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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 19/11/2025 12:03
La Fundación CAUCE presentó un amparo judicial ante la falta de respuesta del Gobierno de Entre Ríos a un pedido de información ambiental sobre los proyectos de ampliación de la navegabilidad del río Uruguay y obras vinculadas al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. La Fundación CAUCE presentó un nuevo amparo ambiental luego de que el Gobierno de Entre Ríos no respondiera en tiempo y forma una solicitud de acceso a la información pública presentada el 19 de septiembre. El pedido se realizó a través de una SAIPA y buscaba obtener documentación oficial vinculada a los proyectos para ampliar la navegabilidad del río Uruguay, en el marco de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. La información fue detallada por la propia organización en su sitio institucional. Información ambiental sin respuesta La solicitud incluía documentación clave sobre tres puntos fundamentales: – proyectos para ampliar la navegabilidad aguas arriba y abajo del Complejo Salto Grande, – el estado del proyecto para concluir la esclusa Ayuí u otra alternativa en discusión, – estudios de impacto socioambiental, mecanismos de participación pública y detalles de financiamiento. Desde CAUCE recordaron que no se trata de información pública genérica, sino de un tipo especial de información ambiental que debe regirse por normas específicas a nivel nacional. Además, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú obligan a las autoridades a garantizar transparencia, participación ciudadana y acceso pleno a la información, principios que —según la organización— no se cumplieron en esta instancia. Marco legal y antecedentes La normativa ambiental establece que los Estados provinciales deben brindar este tipo de información en plazos breves y con mecanismos ágiles. La propia jurisprudencia entrerriana ha habilitado la vía del amparo como canal judicial para garantizar derechos cuando las respuestas no llegan o son estériles para el ciudadano. En la publicación, CAUCE remarcó que los gobiernos no pueden negar información ambiental bajo argumentos genéricos de confidencialidad. En caso de datos sensibles, corresponde aplicar técnicas de resguardo documental, como supresiones o disociaciones, sin impedir el acceso público. “Que la democracia ambiental se cumpla” La organización sostuvo que busca garantizar que las obras vinculadas al río Uruguay se desarrollen con transparencia y participación social. La ampliación de la navegabilidad impacta en la economía regional, la dinámica del río, las comunidades costeras y el futuro de Salto Grande, por lo que la Fundación exige que el proceso sea público, abierto y verificable. “El objetivo es que los derechos instrumentales que establece Escazú sean realmente respetados para evitar futuros conflictos y garantizar una verdadera democracia ambiental”, afirmaron.
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