión de la carrera? Además de haber obligado a su renuncia la inhabilitación por dos años que se le ha impuesto a García Ortiz tendrá otra grave consecuencia para García Ortiz, puesto que obligará a la apertura de un expediente que supondrá su expulsión de la carrera por haber incurrido en delito doloso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños (d), durante una sesión plenaria en la Cámara Baja. / Jesús Hellín - Europa Press Este expediente de expulsión no es cosa del Supremo, pero sí una consecuencia del fallo adoptado por el alto tribunal que correspondería aplicar a la propia Fiscalía, en aplicación del propio Estatuto de la Fiscalía y del Reglamento que regula su funcionamiento. En todo caso, todo está a la espera de un más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional. Mandato polémico El paso por la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz ha estado rodeado de polémica desde que en julio de 2022 sustituyó a la también muy cuestionada desde amplios sectores de la carrera Dolores Delgado, su compañera en la Unión Progresista de Fiscales. Las peticiones de dimisión realizadas principalmente desde asociaciones como la mayoritaria Asociación de Fiscales o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales --que ha ejercido la acusación popular durante el juicio-- fueron reiteradamente desoídas por García Ortiz, incluso cuando el Supremo anunció que le sentaba en el banquillo. Algunas de sus conductas más criticadas, como las relativas al caso Stampa, le enfrentaron en su día con gran parte de la carrera antes de ser fiscal general y la situación fue enconándose tras su cuestionada confirmación como fiscal general por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surgido del 23-J, ya que por primera vez en democracia el número uno de la Fiscalía española no contó con el aval de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial.
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