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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 15/11/2025 10:13
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, encabezó la delegación argentina en la presentación anual ante el Comité contra la Tortura. Denunció "reportes falsos" por parte de organizaciones no gubernamentales. La frenética diplomacia libertaria volvió a quedar expuesta en Ginebra, Suiza, mientras en Casa Rosada se celebraba el acuerdo comercial con Estados Unidos. El escenario fue la reunión anual del Comité contra la Tortura, que terminó convertida en un cruce directo entre el Gobierno y los expertos de Naciones Unidas (ONU). El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, encabezó la delegación argentina que debió responder ante críticas sensibles del comité que, semana mediante, se expedirá sobre la situación de los derechos humanos en el país. Si bien el debate giró en torno a la institucionalidad o las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei —como la degradación de la secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, el protocolo Antipiquetes, el excesivo uso de DNUs o la Justicia—, Baños enfocó la "defensa" del gobierno libertario en dos ejes: críticas a las "fuentes" de los expertos y un paralelismo con el capítulo más oscuro de la historia argentina. El tono de su discurso lo marcó su reclamo de una "memoria completa", en relación a la postura que alude a "las otras víctimas" de la violencia política setentista, un discurso que sirvió de catapulta política a varias figuras, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si bien a nivel conceptual no alude a la teoría de los dos demonios (que equipara el terrorismo de estado con las organizaciones armadas), Baños volvió a poner en discusión la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura y, en sintonía con el ideólogo libertario Agustín Laje, la vinculó con "el relato kirchnerista" y casos de corrupción. La "memoria completa": la exposición argentina en el Comité de Tortura En ese contexto, Baños negó que la Argentina hubiera desmantelado políticas de memoria, aportó datos "de acceso público" para sostener sus afirmaciones y cuestionó duramente los informes de organizaciones presentados ante el organismo (con énfasis en el CELS). "No viajamos 12 mil kilómetros desde Buenos Aires para venir con mentiras", dijo el funcionario del ministerio de Justicia frente a los diez especialistas del comité que vela por la prevención de violaciones a los derechos humanos. El funcionario dedicó un tramo central de su intervención a cuestionar la forma en que se construyeron las políticas de memoria desde 2003. Aseguró que el gobierno libertario "mantiene todas las obligaciones" en materia de verdad y justicia, pero desde "una mirada amplia, no sesgada". Ante las consultas, negó que se hubieran cerrado sitios de memoria o abandonando archivos, a pesar de las denuncias de las organizaciones, que incluso derivaron en una cautelar del juez federal Ariel Lijo para que la secretaría dependiente de Baños garantice el adecuado funcionamiento de la ex-ESMA. "Es falso. La Subsecretaría realiza refacciones como no se hicieron en los últimos 20 años. Nunca se cerró el Archivo Nacional de la Memoria o la ESMA". En ese marco, sostuvo que existe un "relato impuesto" que se resiste a revisar el número de desaparecidos, un argumento por el que suele ser tildado de negacionista. "Cuando uno cuestiona el famoso número de desaparecidos, automáticamente cae en el negacionismo", afirmó. Y volvió sobre una idea que Milei y otros funcionarios del Gobierno ya instalaron en la discusión pública: "Vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada ni sesgada", indicó ante los expertos de la ONU el representante del estado argentino, reconocido a nivel internacional por los derechos humanos y el Juicio a las Juntas. En esa línea, Baños enumeró, además, a las víctimas de "las milicias guerrilleras", y aseguró que hubo "más de mil muertos". "No hay monumentos, ni compensaciones, ni juicios para ellos. No hubo memoria, ni averiguación de la verdad ni justicia", dijo, comparando indirectamente con las víctimas del terrorismo de estado. En ese punto, citó a la Corte Penal Internacional (CPI) para afirmar que tales crímenes "son de lesa humanidad" y por tanto "imprescriptibles". De esta forma, dejó entrever otra contradicción de la diplomacia libertaria: apenas un día antes, Argentina volvió a romper la tradición diplomática en la Asamblea General de la ONU al votar en contra de la orden de arresto emitida por el organismo penal contra el aliado de Milei y Trump, Benjamín Netanyahu, por los crímenes cometidos en Gaza. El capítulo político: ONG, lobby y acusaciones cruzadas Desde el inicio de su presentación, Baños apuntó a lo que llamó una "adopción acrítica" de los reportes enviados por organizaciones de derechos humanos que nutrieron al cuestionario del Comité respecto al estado de los derechos humanos en Argentina. "Nos preocupa que algunas situaciones