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Concordia » Hora Digital
Fecha: 19/11/2025 12:31
La Cámara Federal de Comodoro Py ratificó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros durante su gobierno. Esta decisión habilita la posibilidad de que Fernández sea enviado a juicio oral y público. La Sala II del tribunal también confirmó el procesamiento de Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo del ex mandatario, junto con su esposa María Cantero, quien fue secretaria privada de Fernández, y del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros acusados. Fernández fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según informó el diario Clarín, si el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo consideran que la investigación está concluida, el ex presidente será llevado a juicio oral. El ex mandatario está acusado de haber firmado el decreto 823/21, que establecía que todos los ministerios y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros a través de Nación Seguros. Tras esta medida, el broker Martínez Sosa y sus empresas recibieron el 60% de las comisiones por seguros, que superaron los dos mil millones de pesos. En el fallo, los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun señalaron que “desde que Fernández fue designado presidente, ‘Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.’ –en calidad de productor asesor directo u organizador de otros– percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por ‘Nación Seguros S.A.’ a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales”. Añadieron que este porcentaje representó un incremento significativo en los negocios de Martínez Sosa, que en ese período superaron los 2.250 millones de pesos. El acceso de Martínez Sosa a estos contratos se habría facilitado por su relación con Fernández y porque su esposa, María Cantero, era secretaria privada del entonces presidente. En la causa se analizaron mensajes de WhatsApp entre el matrimonio que hacen referencia a esta situación. En uno de ellos, Cantero le dice a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. ¿Estamos de acuerdo?”. Los jueces Boico e Irurzun destacaron la influencia que ejercieron Martínez Sosa y Cantero: “Sus acciones mantuvieron la lógica que ya había comenzado en los meses previos a la asunción presidencial, ahora utilizando directamente el rol que tenía la segunda en la oficina de presidencia –y, se sospecha, los del entorno que se explicó más arriba– para conseguir reuniones y usufructuar contactos”. El juez Eduardo Farah, en su voto, también apoyó la confirmación del procesamiento de Fernández. Señaló que “las pruebas e indicios revelados en el auto de procesamiento avalan la inferencia de que cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos –casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado–”. Farah profundizó en la relación entre Fernández y Martínez Sosa, indicando que “el estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.” La Cámara rechazó el pedido del fiscal del tribunal, José Agüero Iturbe, quien había solicitado revocar el procesamiento del ex presidente para continuar la investigación debido a que aún quedaban medidas de prueba pendientes. Finalmente, el tribunal confirmó el procesamiento de Fernández y de una veintena de acusados, en su mayoría dueños y directivos de otras empresas de seguros que se beneficiaron con la maniobra, aunque revocó el procesamiento de otros imputados.
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