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» Primerochaco
Fecha: 19/11/2025 14:40
La situación judicial de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos condenados recientemente por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, continúa agravándose. A los fallos del juicio por jurados se suma ahora un nuevo frente judicial: la Justicia Federal elevó a juicio una causa por lavado de dinero, en la que se investiga un presunto entramado de corrupción, desvío de fondos públicos y maniobras económicas ilícitas encabezado por la pareja. La Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, determinó que los Sena —jefes del movimiento social que llevaba su nombre— habrían puesto en circulación fondos de origen ilícito provenientes de fraudes a la administración pública, especialmente a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, organización que manejaron durante años y que fue financiada casi exclusivamente con dinero del Estado provincial. Según la investigación, la fundación recibió cientos de millones de pesos entre 2015 y 2023 por parte de ministerios provinciales y del IAFEP, organismo recientemente intervenido e investigado por graves irregularidades. La mayor parte de esos fondos era retirada en efectivo por el propio Emerenciano Sena, lo que imposibilitó rastrear el destino final del dinero. El análisis contable reveló además gastos sobrefacturados, aumentos «inverosímiles» de costos y una brecha insalvable entre los montos recibidos y los supuestamente ejecutados. Incluso se detectó un faltante de más de 62 millones de pesos, así como el uso de aportes estatales destinados a viviendas sociales para la compra de vehículos de alta gama. El documento también señala que los Sena acumularon un patrimonio incompatible con sus ingresos formales, compuesto por múltiples vehículos, camiones, inmuebles y viajes al exterior, todos imposibles de justificar con sus sueldos como empleados públicos y con la escasa actividad declarada como contribuyentes. La causa detalla que la Fundación —intervenida y luego disuelta por el Gobierno del Chaco— nunca justificó los fondos entregados para la construcción de 40 viviendas sociales, obras que jamás se concretaron. La maniobra, según la Fiscalía, sería parte de un sistema mayor de desvío de recursos públicos en connivencia con funcionarios provinciales. Mientras las condenas por el crimen de Cecilia Strzyzowski se conocerán el 26 de noviembre, esta nueva causa profundiza la caída judicial de los Sena, que pasaron de liderar uno de los movimientos sociales más influyentes de la provincia a enfrentar múltiples procesos penales por corrupción, lavado de dinero y explotación laboral.
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