se den por verdaderas. Dicen que tienen reportes, preocupaciones, acceso, sin revelar fuentes ni explicar el origen de la información. Son datos falsos", afirmó en su exposición transmitida en vivo por el canal de la ONU. Según su postura, varios de los documentos citados por los expertos provenían del CELS y "fueron aceptados sin ningún tipo de análisis", lo que fue posteriormente desestimado por el presidente del Comité como por algunos de los comisionados "más duros", como Jorge Contesse. El tono se tensó cuando, al explicar la política gubernamental en materia de decretos de necesidad y urgencia del presidente argentino, Baños preguntó: "No sé si ustedes, miembros del Comité, me están escuchando". Tras unos segundos, siguió su exposición sobre el funcionamiento constitucional de los DNUs. Más adelante insistió en que los comisionados habían reproducido información "inaceptable" y subrayó que "no permitiremos la proliferación de datos falsos". La delegación argentina respondió uno por uno los señalamientos realizados por expertos del Comité y por ONG. Baños negó que la Secretaría de Derechos Humanos hubiera sido "desmantelada" y apuntó contra lo que describió como un "uso partidario” del área en años anteriores. "Se convirtió en una bolsa de trabajo para organismos ideologizados que invadieron todos los estamentos del Estado", afirmó. También desmintió un supuesto freno a las reparaciones económicas. Presentó cifras actualizadas: entre enero de 2024 y hoy, dijo, se concretaron 64 pagos de la Ley 25.914, por un total de $2.759 millones. En un tramo especialmente político de su intervención, Baños aseguró que existe un “lobby" internacional destinado a atacar al gobierno libertario. También acusó a algunas organizaciones de haber hecho “un negocio de la defensa de los derechos humanos” y sostuvo que la justicia ahora “las está cercando por actos de corrupción”. A su juicio, los cuestionamientos internacionales responden a una disputa política interna: "La sociedad eligió un camino distinto. Para ellos, no interesa una memoria, verdad y justicia que no sea conforme al relato impuesto". Protocolo antipiquetes La violencia institucional fue uno de los ejes del cuestionario que debió responder la delegación argentina en Ginebra. La presentación ante el CAT funcionó como una afirmación de la línea política que el Gobierno viene sosteniendo en el plano local. Acompañado por subsecretario de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y Diego Goldman, subsecretario de Asuntos Legales, ambos del riñón de Patricia Bullrich, Baños buscó mostrar un rostro mas amable con el sistema internacional —"pleno compromiso con el Comité contra la Tortura", dijo—, a pesar de que en la práctica Argentina se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y denostó otros eventos multilaterales de alto impacto, como la COP-30. Pero, al mismo tiempo, marcar distancia de las ONG y de los organismos locales que históricamente intervinieron en políticas de memoria. Más allá del despliegue discursivo sobre la "memoria completa", un ancla ideológica del armado libertario, Baños utilizó ese eje para correr el foco de las críticas más sensibles que formularon los expertos: la degradación institucional de la Secretaría de Derechos Humanos —rebajada a subsecretaría y dependiente del Ministerio de Justicia—; el uso extensivo de decretos de necesidad y urgencia desde diciembre de 2023; y la demora en la cobertura de vacantes judiciales clave, incluida la designación de jueces de la Corte Suprema; o el alcance del protocolo Antipiquetes. Esos temas, que estructuraron buena parte del interrogatorio del Comité, quedaron opacados por el contrapunto ideológico. La audiencia continuará con una evaluación del Comité, cuyos informes suelen tener impacto diplomático aunque no carácter vinculante. En un escenario donde los organismos internacionales volvieron a mirar de cerca la situación argentina en materia de derechos humanos, el discurso de Baños deja planteado un interrogante hacia adelante: hasta dónde escalará la confrontación entre el gobierno Milei y el sistema de Naciones Unidas. En diálogo con Perfil, el periodista argentino radicado en Ginebra, Juan Gasparini, recordó que estas audiencias "funcionan como una comparecencia ante un tribunal que te va a juzgar". Explicó que el Comité elaborará ahora un dictamen escrito para determinar si el país cumple o no con la Convención contra la Tortura. "Eso va a ocurrir la semana que viene o la próxima”, dijo. Las comparecencias son públicas, incluyen un resumen oficial preparado por personal de Naciones Unidas y solo se aplican a los Estados que ratificaron el tratado. Gasparini agregó que las ONG del país concernido suelen presentar informes propios —como podrían haber hecho el CELS, Amnistía Internacional o sindicatos— con eventuales pruebas de prácticas de tortura, insumos que los expertos también toman en cuenta para formular observaciones. Fuente: Perfil, Cecilia Degl'Innocenti.
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