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Lucas Gonzalez » FMsensacion887
Fecha: 22/11/2025 15:45
La «letra chica» del acuerdo anunciado por la Casa Blanca revela un esquema profundamente asimétrico. Los sectores más afectados y las posibles consecuencias sobre la estructura productiva. Historia repetida. El tratado recuerda textos firmados por Ecuador, Guatemala y El Salvador. Foto: Getty Images La Casa Blanca anunció el 13 de noviembre un «marco con lineamientos para un acuerdo comercial y de inversión recíproco» entre Argentina y Estados Unidos. La difusión del «Framework for a United States-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and Investment» fue presentada por el Gobierno argentino como un hito histórico. Sin embargo, el análisis detallado del documento –y la comparación con la comunicación oficial del Gobierno libertario– revela un esquema profundamente asimétrico en favor de los intereses estadounidenses, con concesiones unilaterales, graves implicancias para la soberanía regulatoria e importantes riesgos económicos para la estructura productiva del país. A pesar de haber sido anunciado como un acuerdo «recíproco», el texto enumera exclusivamente compromisos asumidos por Argentina, mientras que las concesiones de Estados Unidos se describen de manera difusa, condicionada y, en muchos casos, hipotética. «El contraste entre ambas comunicaciones oficiales expone un tratamiento desigual del tema: mientras la Casa Blanca detalla obligaciones específicas, el Gobierno argentino se limita a generalidades y promesas sin sustento verificable», describe un documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El primer elemento que deja en evidencia una lectura rápida del borrador es la asimetría estructural. El documento estadounidense detalla una larga lista de aperturas que Argentina debe realizar en sectores clave: maquinaria, productos químicos, medicamentos, vehículos, dispositivos médicos y una extensa gama de bienes agrícolas. Estados Unidos, en cambio, solo se compromete a «evaluar» la reducción de aranceles sobre bienes no producidos en su territorio y sobre artículos farmacéuticos no patentados. Esto implica un acceso garantizado para bienes estadounidenses y un beneficio marginal y selectivo para los productos argentinos. El sector químico, la maquinaria y los refinados del petróleo representan más de la mitad de las importaciones actuales desde Estados Unidos. Todas estas actividades, altamente competitivas a nivel internacional y con fuerte escala productiva estadounidense, obtendrían ventajas sustanciales bajo un esquema de aranceles reducidos y desregulación técnica. Dilemas y controversias La redacción del acuerdo recuerda, en muchos pasajes, textos firmados por países como Ecuador, Guatemala y El Salvador. La diferencia fundamental es que ninguno de ellos tiene un entramado industrial comparable al argentino. Esto convierte al eventual acuerdo en un riesgo considerable para sectores manufactureros locales, ya golpeados por la pérdida de competitividad y el atraso cambiario. La apertura de bienes de capital, automóviles, medicamentos y maquinaria impactaría de manera directa en ramas como la metalmecánica, la industria farmacéutica, la producción de vehículos, autopartes y equipamiento agrícola, de acuerdo con cifras relevadas por CEPA. Incluso los referentes empresariales que recibieron con entusiasmo la posibilidad de una mayor integración global admiten que habrá «perdedores claros», especialmente en segmentos donde Estados Unidos tiene ventajas tecnológicas y de escala imposibles de igualar. El texto del acuerdo incluye un capítulo orientado a controlar subsidios y restricciones comerciales vinculadas a empresas estatales argentinas. Organismos como YPF, ARSAT o INVAP –estratégicos para la soberanía tecnológica y energética– podrían quedar bajo supervisión o limitación de acciones consideradas «distorsivas» por Washington. Apertura. La industria farmacéutica local sería una de las más perjudicadas. Foto: Horacio Paone El dilema es que Argentina y Estados Unidos son competidores en sectores vitales, especialmente el agro, una circunstancia agravada por la brecha de productividad industrial. La apertura indiscriminada al ingreso de bienes de capital, automóviles y medicamentos generará un impacto negativo automático sobre la industria nacional. «Resulta alarmante que la estructura del marco sea similar a la firmada con El Salvador, Ecuador y Guatemala, países que carecen del desarrollo industrial que posee Argentina», señala en su informe el CEPA. Otro aspecto que señalan como controvertido es el compromiso argentino de adoptar normas técnicas, sanitarias, fitosanitarias y regulatorias de Estados Unidos, incluso en sectores sensibles como autopartes, dispositivos médicos, productos farmacéuticos y alimentos. El aceptar certificaciones de la FDA, la NHTSA o autoridades sanitarias estadounidenses significaría renunciar a la capacidad de regulación soberana en estos rubros. Organismos como ANMAT o SENASA quedarían relegados a funciones mínimas, o directamente sin intervención. Este cambio es incompatible además con compromisos preexistentes de Argentina en el Mercosur, donde la armonización normativa es un pilar esencial. También rompe con estándares multilaterales de la OMC, que prohíben eliminar barreras o tributos de manera discriminatoria para un solo país. El acuerdo también incluye una cláusula preocupante: estabilizar el comercio mundial de soja. En la práctica podría bloquear políticas estratégicas locales como tipos de cambio diferenciales o reducción de retenciones. Argentina quedaría condicionada a no afectar la dinámica global del mercado dominado por Estados Unidos y Brasil. En materia de propiedad intelectual, el acuerdo vuelve a un viejo reclamo de laboratorios multinacionales: endurecer las normas de patentabilidad, lo que perjudicaría de manera grave a la industria farmacéutica local y encarecería el acceso a medicamentos. El acuerdo, además, atraviesa competencias constitucionales sensibles: comercio exterior, aranceles y aprobación de tratados. Todo ello exige intervención del Congreso argentino, pero el Ejecutivo parece encaminarse hacia una estrategia similar a la utilizada con el swap: acuerdos sin debate parlamentario, bajo figuras instrumentales que evitan controles institucionales.
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