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» Diario Cordoba
Fecha: 13/11/2025 03:45
Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le bastó un par de preguntas de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, para negar los hechos por los que se sienta en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel. "No he hecho llegar el correo de 2 de febrero a personas ajenas a la fiscalía", aseguró de forma tajante, tras dirigirse al tribunal para explicar por qué no respondía a ninguna de las acusaciones personadas, entre ellas, la que ejerce el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para declarar, García Ortiz tuvo que abandonar los estrados desde los que ha seguido el juicio junto a su defensa, -ejercida por los abogados del Estado- se quitó la toga y explicó que no iba a contestar a las acusaciones por tres razones, pese a que es "fiscal general del Estado y los fiscales defienden los derechos de los perjudicados en el procedimiento", que en este caso sería González Amador, que ejerce la acusación particular. Lucía Feijoo Viera Aseguró que, pese a ello, "en esta causa, sobre todo, al inicio se han producido unos hechos que le han llevado a pensar una actuación desleal con el tribunal por parte de la acusación particular: la querella que da origen al proceso, en ese inicio se omite un dato fundamental, que de manera unívoca dirige a la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía española, ya que el correo también se envió a otra persona ajena al ministerio público", aseguró, en referencia al que el novio de Díaz Ayuso le hizo llegar al jefe de gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez, y que este facilitó a un grupo de medios para desmentir una información de La Sexta, que era veraz, porque informaba de que la propuesta de pacto partió, como todas, de la defensa. "Ese correo del 12 de marzo por parte del perjudicado se lo entrega a una tercera persona para que haga un uso político del mismo y eso se conoce por la investigación. El tercer dato es que ese perjudicado tiene una entrevista con un periodista sobre su conformidad, y hay un hecho que me atañe personalmente, que es que en la petición de responsabilidad civil, mi perjudicado renuncia a la responsabilidad subsidiaria del Estado, lo que significa que no quiere resarcirse, sino que actúa contra mí", argumentó. A partir de ahí le llegó el turno a la abogacía del Estado, que únicamente dio pie a que García Ortiz, a través de un soliloquio solo interrumpido por asentimientos por parte del letrado, contara cómo se habían producido los hechos por los que está acusado de un delito de revelación de secretos. Lo va haciendo por orden temporal y justifica con ello la actuación de la fiscalía, cuya defensa es la que motivó todos sus movimientos. "Saltan las alarmas" Expone que el 13 de marzo a las 20.50 le llamó la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que desde que es fiscal general no se había puesto en contacto con él "a esas horas" a su teléfono personal para decirle, "aterrada, o al menos, muy preocupada", que Miguel Ángel Rodríguez estaba llamando a periodistas para decirles que la fiscalía había propuesto un pacto a González Amador y que se había retirado por orden de la superioridad. Aseguró que cuando se publica la "extravagante" noticia de El Mundo "saltan las alarmas", porque "es importante, porque es verosímil", está "muy trabajada con elementos que llaman la atención", como "un entrecomillado de un fiscal del que se dice nombre y apellidos". Resulta importante, explica, porque de aceptar que la fiscalía propone un pacto parece que se trata de "una persona especial", por ser pareja de Díaz Ayuso. Todos están de acuerdo en hacer una nota de prensa. "La nota hay que hacerla para responder a una noticia que pone en cuestión la labor de los fiscales de Delitos Económicos" y "quedaba coja, si no se incorporaba lo que ya era de conocimiento público" sin "dar más allá de lo que se había dicho para no perjudicar a un tercero, un investigado por la fiscalía", aseguró. Para negar categóricamente que con sus actos hubiera querido "perjudicar el derecho de defensa de González Amador o su entorno", por lo que incluso se cambió la nota para no mencionar la relación. Desafección Negó que la fiscal Almudena Lastra le reprochara haber filtrado los correos e incluso que le hiciera alguna recomendación sobre el contenido de la nota más allá que iban a "hacer el ridículo por contar cosas que ya están en medios de comunicación". Sostuvo que se siente "preterida" [ignorada] en la carrera y siente "desafección" y "acritud" hacia la Fiscalía General del Estado. En lo que sí le preguntó su defensa fue por sus móviles, que, a diferencia de lo declarado por los investigadores, guardó en una caja. Señaló que en el terminal tenía su información, su "intimidad digital", pero además es "la cabeza de 2.800 fiscales". Por eso borra mensualmente los whatsapps para evitar que consten datos que puedan afectar a terceros, por si olvida, pierde o le hackean el aparato. Añadió que, cuando la UCO entró en su despacho, que consideró "un hecho grave y doloroso", a disposición de los investigadores está su cuenta de gmail. "Saben qué me han pasado las cosas a gmail, a su disposición estaba, que le di las contraseñas", agregó. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", concluyó el fiscal, lo que dio paso a que las acusaciones y defensas elevaran a defintivas sus conclusiones. Este jueves defenderán su petición de pena, que solo ha modificado, para rebajarla, un año, la acusación que ejerce Manos Limpias. La Abogacía del Estado y la fiscalía se mantuvieron en la petición de libre absolución. UCO Previamente, García Ortiz había tenido que oír al jefe de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas, afirmar que “lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”. Asegura que asocian con la filtración a la Fiscalía General del Estado, “porque se compadece con todo lo que tiene la Fiscalía General del Estado”. “Toda esa información, expediente tributario y denuncia, la recibe el viernes por la tarde, pasa un fin de semana y el martes se publica. Lo dice también la fiscal jefa Provincial [Pilar Rodríguez, que comenta que tras estudiarlo, ‘se decide dar publicidad’]. No hay ningún juzgado que esté nombrado que yo sepa. Para nosotros es un precedente bastante claro”.
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