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» Solochaco
Fecha: 20/11/2025 14:07
El portal de divulgación científica Periferia, sobre los dichos de la diputada chaqueña Marilú Quiroz —quien volvió a manifestarse “en contra de la vacunación obligatoria”— generó una fuerte controversia pública y reabrió un debate que atraviesa a todo el país, incluida la provincia del Chaco. El artículo original expone la postura de la legisladora del PRO, que no solo se define contraria a la obligatoriedad de las vacunas, sino que, además, participa activamente de espacios antivacunas, algunos de ellos vinculados a organizaciones que cuestionan la evidencia científica y el rol del sistema de salud. La nota del portal presenta duros cuestionamientos a Quiroz, pero lo hace desde una línea editorial que combina opinión con información y que ha sido discutida por especialistas por el modo en que interpela el fenómeno. Desde Chaco, la discusión adquiere otra dimensión. La vacunación es una política pública sostenida durante décadas por todos los gobiernos provinciales y forma parte de los programas obligatorios definidos por el Ministerio de Salud de la Nación. La evidencia científica demuestra que las vacunas son herramientas esenciales para la prevención de enfermedades graves, la reducción de la mortalidad y la protección colectiva, especialmente en zonas vulnerables como gran parte del interior chaqueño. Sin embargo, la circulación de discursos que cuestionan su obligatoriedad y la amplificación mediática de espacios antivacunas obligan a revisar el rol de los medios de comunicación. Informar implica ofrecer datos verificados, contextualizar debates y evitar la propagación de expresiones que puedan generar confusión o desinformación en un tema tan sensible como la salud pública. Más allá del recorte editorial del portal, el eje de la discusión sigue siendo la necesidad de fortalecer campañas de vacunación, garantizar acceso en toda la provincia y sostener estrategias de comunicación claras, basadas en evidencia y respetuosas del debate democrático. Cualquier postura política es legítima; lo que no es opcional es la responsabilidad pública frente al impacto sanitario que pueden provocar los discursos sin respaldo científico. La polémica reflotada por el artículo vuelve a poner al Chaco en el centro de una discusión nacional: el límite entre la libertad de opinión y la necesaria protección de la salud colectiva.
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